Los años 2021 y 2022 fueron de recaudación tributaria excepcional, debido al rebote de la economía después de la pandemia y a los elevados precios del cobre y el petróleo. Como resultado, el gobierno pudo reducir el déficit fiscal significativamente. Sobre esa base el gobierno proyectó, en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) de 2023 – 2026, una trayectoria descendente del déficit fiscal, desde 2.1% del PBI en 2023 a 1.0% en el 2026.
Sin embargo, en agosto de este año, a pesar de la evidente desaceleración de la economía, el MEF en su MMM de 2024 – 2027 ha revisado solo ligeramente su proyección del déficit fiscal para este año y ha mantenido sus proyecciones para el resto del periodo (ver Gráfico 1).
¿Cuán creíble es la proyección de un déficit fiscal de 2.4% este año? Es poco creíble, debido a que los últimos datos disponibles nos dicen que, a septiembre de este año, el déficit acumulado de los últimos 12 meses ya llegó a 2.8% del PBI. La aprobación por el Congreso del crédito suplementario recientemente solicitado por el MEF solo hará crecer el déficit hasta fin del año, especialmente porque estará dirigido al otorgamiento de bonos y subsidios que elevarán el gasto corriente en el corto plazo, mientras los ingresos tributarios continúan cayendo, como consecuencia de la recesión económica.
¿Cuál es el principal factor que viene incidiendo en la elevación del déficit fiscal? En el Gráfico 2 se presentan la evolución de los ingresos y los gastos del sector público no financiero expresados como porcentaje del PBI para el periodo 2018 – 2023. Observamos que antes de la pandemia el déficit oscilaba entre 1.5 y 2% del PBI. Con la pandemia el déficit fiscal se elevó significativamente, llegando al 8.4%, para financiar los bonos y subsidios otorgados a la población de menos ingresos. Con el aumento de los precios del cobre y el petróleo y la disminución de los gastos post pandemia, durante el 2022 se llegó a cerrar la brecha fiscal. Sin embargo, el excesivo optimismo, basado en la recaudación extraordinaria del 2021 – 2022, llevó a aumentar el gasto fiscal a niveles muy superiores a los experimentados en periodos previos a la pandemia. Sin embargo, como era de esperarse, la recaudación tributaria ha vuelto a los niveles prepandemia, generando la reaparición del déficit fiscal, que a septiembre de este año ya se encontraba en 2.8% del PBI y se estima que llegaría al 3.7% a fin de año, significativamente mayor que el 2.4% proyectado por el MEF en su último MMM.
¿Qué nos espera para los próximos años? El gobierno se encuentra en una encrucijada. Por un lado necesita reactivar la economía y por otro reducir el nivel déficit fiscal. El inminente fenómeno de El Niño complica la solución de estos problemas. Esta semana el gobierno anunció el Plan “Unidos” que complementa el programa “Con Punche Perú”. Las 25 medidas anunciadas en el plan Unidos apuntan a reactivar el crecimiento del PBI potencial destrabando la inversión. Sin embargo, no queda claro el horizonte de tiempo en que serán implementadas.
El crecimiento del PBI potencial requiere el aumento de la inversión privada lo cual no ocurrirá sin un ambiente propicio para los negocios. Para ello, se requiere una reforma del sistema de justicia que garantice la validez de los contratos y la libre competencia y que elimine la politización de la justicia y garantice los derechos de propiedad. Una reforma tributaria integral que abarque el sistema pensionario y de salud y cuyo objetivo sea la generación de trabajo formal. Una reforma laboral que flexibilice el mercado laboral y disminuya la informalidad. Finalmente se requiere una reforma del sistema regulatorio a fin de reducir la intervención de los diferentes niveles del gobierno en la marcha de las empresas.
Paralelamente a estas reformas es necesario contraer el gasto público que, como se observa en el Grafico 2, ya bordea el 24% del PBI. Si descontamos el pico de 26% alcanzado durante la pandemia, el nivel actual supera los niveles previos a la pandemia y revela la creciente presencia estatal en la economía. El problema es que esta mayor presencia viene acompañada de ineficiencia y corrupción. La Ley de Regionalización necesita ser revisada para lograr un mejor manejo de los recursos fiscales.
De no realizar las reformas mencionadas y no reducir el déficit fiscal, caeremos en la trampa de la deuda, que día a día crece, comprometiendo el bienestar de las futuras generaciones. Un reflejo de esta tendencia es el incremento de los interés pagados por la deuda pública. En el Gráfico 3 se presentan los gastos en interés pagados por el sector público para el periodo 2018 – 2023.
Observamos que mientras subsistan los altos niveles de déficit fiscal, la deuda pública continuará incrementándose. Si a esta situación le agregamos el hecho de que en cada reperfilamiento de la deuda, o en nueva deuda, se pagan tasas de interés más elevadas, entonces no es de extrañar que los intereses continúen a incrementarse, como porcentaje del PBI, hasta representar una carga que recorta el espacio fiscal para nuevas inversiones.
El endeudamiento es una salida fácil a los problemas de reactivar la economía vía estímulo fiscal pero ello significa pasar el problema a futuros gobiernos o futuras generaciones y poner el riesgo el futuro acceso al crédito del país. El hecho de que tengamos uno de los niveles de deuda PBI más bajos de la región no es escusa para seguirse endeudando, especialmente cuando el endeudamiento se hace para financiar gasto corriente. Nuestras autoridades tienen la palabra.
