La recaudación tributaria del Perú (14,5% del PBI) es muy baja respecto a la media de las economías avanzadas (34%) y latinoamericana (22,7%). Somos un país que recauda poco y, lo poco que recauda, lo gasta pésimo; en una frondosa burocracia y en obras mal priorizadas, mal diseñadas y mal ejecutadas.
Se estima que en IGV el estado peruano recauda 36% menos de lo que debería recaudar, mientras que en el impuesto a la renta la merma sobrepasa el 50%; tasas que están entre las más altas del mundo.
¿A qué se debe esta situación? Primordialmente a prácticas generalizadas de evasión tributaria y, en segundo término, a prácticas de elusión tributaria; entendiendo por evasión el actuar fuera del marco de la ley o infringiéndolo abiertamente para no pagar impuestos o reducir la carga tributaria. Mientras que la elusión tributaria puede definirse gruesamente como el uso de los vacíos de la ley para reducir la carga tributaria, buscando que disfrazar los hechos económicos gravados, sustituyéndolos por otros equivalentes que no están gravados o están gravados con menor tasa.
La elusión tributaria supone el uso de resquicios dentro del marco de la Ley, sin causa real que no sea otra que tratar de evitar que se produzca un acto gravado, bajo la premisa de que ella restringe o prohíbe sólo lo que establece expresamente.
Evade impuestos todo aquel que teniendo un negocio permanente no está inscrito en la Sunat, como también todo aquel que habiéndose inscrito no declara impuestos, o aquel que declara falseando.
Gran parte de las conductas evasoras se realizan a vista y paciencia de la Sunat, dentro de un contexto de informalidad y de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando, la subvaluación y otros delitos comerciales.
Mientras la evasión tiende a ser masiva, la elusión suele concentrarse en las grandes empresas; principalmente multinacionales que suelen depositar sus ganancias en paraísos fiscales.
Sin embargo, mucho cuidado, pues, así como hay ciertas multinacionales que utilizan los paraísos fiscales para el lavado de dinero (caso Odebrecht) o prácticas elusivas que merman la base tributaria y desvían ganancias, también hay las que los utilizan para evitar una doble tributación arbitraria que afecte sus legítimas ganancias.
El problema aquí es cómo generar la credibilidad internacional necesaria para seguir atrayendo inversiones al Perú, sin ahuyentar los capitales por el temor de que la Sunat vaya a ser un uso abusivo de las normas anti elusivas.
A mayor ineficiencia, discrecionalidad y arbitrariedad del ente recaudador de impuestos, mayor la incertidumbre para el inversionista. Se estima que la Sunat le cuesta al Perú alrededor del 1,5% de los ingresos recaudados, más que en la mayoría de países de América Latina.
De otro lado, a mayor ineficiencia del gasto público, menor es la percepción de legitimidad del cobro de impuestos, por lo que mayor es el incentivo a la informalidad, a la evasión y a la elusión tributaria.
Bienvenidas las normas anti elusivas en Perú, como parte de una corriente mundial liderada por la OCDE, orientada a promover la transparencia y la eficiencia en la recaudación de impuestos. Sin embargo, para que dichas normas tengan impacto positivo, ellas deben ser acompañadas de una nueva Sunat, gobernada por un directorio comprometido con la eficiencia recaudadora, pero también con la facilitación de la inversión y las actividades económicas.
Además, se requiere de una reforma tributaria que promueva la formalización y la inversión. Diversos países vienen reduciendo el nivel del impuesto a la renta a las empresas, estableciendo mecanismos para atraer inversiones de alto contenido tecnológico, promover un crecimiento más robusto y generar empleos de calidad; de paso que se desincentiva las prácticas elusivas.
Actualmente el impuesto a la renta a las empresas vigente en Perú (29,5%) es más alto que la media latinoamericana y, más aún, que la media de los países de la OCDE. Estados Unidos ya ha reducido su impuesto a la renta a las empresas de 35% a 20%. El Perú no puede quedarse atrás.
