No es extraño ver en nuestro país que desde hace años se vive una crisis de autoridad, frente a disturbios sociales que se desbordan, causando no sólo daños materiales a las comunidades sino víctimas humanas, siempre dolorosas. Lamentablemente es un patrón que ha sido trasversal a los últimos gobiernos del presente siglo, no hacer prevalecer el principio de autoridad, el cual conlleva a mayor caos y manipulación por ciertos grupos de intereses particulares, que influyen negativamente sobre una población, generalmente inculta e indignada por ser siempre marginados, no sintiéndose parte de nuestro país.
Lo más penoso es que desde el Arequipazo en el 2002, Baguazo 2009 , Conga y Tía María, en el presente gobierno, se continúa con esa falta de liderazgo para poder centrarse en anticiparse a esos focos incendiarios, por medio de la prevención de conflictos, identificando los intereses de los stakeholders cada día, buscando permanentemente el diálogo, donde el Servicio de Inteligencia Nacional debe tener un rol protagónico, conjuntamente con las oficinas de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y las respectivas autoridades y comunidad empresarial. Pero al parecer estas coordinaciones constantes, y de sentido común, no son parte de la agenda de ningún gobierno, sólo se trabaja la “cultura del bombero”, estar apagando incendios y perdiendo legitimidad como gobierno ante la población.
¿Pero qué pasa con los manifestantes que asesinan y dañan la propiedad privada y pública?, la respuesta es nada. Así como no pasa nada con muchas de las acciones delincuenciales que vivimos, que frente a un hecho delictivo, los jueces y fiscales no actúan con prolijidad y aplomo, haciendo respetar las leyes a cabalidad. Ejemplos hay muchos, solo por nombrar algunos extremos desde un simple delincuente que roba y lo dejan libre a las horas, pasando por pruebas tangibles de actos de corrupción en diversas instituciones del Estado, en especial en la PNP, hasta asesinatos que quedan impune, como los que he manifestado en el párrafo anterior. Generando una lectura en la ciudadanía que aquí la IMPUNIDAD es la que prevalece, es la que rige nuestra comunidad y modus operanti.
La impunidad ataca la fibra más sensible de un pueblo, su credibilidad en las instituciones del Estado. Emergiendo un desánimo generalizado para ni siquiera denunciar, porque al final más es el trámite y el tiempo perdido porque todo acabará a favor del delincuente, la impunidad es su gran defensora. Creándose un circulo vicioso que nos denigra como sociedad y cosecharemos una real selva de cemento, donde el hacer justicia con sus propias manos será la opción de muchas comunidades, porque el Estado realmente no cumple su rol fundamental, el de darnos seguridad y justicia. Aunque suene apocalíptico, es algo que ya se está viendo en muchas ciudades del Perú.
