Productividad, reformas y el desafío de un país dividido

La polarización electoral refleja fracturas económicas y territoriales más profundas. El reto del próximo gobierno será convertir esa realidad en una oportunidad para impulsar productividad, integración social y reformas institucionales capaces de romper la trampa de la pobreza.

Los resultados de las elecciones presidenciales han vuelto a poner de manifiesto una fractura que atraviesa al país de norte a sur. El mapa electoral refleja, en buena medida, la geografía de la desigualdad: las regiones con mayores niveles de pobreza –especialmente en la sierra y la selva– expresaron prioridades y demandas distintas a las de las zonas urbanas más integradas y con mayor acceso a servicios. Detrás de esa polarización política subyacen brechas económicas, territoriales y culturales acumuladas durante décadas. Cerca del 30% de los peruanos continúa atrapado en actividades de baja productividad y escasas oportunidades de progreso. El principal desafío del próximo gobierno consiste, por tanto, en incorporar a ese segmento de la población a una dinámica de crecimiento capaz de traducirse en mayor integración y prosperidad.

Durante las últimas décadas, las políticas de transferencias y asistencia social han permitido aliviar carencias inmediatas y mejorar la protección de los hogares más vulnerables. Sin embargo, la consolidación de una reducción duradera de la pobreza requiere ampliar las oportunidades económicas y elevar la productividad. Ello supone facilitar el acceso al capital, la tecnología y el conocimiento, de modo que más personas puedan generar ingresos de manera sostenida. En última instancia, el aumento del bienestar depende de la capacidad de transformar las condiciones de producción y ampliar las posibilidades de progreso de millones de peruanos.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué tipo de acción puede elevar la productividad de ese 30% de peruanos que hoy permanece al margen del crecimiento porque nunca recibió el capital, la tecnología ni el acompañamiento necesarios para producir más? La historia económica ofrece una pista sugerente. En 1933, en medio de la Gran Depresión, John Maynard Keynes escribió una de las cartas más célebres del siglo XX a Franklin D. Roosevelt. En ella le advertía que las reformas estructurales eran necesarias, pero que el país no podía esperar a que estas maduraran para empezar a recuperarse. Sin resultados visibles y sin una mejora tangible de las condiciones de vida, la frustración social podía profundizar la crisis y erosionar el apoyo político necesario para emprender cambios más ambiciosos. La respuesta de Roosevelt fue el New Deal, un conjunto de programas que combinó acción inmediata y transformación institucional. La lógica subyacente era sencilla: mientras se construían las bases del futuro, había que generar empleo, movilizar recursos y devolver la confianza a la población. Casi un siglo después, el Perú enfrenta un desafío distinto, pero no del todo ajeno. La reducción de la pobreza y la integración de millones de peruanos al crecimiento requieren reformas de largo plazo, pero también un impulso capaz de producir resultados visibles y crear las condiciones políticas y sociales para sostenerlas.

Ese gran impulso productivo debería comenzar por lo esencial: ampliar el acceso al capital físico y a la infraestructura que hoy limita la productividad. Sistemas de riego, reservorios, siembra y cosecha de agua, fertilizantes, semillas mejoradas, caminos vecinales, centros de acopio, maquinaria y crédito. Pero los activos físicos, por sí solos, no bastan. La productividad también depende del conocimiento, la organización y la confianza. Por ello, la asistencia técnica y el trabajo de extensionistas y promotores capaces de acompañar a los productores resultan tan importantes como la inversión material.

Un programa de esta magnitud exige mecanismos de financiamiento sostenibles. En ese contexto, la reforestación de la sierra y la selva y la renovación integral de los asentamientos humanos representan oportunidades largamente subestimadas. La primera genera madera, servicios ambientales y empleo; la segunda permite transformar barrios precarios en activos urbanos de mayor valor. En ambos casos, la creación de riqueza puede convertirse en el sustento del propio proceso de transformación.

Sin embargo, la pobreza en el Perú no es únicamente una cuestión de ingresos. También expresa una fractura territorial, cultural y social. Las integración de las comunidades históricamente excluidas es condición para la construcción de una nación más cohesionada. Esa integración requiere movilización social y la creación de espacios donde jóvenes de distintos orígenes puedan trabajar juntos en objetivos compartidos. La experiencia de los Civilian Conservation Corps impulsados por Roosevelt ofrece una referencia valiosa. Un equivalente peruano podría adoptar la forma de un Servicio Civil de Conservación, con campamentos distribuidos en todo el territorio y dedicados a tareas de reforestación, infraestructura hídrica y renovación urbana. Además de generar empleo y capacitación, estos programas podrían convertirse en instrumentos de integración social y en el motor humano de un gran esfuerzo de transformación productiva.

Nada de esto sustituye las reformas estructurales que el país necesita. Un impulso productivo puede abrir una ventana de oportunidad, pero solo una agenda de cambios institucionales permitirá consolidar sus resultados. La historia muestra que las grandes transformaciones no se producen espontáneamente: requieren una combinación de acción inmediata y reformas de largo plazo. Ese equilibrio es, probablemente, el principal desafío del próximo gobierno.

Reformar los incentivos para crecer y formalizar

La sostenibilidad de un gran impulso productivo exige repensar el sistema tributario y de protección social. Más que aumentar la recaudación, el desafío consiste en crear reglas que favorezcan la formalización, promuevan la reinversión y garanticen mecanismos de protección más inclusivos. Ello implica revisar los actuales esquemas de contribuciones a pensiones y salud, así como la tributación de empresas y personas, con el objetivo de reducir las barreras a la formalización y estimular la generación de empleo y productividad.

Al mismo tiempo, resulta necesario simplificar un sistema caracterizado por regímenes especiales y exoneraciones que reducen la base tributaria y distorsionan la asignación de recursos. Una reforma de esta naturaleza también debería fortalecer la institucionalidad fiscal mediante una distribución más eficiente de los recursos del canon, la creación de un Fondo Soberano de Riqueza y una SUNAT dotada de mayor autonomía y profesionalismo. En última instancia, un sistema tributario más simple, transparente y orientado al crecimiento constituye una condición indispensable para sostener el desarrollo de largo plazo.

Construir un Estado más profesional y orientado a resultados

El crecimiento y la reducción de la pobreza requieren un Estado capaz de ejecutar políticas públicas con eficacia y continuidad. Para ello, resulta indispensable superar la fragmentación institucional, simplificar procesos y fortalecer las capacidades de gestión. Más que ampliar la estructura estatal, el desafío consiste en construir instituciones capaces de traducir las prioridades nacionales en resultados concretos. Ello exige avanzar hacia un servicio público más profesional y meritocrático, donde el ingreso, la permanencia y la promoción dependan del desempeño y las competencias, y no de los ciclos políticos. Solo una administración pública estable, técnicamente sólida y orientada al largo plazo podrá reducir los espacios para la corrupción y sostener una agenda de desarrollo de manera consistente.

Fortalecer la justicia y la confianza institucional

El crecimiento económico y la inversión requieren instituciones capaces de ofrecer reglas previsibles y mecanismos eficaces de resolución de conflictos. Por ello, resulta indispensable fortalecer la independencia, la transparencia y la calidad del sistema judicial, reduciendo los espacios de discrecionalidad y reforzando los mecanismos de control y rendición de cuentas. Asimismo, el acceso a la carrera judicial debería sustentarse en criterios estrictos de mérito y formación, con el objetivo de consolidar una magistratura más profesional y confiable.

Profundizar la inclusión financiera y la competencia

El desarrollo de largo plazo exige un sistema financiero más profundo, competitivo e inclusivo, capaz de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva y de acercar el crédito formal a trabajadores independientes, emprendedores y pequeñas empresas. La prioridad no consiste únicamente en ampliar el acceso a cuentas bancarias, sino en facilitar el uso efectivo de instrumentos de ahorro, financiamiento, seguros y medios de pago que permitan elevar la productividad y fortalecer la acumulación patrimonial de las familias.

Para ello, resulta indispensable aprovechar los avances tecnológicos y promover una mayor competencia en el sistema financiero. La expansión de la banca digital, las billeteras electrónicas interoperables, las plataformas fintech y los nuevos mecanismos de financiamiento pueden contribuir a reducir costos de transacción, mejorar las condiciones de acceso al crédito y ofrecer mejores alternativas tanto para los pequeños ahorristas como para quienes necesitan financiamiento para invertir y crecer. Un sistema financiero más dinámico y eficiente constituye una pieza fundamental de una estrategia de desarrollo orientada a ampliar las oportunidades económicas y sostener el crecimiento de largo plazo.

El fortalecimiento del sistema financiero también requiere ampliar los mecanismos que permiten transformar activos y flujos futuros en fuentes efectivas de financiamiento. El desarrollo de las garantías mobiliarias, el factoring, el leasing, los microseguros y los fondos de garantía puede facilitar el acceso al crédito de agricultores, emprendedores y pequeñas empresas. Del mismo modo, un mercado de capitales más profundo y descentralizado contribuiría a conectar el ahorro de largo plazo con las necesidades de inversión en infraestructura, vivienda, reforestación y modernización productiva.

Estas reformas son las condiciones que permitirían sostenerlo en el tiempo. Sin una base tributaria más eficiente, un Estado profesional, una justicia confiable y un sistema financiero más inclusivo, cualquier impulso productivo corre el riesgo de agotarse prematuramente. Con instituciones más sólidas, en cambio, el Perú podría transformar una respuesta urgente frente a la pobreza y la polarización en una estrategia duradera de crecimiento e integración nacional.