Jorge Chávez Álvarez
Estrategia para la competitividad

Desafíos de la Ministra de Economía

¿Cómo evitar que la economía siga desacelerándose? El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha puesto activo dando decretos de urgencia, aunque hasta ahora se trata de medidas que no rozan la problemática de fondo de la falta de inversión pública y privada de calidad.

En principio, sin ningún esfuerzo extra, en el cuarto trimestre la economía debe mejorar, porque hay sectores que van a recuperarse. La segunda temporada de pesca sería mejor que la del año pasado y eso hará que ese sector crezca 26% en el cuarto trimestre, revirtiendo el -23,4% de los tres primeros trimestres. Esto favorecerá a la actividad industrial, que crecerá 3,9% en el cuarto trimestre, en contraste con el -1,9% que observó en los tres primeros trimestres. La agricultura también crecería 4,9% en el cuarto trimestre; por encima del 2,6% del resto del año.

MAXIMIXE estima que el sector de Minería e Hidrocarburos avanzará en el cuarto trimestre alrededor de 8%, muy por encima del 1,6% de los tres primeros trimestres, porque la producción de cobre está evolucionando bien, a pesar de que el oro viene en declive por las menores leyes de los yacimientos en explotación.

Por ello, lo más probable es que el PBI global crezca 2,7%, mientras que para 2020 MAXIMIXE proyecta una tasa de 3%.

La incertidumbre política medida a través del índice de expectativas empresariales –que ha escalado muchísimo en los últimos meses– ya tocó piso, porque tras la disolución del Congreso el escenario político se torna cada vez más claro. Si bien aún hay riesgo de que el Tribunal Constitucional (TC) cambie este escenario, ello es poco probable.

La nueva ministra, María Antonieta Alva, ha anunciado que su gestión tendrá como pilares al Plan de Infraestructura y al Plan de Competitividad y Productividad que dejó el ex ministro Carlos Oliva. Sin embargo, estos instrumentos no cuentan con objetivos y metas sistematizados a través de un marco lógico e indicadores de impacto. Ambos requieren una revisión rigurosa urgente para evitar la dilapidación de los recursos del Estado.

La dilapidación de recursos fiscales es un riesgo latente cuando comienzan a hacerse anuncios que caen bien a las tribunas, pero que ni siquiera han sido debidamente evaluados. Es el caso del ofrecimiento del presidente Vizcarra realizado el 28 de julio último, de ampliar el SIS a 4 millones de personas.

Su apuesta es hacer que “hacia el Bicentenario” todo peruano tenga acceso a la salud. Suena muy bonito, sobre todo si en el Bicentenario ya estará instalado un nuevo gobierno. Sin embargo, ni Vizcarra ni su ministra de economía calcularon cuánto costará esta promesa y cómo se financiará, antes de su anuncio, como la propia ministra lo reconoció en entrevista al diario El Comercio (domingo 3 de noviembre). Para financiar un SIS verdadero tendría que aplicarse un plan de austeridad y de reforma del Estado, que permita liberar recursos deficientemente gastados para solucionar de veras los problemas de salud de la población.

Más allá del deterioro del entorno económico global, la desaceleración que padece la economía peruana obedece a la parálisis de muchos proyectos de inversión ejecutables, sea por asociaciones público-privadas (APPs), por obra pública o por inversión privada sujeta a licencia social.

Las inversiones vía APPs están atrofiadas por efecto de la corrupción que involucra a las empresas del “Club de la Construcción”, a buena parte de la clase política, poder judicial, estudios de abogados, árbitros, etc. A ello se añade la descomposición del sistema de inversión pública y el debilitamiento de Proinversión durante el gobierno de PPK.

Los proyectos de inversión ejecutables por obra pública vienen siendo afectados por una baja capacidad de gestión del gobierno a nivel nacional, regional y local, motivada principalmente por una volátil permanencia de autoridades rodeadas de cuadros poco preparados en gestión pública.

Los proyectos de inversión privada sujetos a licencia social vienen siendo paralizados tanto debido a una creciente conflictividad social derivada de la creciente burocratización y ambigüedad del proceso de obtención de la licencia social por parte del gobierno, como por un sesgo de las propias empresas a cumplir sólo formalmente con los hitos del proceso, sin preocuparse por el nivel de comprensión, convicción y compromiso alcanzado con la población.

El Decreto de Urgencia 004-2019 dado el 17 de octubre hizo una mera reasignación de recursos presupuestales a la hora undécima, pasándolos de sectores con bajo nivel de ejecución, que ahora aparecen con un nivel de ejecución presupuestal mayor entre 1 y 5 puntos porcentuales, a los ministerios de vivienda (bonos hipotecarios), educación (mantenimiento de colegios) y mujer (compras a Mypes en IBNIF).

Luego el Decreto de Urgencia 008 dado el 31 de octubre adoptó una propuesta de la Contraloría para destrabar las obras públicas paralizadas que tienen un nivel de avance igual o mayor al 50% y están a cargo de entidades del gobierno nacional y los gobiernos regionales.

El MEF estima 867 obras en esa situación que podrían destrabarse, al permitir que la entidad pueda proponerle al contratista continuar con la ejecución de la obra, asumiendo su aceptación a las modificaciones contractuales a que hubiere lugar a partir de un informe de su situación.

En caso de no aceptación por parte del contratista, la entidad podrá resolver el contrato. Suena bonito, pero su aplicación práctica será harto complicada, sobre todo si los informes de situación de las obras no están bien hechos y el contratista sintiera que las modificaciones contractuales no son justas.

Sólo en octubre hubo en el MEF S/ 3,363 millones con conformidad de pago pendientes de ser transferidos a los proveedores y otros S/ 6,004 millones[1] en espera de conformidad que mantienen en desasosiego a miles de proveedores, en plena época de vacas flacas.

Sería bueno que el MEF se concentre en un número acotado de obras grandes, en lugar de desgastarse en las minucias. Sería bueno también que la ministra ponga en orden su propia casa y agilice el giro de devengados y que ponga disciplina de cumplimiento en la programación de la conformidad y el pago de cada mes.

Finalmente, los proyectos de inversión que requieren de licencia social estarían sujetos a mucha menor conflictividad social si las empresas mineras adoptaran una estrategia de inversión sustentada en una visión de desarrollo consensuada con el gobierno regional y los gobiernos locales, que garantice el desarrollo armónico de la minería con la agricultura, plantaciones forestales y circuitos turísticos.

 


[1] Durán, Eloy (01/11/19), “¿Y las medidas, pa’ cuándo?. Website de Propuesta país.

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