Es importante saber que, en el ejercicio del poder, la aplicación de políticas de Estado y/o de gobierno, deben ser ejecutadas por una administración cuyos miembros rotan constantemente y que incorpora funcionarios, muchas veces, poco conocedores del tema para el cual son designados. Se agrava la situación con el poco tiempo que duran en la función. Llegan nuevos funcionarios e incorporan personal nuevo. Se van y esas personas que llevaron también son reemplazadas por el nuevo jefe. No solo cambian personas, sino que generalmente también se cambia la agenda, exista o no un PESEM aprobado y vigente.
Entre el 2006 y el 2017 ha habido 12 ministros y 10 viceministros. Cada uno de ellos ha introducido cambios de personal y de agenda. Las consecuencias son la ausencia de continuidad en las políticas del sector.
Es una situación inevitable en la medida que las decisiones políticas, en un sistema democrático, se sustentan en el derecho concedido en el acto electoral por el pueblo a las autoridades elegidas. Este derecho les permite designar a los funcionarios responsables para administrar el país, teóricamente, en beneficio de las mayorías. Todo es legal, aunque no necesariamente es lo debido y lo conveniente para el país.
Es necesario que el Estado intervenga en la explotación de recursos naturales, no solo para asegurar su sostenibilidad, sino para priorizar la atención al mercado nacional en el caso de los recursos hidrobiológicos. Tiene que ser actor en un sector en el que se trabaja con activos cuya propiedad es de toda la Nación, como es el caso de los peces, crustáceos y moluscos.
El equilibrio necesario para la administración y gestión de la pesca requiere de un consenso y una participación de los principales actores. Hoy día solamente la industria pesquera a través de sus dos principales gremios, la SNP y la SNI, tiene una presencia importante y fuerte, que es visible en los medios de comunicación. Ambas son dialogantes con el Estado en defensa de sus intereses, precisamente por la falta de políticas de Estado, lo que genera altas probabilidades de cambios frecuentes de funcionarios y de agenda. Pero también aportan a la gobernanza del sector.
Sin embargo para que la ecuación esté completa hace falta la presencia del mismo nivel por parte de la Pesca Artesanal, la Academia y la Ciudadanía.
Esta última, como propietaria del recurso pesquero y como beneficiaria de la actividad pesquera, bien podría estar representada por la Defensoría del Pueblo. A la fecha, el ciudadano peruano es el gran ausente en la toma de decisiones y el manejo de sus recursos naturales. Los recursos pesqueros son de todos los peruanos y debieran ser para todos ellos. No pueden, por tanto, estar ausentes en la toma de decisiones sobre la administración de los mismos.
La Pesca artesanal, atomizada y dispersa, requiere de un gran esfuerzo para unificarse y designar un representante que se siente en la mesa al mismo nivel y visibilidad que sus pares de la industria pesquera, defendiendo sus intereses y aportando a la gobernanza también.
La Academia tiene que ser la contraparte de la ciencia oficial que es manejada por el Estado a través de su ente científico.
Una suerte de “Directorio” o “Consejo”, conformado de esta manera, no solo legitimaría el manejo pesquero, sino que lo democratizaría y le daría permanencia y visión de largo plazo.
