Se estima que el sector pesquero peruano ocupa a 224, 814 (*) personas de acuerdo al siguiente detalle:
Consumo Humano Indirecto 29, 655
Consumo Humano Directo 195, 159 (pescadores 55, 442; trabajadores de la industria 37, 736; distribución y comercialización 101, 981)
TOTAL 224, 814
Significa que 224, 814 personas reciben beneficios directos de la renta económica que genera la pesca.
Siete empresas concentran el 56.61% del total de exportaciones pesqueras nacionales.
Cuatro empresas concentran el 52.68% de las exportaciones de Consumo Humano Indirecto.
Veinticinco empresas concentran el 60.11% de las exportaciones de Consumo Humano Directo.
El país tiene aproximadamente 30´475, 000 de habitantes. Solamente el 0.74% de la población recibe beneficios directos generados por un recurso natural que, constitucionalmente, pertenece a todos los peruanos. Los 30´250, 186 ciudadanos que no forman parte del negocio pesquero, pero que son los propietarios del recurso, participan de la renta económica a través del pago de impuestos y derechos de pesca que son recaudados por el Estado. Parte de estos ingresos generan un canon pesquero reducido y que necesita una reestructuración. Estos pagos son bajos e injustos en relación al volumen de dinero que moviliza el negocio pesquero, como se aprecia en la página 17. Tampoco tienen acceso a pescado abundante y barato, existiendo zonas del país sin un abastecimiento contínuo y adecuado de productos pesqueros. Las poblaciones costeras que existen en las inmediaciones, tienen que soportar contaminación del aire y del mar.
Sumado a lo anterior la contaminación producida por el sector y el impacto que produce sobre el ecosistema, la situación debería ser preocupante para la ciudadanía peruana que no participa directamente en la pesca.
La normatividad laxa que rige en el sector, la falta de contabilización de los pasivos ambientales y la contaminación, configuran una situación que exige un cambio. El cambio debe nacer de una reforma estructural del sector y no solamente de medidas aisladas, las cuales generan rechazo de los administrados que organizan su defensa en forma muy eficaz. El Estado no defiende sus intentos de introducir cambios con la misma eficacia que los administrados. Tampoco está actuando sobre temas de fondo
La pesquería, con características similares a la minería por el hecho de explotar recursos naturales y generar contaminación, no puede ser tratada como cualquier otra industria. La Nación es la propietaria de dichos recursos y hay un impacto ambiental que obliga a participar a la ciudadanía peruana.
La democracia se enriquece y legitima con concertación y negociación para el dictado de normas; pero no solamente con los administrados. En el caso pesquero peruano, la ciudadanía no relacionada directamente con la pesca merece presencia en la toma de decisiones a fin de defender su derecho a cero contaminación e inclusión en la renta económica del negocio pesquero con equidad.
