Según la última encuesta de una reconocida investigadora de mercado, el 59% de entrevistados cree que el presidente Ollanta Humala no está comprometido en reducir la corrupción en el país y si a esto le sumamos que la corrupción deja pérdidas anuales en nuestro país equivalente al 2% del PIB, según el jefe del organismo de control y fiscalización del Estado, Fuad Khoury. Preocupante, porque esta percepción de la ciudadanía impacta directamente con la crisis de inseguridad que vivimos diariamente.
Debemos empezar a crear una cultura anticorrupción, para lograr esta atmósfera lo primero que se tiene que ejecutar es que el gobierno debe publicitar permanentemente por diversos medios de comunicación los diversos organismos del Estado que están prestos a captar las denuncias de corrupción por parte de los ciudadanos y que éstos puedan ver su efectividad inmediata a través de resultados concretos que generen legitimidad en la ciudadanía, además de empoderarla para que ésta no caiga en corrupción y la denuncie inmediatamente, haciendo un seguimiento público para que no se haga a un lado o no prospere debido a “fuerzas ocultas”.
Como segundo punto, dentro de este empoderamiento, el ciudadano tome conciencia de la importancia de tener un voto electoral informado, para elegir a nuestras autoridades. Es un buen inicio que el que el Jurado Nacional de Elecciones solicitara al Poder Judicial filtrar los antecedentes civiles y penales de 105000 candidatos en todo del territorio nacional, siendo el resultado triste que 2.131 postulantes para alcaldes, regidores y presidentes regionales de todo el país se encuentran en el Registro Nacional de Condenas, en buen romance, han sido hallados responsables de algún tipo de delito. ¿Dónde está la moralidad de los candidatos? pero sobretodo el filtro de selección que deben hacer los partidos políticos, es su deber. El ciudadano debe estar informado del perfil técnico, político y sobretodo moral de sus futuros representantes, esto es fundamental para un Estado de Derecho.
Aquí la ciudadanía tiene el deber de no excluirse de este proceso, no es moralmente aceptable que alcaldes postulantes a la re-relección en distritos de Lima Metropolitana y estén siendo procesados por peculado doloso y encima estén liderando las encuestas ¿qué pasa con los electorados?, porque si vamos a seguir eligiendo a candidatos con dudosa reputación moral, no nos quejemos de los actos de corrupción institucional y de la doble moral que se viven en muchos testamentos, que conlleva a tener una sociedad amoral.
