Las protestas sociales en el Perú, que cada vez se vuelven más violentas, se desencadenaron el 7 de diciembre pasado cuando Pedro Castillo intento disolver el Congreso (en un intento de autogolpe de Estado), logrando ser solo destituido por el Congreso, y puesto en prisión. Estas protestan, que no han cesado y han ocasionado ya alrededor de 60 muertes hasta el 7 de febrero, piden la renuncia de Dina Boluarte, que remplazo a Pedro Castillo como presidenta, el cierre del actual Congreso de la República, y nuevas elecciones. También muchos de los manifestantes piden una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución en remplazo de la actual que es de 1993, e incluso algunos piden la liberación de Castillo.
Las protestas se han visto impulsados por grupos radicales, que promovió el gobierno de Pedro Castillo. Grupos violentistas, impulsados por remanentes de Sendero Luminoso, mineros ilegales, y sectores marginales en la sociedad aprovechan el caos para atacar instituciones e infraestructura pública, como juzgados, comisarias, aeropuertos (se intentó tomar 5 aeropuertos a la fuerza, y se destruyeron sus instalaciones en algunos de ellos), y establecimientos comerciales, lo que está penado por ley[1], y que ha sido la causa de la mayoría de las muertes que ha habido.
El gobierno de Dina Boluarte se ha mostrado pasivo ante esas violentas protestas, lo que las ha dado más impulso. Frente a este accionar, y ante un Congreso también desprestigiado e incapaz de promover una alternativa de solución a esas protestas, el adelanto de elecciones parece lo más pertinente. El problema es que los grupos violentistas que protestan piden que las elecciones sean de inmediato, mientras que en el Congreso se debate si debe ser este año o comienzos del próximo, en abril del 2023 por ejemplo. Se necesita por lo menos 87 votos (esto es, más de dos tercios de un total de 130) para que un adelanto de elecciones sea factible, decisión que debe ser ratificado en una segunda legislatura, y de no ser así tendría que convocarse a un referéndum, previa aprobación por mayoría simple del Congreso de un adelanto de elecciones, para que se pueda cambiar la Constitución en este punto[2].
Pero si se convoca a un referéndum este tomaría tiempo, quizás 9 meses o más, y las elecciones generales para un nuevo presidente y Congreso se darían en el 2023[3]. Y mientras el Congreso no tome una decisión el país seguiría sumido en la incertidumbre y con protestas cada vez más violentas.
Una razón para que no haya acuerdo de adelanto de elecciones es que la izquierda quiere que ese adelanto de elecciones también se acompañe con un referéndum donde se consulte a la población de si está de acuerdo con una nueva Constitución política. Otros grupos quiere que previamente a las elecciones se hagan unas reformas.
Los que piden que las elecciones se hagan para abril del próximo año es que antes el Congreso debe implementar algunas reformas que impidan que otra vez se tenga un Congreso disfuncional, con numerosos partidos, congresistas que abandonan sus partidos apenas son elegidos, congresistas con un pobre nivel intelectual y de honestidad, entre otras cosas (para ser elegido congresistas casi no hay condiciones, y pueden postular incluso personas condenadas por terrorismo, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, si han cumplido su condena[4]). También se quiere hacer reformas para evitar la pugna que ha habido entre el Congreso y el Gobierno en los últimos años y que han hecho que el Peru tenga 6 presidentes desde que en el 2018 renuncio Pedro Pablo Kuczynski, antes de ser destituido por el Congreso por la causal de “permanente incapacidad moral”. Después de Kuczynski se sucedieron Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, este último electo en elecciones generales del 2021, y actualmente Boluarte.
Castillo, que presidio un gobierno incapaz y corrupto, ha hecho lo mejor que ha podido para minar la institucionalidad política del país (que ya era débil) y promover la confrontación y la violencia que se vive hoy. El riesgo es que, ante la violencia cada vez mayor, se apruebe elecciones generales para este año, y se elija otra vez un gobierno y un Congreso disfuncional, y se repita la confrontación entre poderes, y que ocurra otra vez una situación como la que se está viendo ahora.
El conflicto social está ocasionando ya daños a la economía nacional. Por ejemplo, la Minera Las Bambas, cuya producción aporta el 1% al PBI del Peru, anuncio que desde el 1 de febrero ha paralizado su producción[5]. La minería ha sido un gran contribuyente al crecimiento económico del país, que hizo que el Peru haya sido en las dos últimas décadas la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica. La minería, junto con la agroindustria, permitió que el Peru pasara de exportar casi 7 mil millones de dólares en el 2000 a 63 mil millones de dólares en el 2022[6]. Por eso la agencia calificadora de riesgo Moody´s acaba de bajar la calificación crediticia del Peru de Baa1 estable a Baa1 negativa[7]. Aun así, Peru sigue siendo, con México, y Chile, uno de los países de mejor calificación ante los ojos de los inversionistas extranjeros, aunque esto es probable no se pueda mantener así. El Peru, que en las últimas dos décadas creció en promedio anual casi 4%, excepto por la debacle del año de pandemia del 2020, crecería estos años, del 2022 al 2024, por debajo del 3%, según cálculos del Banco Central de Reserva[8].
Lamentablemente ese crecimiento económico no ha llegado a todos por igual. Las protestas son mayores en la zona del sur del país (y en algunas del centro), en particular en la zona andina, que tradicionalmente no tuvo mucha atención de los gobiernos nacionales. Por eso Castillo por ejemplo gano ampliamente en esas zonas en las elecciones del 2021. Según datos del Centro de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, oficina del gobierno, en el año 2020, el ingreso nacional real promedio mensual en soles constantes del 2020, era de 837 soles, pero en el sector urbano era de 927 soles y en rural solo 496, casi la mitad. En Lima metropolitana el ingreso era de 998 soles, pero en la Sierra rural era de solo 487 soles, esto es, solo el 48% del ingreso de la capital Lima[9].
Según esa misma publicación, en el año 2020, la estructura del gasto real per cápita por grupo de gasto y departamento indicaba que mientras que en Lima solo un 32% del ingreso se dedicaba a alimentos y bebidas, en los departamentos más pobres del Peru como Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, y Ucayali, el 52% del ingreso iba a satisfacer esos rubros. Excepto Ucayali, un departamento en la selva central del Peru, el resto de esos departamentos son de la sierra central y sur del Peru, los más pobres del país. Cusco, donde ese porcentaje es el 49%, es también otro de los departamentos más pobres, y es en esos lugares donde se han dado la mayor parte de las protestas ultimas.
Pero también ha habido corrupción e ineficiencia en la gestión de los recursos económicos por parte de los partidos políticos en los gobiernos regionales de esas zonas, como fue el caso del partido “Peru Libre” que llevo a Castillo al poder, y que gobernó el departamento de Junín. Esa corrupción en el gobierno de Junín, que ha sido gobernada por varios años por el partido Peru Libre, se replicó a nivel nacional cuando ese partido asumió el poder en el gobierno central. En todo caso, en el 2022, de las 25 regiones que hay en el Peru, 21 gobernadores regionales están presos o tienen acusaciones de corrupción[10]. Y esta involucra a todos los partidos o grupos políticos, independientemente de su orientación de izquierda, centro, o derecha. En el gobierno central también se tiene que casi todos los presidentes en el Peru desde 1990 en adelante han sido acusados de corrupción, algunos de ellos están presos, y varios enjuiciados.
Justamente las acusaciones de corrupción, cada vez más graves contra el propio Castillo y su entorno, y que ocasiono que por tercera vez se presente una moción de vacancia en su contra en el Congreso el 7 de diciembre, hizo que Castillo quisiera disolver el Congreso ese mismo día, en un autogolpe, en una medida que ni siquiera contaba con el apoyo de su propia bancada, ni menos de las Fuerzas Armadas, a las que invoco para que lo apoyen en su autogolpe. En el Congreso fue vacado por una absoluta mayoría y con votos de varios miembros de su propio partido (102 votaron a favor, 6 en contra, y hubo 10 abstenciones)[11]. Y la violencia que siguió y sigue aún podría decirse que ya había sido anunciado por el propio partido de Castillo antes, cuando algunos de sus ministros dijeron que de ser vacado este “correrían ríos de sangre”[12].
En todo caso, con un gobierno incapaz de gobernar el país como es del Boluarte, y menos de poner orden, y con un Congreso incapaz de ponerse de acuerdo en algo concreto como un adelanto de elecciones, no parece haber solución a la vista. Al 7 de febrero ni la presidente quiere renunciar ni el Congreso parece decidido a dar una norma para el adelanto de elecciones. La incertidumbre seguirá.
[1] El Comercio: jueves 2 de febrero, página 9
[2]El adelanto de elecciones implica una reforma constitucional y según el artículo 206 de la Constitución esto implica que se debe aprobar en dos legislaturas consecutivas con más de dos tercios de los votos, o en su defecto, mediante un referéndum. Ver Congreso de la Republica: https://www.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/index.html
[3] El Comercio: https://elcomercio.pe/politica/elecciones/adelanto-de-elecciones-como-seria-un-eventual-referendum-para-ratificar-esta-reforma-plazos-costos-antecedentes-congreso-dina-boluarte-informe-noticia/?ref=ecr
[4] Diario El Comercio, viernes 3 de febrero 2023, página 6
[5] Infobae: https://www.infobae.com/peru/2023/02/03/mina-las-bambas-paraliza-sus-operaciones-por-protestas-cual-es-su-impacto-economico/
[6] Ver MINCETUR: Reporte Mensual de Comercio, diciembre 2022 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4090459/RMC%20Diciembre%202022.pdf?v=1675464619
[7] RPP: https://rpp.pe/economia/economia/moodys-rebaja-perspectiva-de-calificacion-de-peru-a-negativa-por-protestas-y-crisis-politica-noticia-1463666
[8] Banco Central de Reserva del Peru: Nota Semanal 5, del 2 de febrero del 2023 https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2023/ns-05-2023.pdf
[9] CEPLAN: Nivel de ingreso y gastos en el Peru y el impacto de la COVID-19, año 2021 https://geo.ceplan.gob.pe/uploads/2021_CEPLAN_Nivel_de_ingresos_y_gastos_en_el_Peru_y_el_impacto_de_la_COVID_19.pdf
[10] Ojo Público: https://ojo-publico.com/3680/el-84-de-gobernadores-regionales-son-investigados-por-corrupcion
[11] La República: https://especiales.larepublica.pe/congreso-votacion/votaciones/asi-votaron-cada-uno-de-los-congresistas-y-bancadas-la-vacancia-contra-pedro-castillo/
[12] El Comercio: https://elcomercio.pe/politica/pedro-castillo-y-anibal-torres-todas-las-veces-que-amenazaron-con-convulsion-social-si-expresidente-era-vacado-rios-de-sangre-noticia/
