La construcción peruana atraviesa un ciclo de fuerte expansión, pero la inversión pública avanza a distintas velocidades. La brecha entre recursos disponibles y capacidad de ejecución revela uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento del sector.

La construcción peruana creció 10,7% durante el primer semestre de 2026, impulsada por una demanda cada vez más diversificada. Mientras el consumo interno de cemento aumentó 12,5%, el avance físico de obras creció 6,4%. Esta diferencia apunta a un cambio en los motores del sector: la vivienda, la inversión minera y los proyectos privados adquieren mayor protagonismo frente a una obra pública de comportamiento más irregular. La diversificación reduce la dependencia del gasto estatal, aunque la infraestructura pública sigue siendo esencial para sostener la competitividad de otras actividades productivas.

El presupuesto no garantiza la ejecución

El presupuesto modificado para inversión pública alcanzó S/ 70.084 millones en 2026, pero a julio solo se había ejecutado el 44,9%. Esta brecha revela que el principal obstáculo no reside únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad institucional para convertirlos en proyectos ejecutables. Expedientes técnicos deficientes, dificultades para liberar terrenos y problemas contractuales pueden retrasar inversiones incluso cuando cuentan con financiamiento. Para las constructoras, un presupuesto aprobado representa una oportunidad potencial, pero la demanda efectiva depende de que los proyectos avancen hacia la contratación y ejecución.

Las diferencias entre niveles de gobierno profundizan este problema. Mientras el Gobierno Nacional había ejecutado el 54,8% de su presupuesto de inversión a julio, los gobiernos regionales alcanzaban el 47,8% y los locales apenas el 35,8%. El rezago municipal resulta especialmente relevante porque los municipios administran numerosos proyectos pequeños y medianos, capaces de distribuir la actividad constructora por el territorio. La brecha refleja una limitación de la descentralización: transferir recursos amplía la capacidad financiera, pero su aprovechamiento exige fortalecer también las capacidades técnicas y administrativas.

Un mercado de oportunidades desiguales

La inversión pública en infraestructura alcanzó S/ 31.474 millones entre enero y julio, aunque con importantes diferencias territoriales. Lima concentró aproximadamente el 23% del total y registró una ejecución presupuestal del 55,7%, frente al 44,7% de Cusco y el 40,5% de Junín. Para contratistas y proveedores, estas diferencias obligan a evaluar las oportunidades considerando tanto el volumen de inversión como la capacidad de ejecución. Los recursos pendientes pueden representar nuevos negocios, pero también anticipar retrasos y reprogramaciones.

MAXIMIXE proyecta un crecimiento de 7,4% para la construcción en 2026, seguido de una moderación a 3,4% en 2027. La continuidad del ciclo expansivo dependerá de consolidar una cartera efectiva de proyectos y de aprovechar el dinamismo de la inversión privada. En ese escenario, mejorar la ejecución pública puede impulsar la construcción y fortalecer la infraestructura que necesita el resto de la economía.

Las diferencias entre niveles de gobierno muestran dónde se concentran las dificultades. A julio, el Gobierno Nacional registraba una ejecución del 54,8% y los gobiernos regionales del 47,8%, mientras los gobiernos locales alcanzaban apenas el 35,8%. Esta brecha de 19 puntos porcentuales entre el nivel nacional y el municipal resulta especialmente relevante porque los municipios administran una cartera extensa de proyectos pequeños y medianos. Expedientes técnicos, contratación, disponibilidad de terrenos y supervisión condicionan la velocidad con que esos presupuestos pueden convertirse en demanda para las empresas constructoras.

La ejecución también presenta importantes contrastes territoriales. Entre enero y julio de 2026, la inversión pública en infraestructura alcanzó S/ 31.474 millones, de los cuales Lima concentró S/ 7.254 millones, aproximadamente el 23% del total. Le siguieron Cusco, Piura, Arequipa y Áncash. Sin embargo, los mayores montos invertidos no implican necesariamente una ejecución más rápida. Mientras Lima registró un avance presupuestal del 55,7% y Arequipa del 52,3%, Cusco alcanzó el 44,7% y Junín el 40,5%. Para identificar oportunidades, las empresas deben considerar tanto la escala de inversión como la capacidad efectiva de ejecución de cada territorio.

Esta distinción adquiere especial importancia para contratistas, proveedores de materiales y empresas de maquinaria. Como se analiza con mayor detalle en el informe Riesgos de Mercado – Construcción de Octubre de 2026, un presupuesto elevado puede anticipar oportunidades comerciales, pero la demanda efectiva depende del ritmo de contratación, los avances de obra y los pagos. Por ello, la continuidad del ciclo constructor dependerá tanto del dinamismo de la inversión privada como de la capacidad de las entidades públicas para acelerar proyectos. El desafío es convertir la disponibilidad presupuestaria en actividad productiva, especialmente en los territorios donde persisten las mayores brechas de ejecución.