A punta de audios y videos se viene escribiendo la historia del Perú; a punta de destapes que de cuando en cuando hacen aflorar a la superficie una muestra de miasma. Entonces de cuando en cuando nos enervamos, para enseguida ser apaciguados por la promesa del sacrificio de algún peón o alfil, o incluso hasta del pez más gordo de la mafia dominante, si fuera el caso.
Los peones, alfiles y peces gordos que caen, en última instancia salvan siempre el pellejo. Todo para que el universo de miasma siga intacto y pueda continuar engordando su caudal subterráneo día a día. El Estado elefantiásico y corrupto, y todo el basural del que se alimenta, quedan absolutamente ilesos; siempre ilesos.
Así, es vox populi que Montesinos ha venido pagando su condena más al sol que bajo sombra. ¿Y en qué viene gastando su fortuna mal habida el reo contumaz Toledo? ¿las agendas de Nadine servirán para envolver regalos a los magistrados, al menos? ¿Qué fue de PPK y sus infragantis ministros aficionados al chantaje? Crimen sin castigo en medio del silencio mediático, o algo así, sería el mejor título para esta novela melodramática que es la historia reciente del Perú.
Definitivamente, la tragedia del Perú radica en que su regla de oro es la impunidad. Jueces y fiscales corruptos siempre ha habido y seguirá habiéndolos mientras prosiga el pacto infame del sonido del silencio. Así como siempre habrá informalidad y evasión tributaria mientras el Estado no cumpla cabalmente sus funciones con eficiencia y honestidad.
La mano que cobra impuestos debe ser limpia y consciente de que la extracción de ese erario del bolsillo de cada peruano sólo es legítima en la medida que se gaste de manera honesta y transparente, generando valor a la sociedad en su conjunto.
Según el Rule of Law Index, el Perú alcanza un puntaje de sólo 51 puntos sobre 100 en cuanto a calidad de su sistema judicial y de sus instituciones públicas, mientras que el Foro Económico Mundial ubica al Perú en el puesto 126 a nivel mundial en cuanto al nivel de independencia judicial, situándose entre los países que están en la cola de América Latina (que son Venezuela, Paraguay y Argentina).
El poder judicial debe ser independiente del poder ejecutivo, en primera instancia, pero también debe serlo de las empresas y otros segmentos de poder no gubernamentales. Los jueces deben ser independientes incluso respecto de los altos estamentos del sistema judicial, como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
Para ser independientes, los jueces no pueden ser designados a dedo por el CNM, como ha venido sucediendo en el Perú, sino a través de procesos transparentes de examen, calificación y audiencia pública. En el futuro un organismo técnico especializado en la selección y gestión de recursos humanos calificados, como lo es SERVIR, debería estar encargado de esta tarea.
Otro problema es la creciente indolencia de los jueces, reflejada en fallos apegados a una formalidad que termina resolviendo sin en el fondo resolver nada; sin un sentido de justicia verdadera.
Para los ciudadanos que claman por justicia este problema que de por sí ya es terrible, se convierte en un drama al conjugarse con el cobro de coimas, colusión con los abogados y la pronunciada lentitud de los procesos hasta obtener una sentencia.
Ciertamente, se necesita una reforma profunda del poder judicial. Pero junto a otras reformas que garanticen más Estado de Derecho e imperio de la ley constituido por un conjunto de reglas de juego justas, claras y estables.
Urge sistematizar el orden constitucional y legal, reduciendo en consecuencia el número de leyes, antes que aumentar su número, así como su arbitrariedad, irrelevancia e ineficiencia. Urge transparentar los procesos judiciales, aplicando tecnología de punta.
¿Quiénes deben liderar la reforma del poder judicial? Los mismos jueces de ninguna manera. Está bien que esa responsabilidad recaiga en una comisión, siempre que esté conformada por personalidades independientes de trayectoria sobresaliente e intachable, que aporten con conocimientos multidisciplinarios a la conceptualización, programación y ejecución de esa importante y compleja reforma. Más que un asunto de abogados, la reforma del poder judicial es un reto de carácter económico, logístico, tecnológico, sociológico y de ingeniería política.
