Como muestra la nota que puede apreciarse AQUÍ, la efectividad de la OROP del Pacífico Sur en cuanto a la protección de la sostenibilidad de la pota, es cuestionable y censurable.
Alfonso Miranda denunció que hay 631 embarcaciones chinas que estarían pescando irregularmente Calamar Gigante en el Pacífico Sur, perjudicando a Perú, Ecuador y Chile.
Lo que esto nos muestra, es que existen organizaciones internacionales de mucha presencia mediática y elaboradas reuniones de discusiones y debates; pero de poca efectividad a la hora de tomar medidas prácticas, que aunque tampoco son realmente vinculantes, por lo menos justificarían su existencia.
En términos prácticos y reales, lo que las flotas pesqueras hagan o dejen de hacer en aguas internacionales, es imposible de controlar. Las declaraciones y acuerdos de este tipo de organizaciones carecen de mecanismos de control que permitan obligarlas a dar cumplimiento a lo que acuerdan. Pero el asunto se agrava cuando ni siquiera se atreven a acordar medidas de control y apoyo a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, aunque fuesen solo declaraciones líricas, como la pota en este caso.
En consecuencia, la participación de Perú en esta organización ¿Qué sentido tiene? Le genera gastos anuales que se pagan con los impuestos de todos los peruanos contra resultados pobres o inexistentes en cuanto a la protección de los recursos pesqueros de interés para el país.
Mucha diplomacia y política, tan inútil como el acuerdo de Múnich en 1938, en el cual el primer ministro británico se reunió con Hitler y otros líderes y firmaron un acuerdo que eliminaba la amenaza inminente y permitía a Hitler anexar partes de Checoslovaquia. Dijo que el acuerdo era «simbólico del deseo de nuestros dos pueblos de nunca más volver a la guerra». Dijo también que prometía «paz para nuestro tiempo». Este optimismo duró poco, ya que el Acuerdo de Múnich se rompió en un año y Gran Bretaña entró en guerra por la invasión nazi de Polonia.
La mejor y probablemente más efectiva medida que pueda tomar el Perú o cualquier estado ribereño para protegerse de la voracidad de las flotas pesqueras extranjeras, es la negación total de cualquier tipo de servicio portuario a estas naves. Ni para avituallamiento, ni para mantenimiento ni para desembarque o transbordo. Medida que por cierto sería objetada o criticada por las empresas nacionales que brindan este tipo de servicios y por una cancillería tradicional. Pero ¿acaso el interés nacional no es prioritario y superior a las ganancias de unas cuantas empresas, sean pública o privadas?
Un complemento importante es la decidida acción de la Marina de Guerra que impida el ingreso de estas naves al dominio marítimo peruano. Pero tiene que ser efectiva, tal como ocurre en otros países como Argentina e Indonesia. Un patrullaje tibio y eventual o circunscrito a áreas específicas es insuficiente.
Se requiere de voluntad y decisión política para enfrentar con eficacia el reto de asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros en beneficio del país, más allá de los intereses de parte.
