En el marco de su discurso de toma de mando, el flamante presidente de la república, Martín Vizcarra, planteó un Pacto Social en torno a cuatro objetivos hacia el 2021: (1) reducir drásticamente la corrupción; (2) restituir la estabilidad institucional y la gobernabilidad; (3) lograr un crecimiento económico más equitativo y sostenible; (4) mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.
Centrémonos por ahora en el primer objetivo. Para luchar francamente contra la corrupción, es indispensable reconocer que la corrupción observada gracias a Lava Jato y los Kenji-vídeos, es sólo la punta del iceberg de un entramado de raíces mafiosas que carcomen la fertilidad de la mayoría en entidades de la administración pública.
Mientras -con o sin vacancia- van cayendo algunos peces gordos o largos, hay peces medianos y pequeños que inmediatamente engordan y crecen para ocupar el espacio liberado por los salientes.
Estamos ante un sistema de corrupción construido, meticulosa y silenciosamente, durante los últimos 15 años. Un sistema de relojería fina que arrancó con el pacto de sangre entre los gobiernos de Toledo y de Lula, cuyo andamiaje fue heredado a los siguientes gobiernos, incluyendo a la Alcaldía de Lima.
Se armó un tejido normativo propiciador del saqueo que culminó en la eliminación del SNIP y su sustitución por nada, apenas iniciado el gobierno de PPK. Digo por ‘nada’, porque el supuesto reemplazo del SNIP, “Invierte.pe”, anunciado con bombos y platillos por el entonces ministro de economía, Alfredo Thorne, demoró tanto en ingresar a la cancha que hasta hoy sigue haciendo calentamiento al borde del campo.
En los hechos, “Invierte.pe” no fue un sistema de reemplazo; sólo un cliché sustentado en una ambigua disminución de exigencias de requisitos al inversionista, aumentando el riesgo de calidad de los proyectos y de corrupción.
PPK dio de baja al SNIP en agosto de 2016, siendo que la nueva ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones “Invierte.pe” salió recién en febrero de 2017, su reglamento en abril y la directiva en mayo. Es decir, el Perú se pasó ocho meses sin normativa de inversión. Tanto así que hasta hoy los funcionarios de nivel nacional, regional y local se mantienen en un desconcierto absoluto.
En paralelo, ha crecido un hongo gigantesco de funcionarios culturalmente hechos para la coima. Un hongo insuflado desde fuera del Estado por las empresas coimeras y una pléyade de estudios de abogados y consultoras encargadas de darle color cínico celestial y añadirle levadura.
Si bien este color fue inventado por los mentores de Westfield Capital y First Capital, poco a poco irán saliendo a la luz otras tonalidades más intensas, de actores diversos indescifrables a primera vista.
Dado el carácter estructural del problema de la corrupción, será muy difícil resolverlo aplicando medicinas convencionales de control. Todo un reto a la imaginación. Mientras tanto sería conveniente que el primaveral gobierno de Vizcarra reponga el SNIP y reorganice las entidades vinculadas con la promoción de la inversión. A cortarse las uñas.
