Ya se dijo bastante sobre los efectos catastróficos en la salud que puede llegar a tener la pandemia de coronavirus si no se aplica a tiempo una estrategia efectiva de contención dentro del marco de un Estado de Emergencia.[1]
La economía peruana viene siendo afectada por el impacto recesivo de las medidas anti coronavirus adoptadas en las principales economías del mundo, y por el impacto recesivo de las medidas anti coronavirus del gobierno de Vizcarra. Este doble impacto puede generar un costo económico y social muy elevado, que requiere ser mitigado a tiempo con medidas monetarias, fiscales, laborales, productivas y sociales transitorias atípicas o heterodoxas, para evitar una espiral recesiva imparable, ante una eventual ruptura de la cadena de pagos, el peligro de quiebra masiva de medianas, pequeñas y micro empresas, y una posible crisis de liquidez en el sistema financiero.
Una estrategia de contención efectiva de la epidemia es esencial para minimizar los impactos sanitarios y económicos negativos en el país. La efectividad de una estrategia de contención depende principalmente de su velocidad para ponerse en práctica y de la solvencia del sistema sanitario. Mientras más demora la contención de la inmigración de potenciales enfermos, los esfuerzos tienden a concentrarse más en otras medidas que implican costos económicos mucho más onerosos.
En principio una estrategia de contención efectiva debe contemplar al menos las siguientes medidas: (1) Prevención del contagio importado a través del aislamiento oportuno del país cerrando fronteras, y la contención de la inmigración suspendiendo vuelos de pasajeros provenientes de países infectados o sometiendo a los ingresantes a cuarentena; (2) Aplicar la mayor cantidad de pruebas posibles a personas con síntomas de la enfermedad, para lograr una detección temprana de contagios sintomáticos y no sintomáticos y así estar en condiciones de focalizar el aislamiento social; (3) rastreo de potenciales contagiados entre personas que estuvieron en contacto con los enfermos; (4) aislamiento de los contagiados en ‘hoteles de cuarentena’ para evitar que afecten a sus familiares; y (5) promoción de medidas de higiene, para evitar el contagio.
Cuanto la estrategia de contención falla, los casos de infección comunitaria cobran preponderancia frente a los de casos de contagio importado. La propagación de la enfermedad adquiere un carácter endógeno y todas las vulnerabilidades del país se convierten en gatillos aceleradores; desde las falencias hospitalarias, hasta la insalubridad de los mercados de abastos, la informalidad del empleo, el bajo nivel educativo de la población, etc. Por ello en países en desarrollo la epidemia podría volverse más feroz que en países desarrollados.
Dentro de un escenario en el que la estrategia de contención falla o es débil, se hace inevitable echar a andar una estrategia complementaria de aislamiento social obligatorio, que implica poner en cuarentena a la mayor parte de la población o tomar medidas de inamovilidad muy severas, que eviten la aglomeración de personas.
El impacto económico y social negativo de estas medidas extremas es muy severo, porque implica romper el circuito comercial y productivo y contraer los ingresos de las empresas (sobre todo de pequeñas y micro empresas) y de personas dedicadas a actividades informales de auto empleo, que viven literalmente con lo que ganan en el día.
En el caso de Perú, lamentablemente la estrategia de contención comenzó tarde. El 6 de marzo se supo del primer caso de un aviador peruano que había estado de vacaciones en España, Francia y República Checa, quien contagió a todo su entorno familiar.
En ese instante, o incluso días antes[2], debió restringirse el ingreso de pasajeros e inmigrantes por las fronteras, porque ya se sabía que el país estaba expuesto a que más inmigrantes provenientes de Asia o Europa iban a generar como reguero de pólvora el contagio. No se hizo y recién se tomaron esas medidas restrictivas el día 16 de marzo, luego de 10 días, junto con la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional.
Durante esos 10 días que fueron como 10 siglos para efectos de controlar una pandemia, era evidente que Perú ya tenía un cuadro de contagio comunitario, por lo que se tuvo que aplicar de frente una estrategia de aislamiento social, junto a la estrategia de contención de la enfermedad.
Ciertamente, se trata de decisiones impopulares que difícilmente la población y las empresas pueden digerir y aceptar. Dadas las circunstancias, no cabe duda de que fue mejor haber adoptado esta estrategia radical que haberla postergado. Sin embargo, mejor hubiese sido contener la enfermedad con oportunidad, porque así se hubiese evitado un riesgo de recesión como el que ahora se afronta, de consecuencias económicas y sociales impredecibles.
Hay entonces una enorme responsabilidad del gobierno en echar a andar urgentemente un Plan de Emergencia Económica para evitar situaciones de quiebre masivo de empresas, iliquidez y ruptura de la cadena de pagos, ante el impacto generado por las medidas radicales adoptadas para tratar de controlar la vorágine peruana de la pandemia del coronavirus.
Prácticamente la mitad de la economía del país está paralizada o semi paralizada. No menos del 80% de las empresas están dejando de generar ingresos y de cobrar por sus prestaciones a los sectores público y privado, mientras mantienen sus obligaciones de pago de remuneraciones, impuestos, servicios, etc.
Al menos la mitad de esas empresas no tiene la capacidad de cubrir por más de 15 días el costo de su planilla de trabajadores. Si se extendiera la cuarentena por un plazo mayor su permanencia en el mercado estaría comprometida.
Por todo ello, urge poner en marcha dicho Plan de Emergencia Económica, considerando medidas como las siguientes, que someto a discusión:
1. Para reponerse de la pérdida de ingresos de la actual cuarentena, las pequeñas y micro empresas deberían poder postergar el pago de alquileres, electricidad, agua e impuestos, al menos por un trimestre.
2. Las empresas de sectores muy afectados por la crisis (cines, teatros, restaurantes, hoteles, comercio no alimentario, servicios al público como taxis, gimnasios, etc.) deberían poder reprogramar sus obligaciones tributarias a mediano plazo, con una tasa de interés cero y con un plazo de gracia de 3 meses.
3. El Fondo de Apoyo Empresarial que acaba de crear el gobierno (DU N° 029-2020), destinando S/ 300 millones para garantizar créditos de capital de trabajo, reestructurar y refinanciar deudas de las micro y pequeñas empresas resulta exiguo respecto a la magnitud de la reducción de sus ingresos. Este fondo debería asumir el costo de la reestructuración o refinanciación y debería garantizar créditos dedicados a financiar la planilla de trabajadores, a una tasa 0 de interés. Además, se debe crear un fondo similar para garantizar la reestructuración y refinanciación de deudas de consumo, para personas naturales con negocios.
4. El BCR debería crear una línea de crédito de última instancia de acceso inmediato para entidades financieras que eventualmente afronten problemas de iliquidez ante el deterioro de su cartera originado por las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno contra el COVID-19.
5. El gobierno debería realizar una priorización de los proyectos de inversión de todo el sector público, para liberar recursos que puedan canalizarse a solucionar la contingencia empresarial, para así evitar un colapso masivo de empresas. Hay proyectos como el Aeropuerto de Chinchero, cuya rentabilidad social y económica y cuyo impacto en el ambiente y la sostenibilidad de nuestro patrimonio cultural (Machu Picchu) son muy cuestionables.
6. Los días no laborados durante la cuarentena deberían ser compensados con vacaciones devengadas o con adelanto de vacaciones, para mitigar las pérdidas de las empresas.
7. El costo de Essalud correspondiente a los días de cuarentena deberían ser considerados como crédito fiscal contra los impuestos a generarse en 2020.
8. Urge agilizar el pago de las obligaciones del sector público a las empresas privadas y aplazar por 2 meses el vencimiento de las obligaciones tributarias de marzo que fueron postergadas a la primera semana de abril.
Todos los peruanos de buena voluntad estamos hoy en casa, más unidos que nunca, haciendo un enorme sacrificio para salvar muchas vidas puestas en riesgo por la más peligrosa pandemia que nos ha tocado vivir. Así como el gobierno ha tenido capacidad de reacción para asumir medidas drásticas con tal de controlarla, debería mostrar esa misma capacidad para evitar una posible recesión y el colapso de muchas empresas que son el sostén de millones de familias. ¡Todos somos Perú!
[1] Si todos los países optaran por dejar que el virus se extienda, virtualmente toda la población mundial llegaría a infectarse y las muertes podrían sobrepasar los 200 millones de personas, asumiendo una tasa conservadora de mortandad del 3%, que en la práctica podría llegar a 5%, si se suman las muertes derivadas de la incapacidad de los sistemas de salud para atender emergencias por otras enfermedades, al colapsar ante la enorme demanda de cuidados intensivos generada por los casos graves de infectados por el COVID-19. Para mayor información véase: https://medium.com/@oscarbastidas/el-martillo-y-el-baile-e4e215693086.
[2] Por ejemplo, el 7 de marzo el gobierno de El Salvador prohibió el ingreso de viajeros procedentes o que hayan estado en tránsito en China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia, Alemania y España y, además, decretó una cuarentena de 30 días para todos los nacionales, residentes y diplomáticos. En consecuencia, al día de hoy este país tiene apenas 3 casos de COVID-19. Para esa fecha era absolutamente razonable adoptar el cierre de fronteras, considerando que dichos países mostraban un crecimiento exponencial de contagios y muertes.
