Las últimas semanas han sido las más duras que ha afrontado el gobierno de PPK. Un gobierno que arrancó cargando la cruz de una oposición recalcitrante en el Congreso, aunque sobre los rieles de una rutilante imagen que en las esferas empresariales internacionales y nacionales mantenía el novel presidente. Es así que el nivel de aprobación presidencial en septiembre del 2016 llegó a 62%.
Sin embargo, conforme se fue cerrando el año fue desvaneciéndose el carácter recalcitrante de la oposición fujimorista, mientras que el gobierno fue mostrando que su plan de gobierno no había tenido suficiente claridad y contundencia, al menos en tres frentes: política económica, seguridad ciudadana y lucha anti-corrupción. En el frente económico, la partitura de la reducción del IGV y el impuesto a la renta con el objetivo de reducir la informalidad, fue abandonada. En su reemplazo se introdujo una modificación del régimen tributario para las MYPES, que saca del régimen RUS a las empresas de mayores ingresos, pasándolas a un nuevo régimen en el que deberán pagar impuesto a la renta (10% hasta 15 UITs y 29,5% por encima de ese límite) e IGV en una magnitud cercana al doble de lo que venían pagando al fisco. La consecuencia de esta medida será incentivar la informalidad. En el paquete de decretos legislativos hay medidas que pretenden eliminar trabas a la inversión, pero que no generarán mayor impacto, porque mantienen el estatus quo de un Estado burocrátizado y descoordinado.
En cuanto a la seguridad ciudadana, se han tomado medidas principalmente de carácter incrementalista: Más recompensas, más operativos, más patrullaje combinado entre policía y serenazgo, más patrulleros con más GPSs, más efectivos en las comisarías, etc. La mejor medida es el programa Barrio Seguro, que combina acciones sociales, educativas, culturales y de seguridad ciudadana participativa, aunque requeriría de mucho más recursos y mejor implementación. Más importante: falta un sistema de gestión integral sustentado en indicadores y un sistema de monitoreo en tiempo real del accionar y movimiento de las redes delincuenciales.
El frente de la lucha anti-corrupción es ya el más delicado, porque ante la avalancha de evidencias de las últimas semanas divulgadas por las cortes de Estados Unidos y Brasil, y que comprometen a autoridades y funcionarios de tres gobiernos del Perú en actos de corrupción y recepción de sobornos de parte de Odebretch, Camargo Correa y otras empresas constructoras brasileras, el gobierno no ha atinado a tomar el toro por las astas. La semana pasada, con ocasión del III Gabinete Binacional Perú-Colombia, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dejó pasar una oportunidad de oro para sentar una posición de liderazgo en la lucha anti-corrupción, anunciando de qué manera su gobierno colaborará con la fiscalía y el poder judicial para castigar a los corruptos y erradicar la corrupción. En vez de ello, PPK lanzó un mensaje en sentido inverso: “Es muy importante que América Latina voltee la página y no esté metida en estos líos ni pillerías que estamos viendo hoy”. Luego PPK también ha dicho “no todo lo que ha hecho Odebretch en el Perú es corrupto”. Así también -en aparente contradicción con lo anterior- dijo “Odebretch tiene que irse del país”. Odebretch, en cambio, pretende quedarse y ha condicionado su colaboración con la justicia peruana entregando nombres de coimeros, cuentas y montos de sobornos, a que el Perú le siga permitiendo operar.
De otro lado, la inminente firma de una adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, por el cual la concesionaria -Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A.- trasladaría el riesgo de financiamiento al Estado peruano, convertiría a éste en el principal financista del proyecto al asumir el 80% del costo de la obra, en vez del 29% pactado originalmente. Osea, el consorcio a cargo de la concesión aparentemente no tiene ni disposición ni capacidad para invertir lo que se comprometió al firmar el contrato. Dicho consorcio está conformado por Corporación América de Argentina y Andino Investment Holding de Perú. La gerenta de asuntos corporativos de este holding es nada menos que Ximena Zavala, hermana del premier Fernando Zavala. Ha trascendido a través de los medios que Patricia Teullet (ex-viceministra cuando PPK era ministro de economía) es la vocera de dicho consorcio, asignada por Newlink Perú, empresa dedicada a la gestión de intereses y que tiene como socias a Cecilia Blume (ex-jefa de asesores cuando PPK era ministro de economía) y Carolina Castilla, hermana del ex-ministro de economía, Luis Miguel Castilla.
En estas circunstancias no es de extrañar que la imagen de PPK haya sufrido merma, bajando 11 puntos en enero, situándose en apenas 35%. Indudablemente nuestro presidente tiene una pesada mochila que cargar en los siguientes meses, y sería bueno que busque descargarla haciendo cambios fundamentales para devolverle al país la confianza. Si ante tales circunstancias hubiera que voltear una página, esa sería la página del borrón y cuenta nueva; la página de la impunidad; y la página del business&politics.
