A pocas semanas del cambio de mando, el Ejecutivo solicita un paquete fiscal que compromete cerca de S/ 9,600 millones. La magnitud del gasto, su composición y la escasa prioridad otorgada a la prevención del Fenómeno del Niño abren un debate sobre la oportunidad y sostenibilidad de la medida.

A pocas semanas de la transferencia de mando, el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso el Proyecto de Ley 14799, que propone una expansión presupuestal cercana a los S/ 9,600 millones. El paquete tiene como punto de partida un crédito suplementario de S/ 4,160 millones destinado a financiar inversiones, asegurar la continuidad de servicios públicos y atender diversas obligaciones del Estado, al que se suman recursos provenientes de la emisión de bonos internos, utilidades de FONAFE, mayores ingresos tributarios y otras fuentes de financiamiento.

La magnitud del proyecto, el momento en que se presenta y la composición del gasto lo convierten en uno de los principales temas del debate fiscal. En un contexto marcado por la transición de gobierno, la incertidumbre internacional y la probabilidad de un nuevo episodio del Fenómeno del Niño, resulta pertinente examinar cómo esta expansión presupuestal incide sobre las prioridades del gasto público, la trayectoria del déficit fiscal y los compromisos que asumirá la próxima administración.

Proyecto Ley PL 14799

El Proyecto de Ley 14799 combina diversas fuentes de financiamiento para respaldar la expansión presupuestal propuesta. Además del crédito suplementario, incorpora la emisión de bonos internos, recursos provenientes de las utilidades de FONAFE, mayores ingresos tributarios asociados al incremento de la recaudación y fondos del canon destinados a proyectos de inversión en gobiernos regionales y locales. En conjunto, estas herramientas permiten ampliar el presupuesto, pero también incrementan el gasto efectivo del Estado y elevan las necesidades de financiamiento para el presente ejercicio fiscal. A ello se suma un calendario especialmente exigente: la asignación de recursos a un elevado número de proyectos distribuidos entre gobiernos subnacionales coincide con las últimas semanas de la actual administración, lo que traslada una parte importante de su ejecución y de sus compromisos presupuestales al gobierno entrante.

El presupuesto que realmente ejecuta el Estado

En el debate presupuestal suele tomarse como referencia el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), aprobado cada año por el Congreso. Sin embargo, el monto que finalmente ejecutan las entidades públicas corresponde al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), resultado de los créditos suplementarios, créditos complementarios y otras modificaciones presupuestales aprobadas durante el ejercicio fiscal. Para 2026, el PIA ascendió a S/ 257 mil millones, mientras que, antes de la discusión del Proyecto de Ley 14799, el PIM ya bordeaba los S/ 272 mil millones.

El Proyecto de Ley 14799 ampliaría aún más esa brecha. Aunque el crédito suplementario asciende a S/ 4,160 millones, el conjunto de medidas contempladas en la iniciativa eleva la expansión presupuestal a cerca de S/ 9,600 millones. De aprobarse, el presupuesto efectivo del Estado superaría en más de S/ 25 mil millones al PIA inicial, equivalente a alrededor del 2.5% del PBI y a más del 10% del presupuesto aprobado al inicio del año, magnitud que permite dimensionar el alcance real de la propuesta.

¿Cómo se distribuye el gasto adicional?

La expansión presupuestal propuesta por el Proyecto de Ley 14799 se concentra principalmente en los sectores de educación, salud, defensa, interior, ambiente, energía y minas, comercio exterior y turismo, además de los gobiernos regionales y locales. La mayor asignación corresponde a educación, que recibe más de S/ 600 millones para incrementos remunerativos, sostenibilidad de plazas docentes, infraestructura educativa y diversas acciones orientadas a fortalecer la continuidad del servicio.

El sector salud concentra recursos destinados principalmente a inversiones en establecimientos del primer nivel de atención iniciadas en ejercicios anteriores, mientras que defensa e interior incorporan partidas para el personal del Servicio Militar Acuartelado y para operaciones vinculadas a la seguridad en zonas de frontera. A ello se suman transferencias dirigidas al fortalecimiento de la gestión ambiental, la realización del Censo Nacional de Minería Artesanal y diversos proyectos de promoción turística.

Una parte importante del paquete también se orienta a gobiernos regionales y locales mediante proyectos de infraestructura, transporte, agua y saneamiento, caminos vecinales y obras de continuidad. La distribución de estos recursos alcanza a un elevado número de intervenciones de distinta escala, cuya ejecución dependerá de los procesos de contratación, supervisión y gestión que deberán desarrollarse durante los próximos meses.

Esta composición del gasto adquiere especial relevancia por el momento en que se presenta el proyecto. La cercanía del cambio de gobierno hace que una parte importante de las inversiones y de los compromisos presupuestales quede bajo responsabilidad de la siguiente administración, elemento que conviene considerar al evaluar la oportunidad y la priorización de la propuesta presupuestal.

La calidad del gasto

La composición del gasto propuesta por el Proyecto de Ley 14799 también merece una evaluación desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal. Una parte importante de los recursos se orienta a gasto corriente, particularmente a medidas remunerativas, bonificaciones y otras obligaciones que pasarán a formar parte de los presupuestos de los próximos años. A diferencia de la inversión pública, estos compromisos generan efectos permanentes sobre las finanzas del Estado y reducen el margen de maniobra para responder a nuevas prioridades.

Este aspecto adquiere especial relevancia en el marco de la trayectoria de consolidación fiscal prevista en el Marco Macroeconómico Multianual, que plantea una reducción gradual del déficit hasta alcanzar el 1 % del PBI en 2030. La incorporación de nuevos compromisos recurrentes demanda una evaluación cuidadosa de su impacto sobre el espacio fiscal disponible, especialmente considerando los riesgos asociados al ciclo económico, la volatilidad de los ingresos públicos y la necesidad de atender eventuales emergencias.

La oportunidad del gasto público

El Proyecto de Ley 14799 se presenta en una etapa especialmente sensible del ciclo político y económico. A pocas semanas de la transferencia de mando, la propuesta incorpora una expansión presupuestal de gran magnitud cuyos principales efectos presupuestales y de ejecución recaerán sobre la siguiente administración. Al mismo tiempo, una parte importante de los recursos se distribuye entre numerosos proyectos de inversión de alcance local, cuya ejecución demandará procesos de contratación y supervisión que se extenderán más allá del cierre del actual gobierno. Este contexto hace especialmente relevante la discusión sobre la priorización del gasto y la selección de las intervenciones de mayor impacto.

Entre esas prioridades destaca la preparación frente a un eventual Fenómeno del Niño. Los pronósticos meteorológicos y oceanográficos apuntan a una elevada probabilidad de que el país enfrente un episodio de intensidad moderada o fuerte durante los próximos meses, escenario que incrementa la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. La experiencia acumulada en eventos anteriores muestra que las inversiones en prevención –como la adquisición de maquinaria pesada, equipos de bombeo, puentes modulares y otros recursos para atención de emergencias– permiten reducir significativamente los costos económicos y sociales asociados a lluvias intensas, inundaciones y huaicos.

Desde esta perspectiva, la composición del gasto adquiere una importancia estratégica. Una mayor concentración de recursos en acciones preventivas permitiría fortalecer la resiliencia de la infraestructura, proteger a las poblaciones más expuestas y reducir los costos de reconstrucción posteriores. La evidencia internacional muestra que cada sol destinado a prevención genera ahorros significativamente superiores durante la etapa de recuperación, razón por la cual la asignación presupuestal constituye una oportunidad para reforzar la capacidad del Estado frente a uno de los principales riesgos que enfrenta el país en el corto plazo.

La prioridad del gasto público

La discusión sobre el Proyecto de Ley 14799 trasciende el monto de la expansión presupuestal y se concentra en la asignación de los recursos en un momento de transición de gobierno y de elevada incertidumbre climática. La proximidad de un posible Fenómeno del Niño de intensidad moderada o fuerte convierte a la prevención en una de las principales prioridades del gasto público. En este contexto, una mayor inversión en maquinaria pesada, equipos de bombeo, puentes modulares y otros recursos para la atención de emergencias fortalecería la capacidad de respuesta del Estado, reduciría los costos de reconstrucción y contribuiría a proteger infraestructura crítica y poblaciones vulnerables. La evidencia internacional muestra que la inversión preventiva genera retornos económicos y sociales superiores a los de la reconstrucción posterior, por lo que la composición del gasto adquiere un papel determinante en la eficacia de la política fiscal.

Reflexión final

El Proyecto de Ley 14799 constituye una oportunidad para reflexionar sobre la forma en que se asignan los recursos públicos en un contexto de transición política y de crecientes riesgos económicos y climáticos. La disciplina fiscal no depende únicamente del monto del gasto, sino también de su composición, de la oportunidad de su ejecución y de su capacidad para responder a las principales prioridades del país. En ese sentido, la revisión del proyecto por parte del Congreso resulta clave para asegurar que la expansión presupuestal contribuya efectivamente al fortalecimiento de la capacidad del Estado y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La política presupuestal adquiere mayor valor cuando combina responsabilidad fiscal con una adecuada priorización de las inversiones. Fortalecer la prevención frente al Fenómeno del Niño, preservar el espacio fiscal para la próxima administración y concentrar los recursos en intervenciones de mayor impacto contribuiría a una gestión más eficiente del gasto público y a una mayor capacidad de respuesta frente a los desafíos que el Perú enfrentará en los próximos años.