El grupo de trabajo encargado del cierre de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) acordó disponer el cese definitivo de diversos órganos de esa institución, incluyendo el Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu). De esa manera, el Ministerio de Educación (Minedu) advierte que el ejercicio indebido de las funciones generará responsabilidad civil, penal y/o administrativa. El grupo acordó cesar las funciones del pleno de la ANR, de su comisión de Coordinación Interuniversitaria, del Fondo Editorial, de la Oficina de Comunicaciones, de los comités consultivos de desarrollo universitario, comités especiales, consejos regionales interuniversitarios, así como del Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios (Codacun).
Incluye en la lista a las direcciones generales de Desarrollo Académico, de Investigación Universitaria, de Calidad Universitaria, de Relaciones Internacionales y Cooperación así como de Universidad y Empresa. Señalan que esta decisión fue adoptada en concordancia con la Séptima Disposición Complementaria Transitoria de la norma (Ley N° 30220) y la Resolución Ministerial N° 354-2014-MINEDU que facultan al grupo de trabajo a limitar progresivamente, mediante acuerdo, las funciones de la ANR. Refieren que conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional N° 017-2008-PI y N° 019-2011-PI, el Conafu no se encuentra autorizado a funcionar incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, la cual derogó su norma de creación. Por lo tanto, el acuerdo del grupo de trabajo de cesar sus funciones reafirma esos mandatos legales.
De otra parte, el grupo ha adoptado medidas administrativas respecto al cierre presupuestal de la ANR. Así, en el tiempo que le queda antes de su extinción, contará con recursos solo para cumplir con los compromisos presupuestales ya adquiridos, quedando imposibilitada de asumir nuevos gastos. Estas acciones forman parte de una ruta claramente establecida por el Grupo de Trabajo para cumplir con la Ley Universitaria en el marco de la Reforma de la Educación Superior Universitaria emprendida por el Ministerio de Educación para asegurar la calidad del servicio educativo.