Algunos industriales pesqueros, y algunas otras personas también, tratan despectiva y agresivamente a quienes están preocupados por el ambiente en relación a los impactos negativos que causa no solo la pesquería, sino otras actividades también.
Resulta interesante observar cómo algunas de esas personas que tienen eco en los medios de comunicación, no son combatidas sino más bien son apoyadas por quienes comparten los argumentos que enarbolan, como la defensa del crecimiento económico (a nivel del cifras del PBI) y del empleo. La necesidad de trabajo y de que el PBI crezca, han puesto al ambiente como factor secundario, o que convierte a quienes defienden a la naturaleza en enemigos del desarrollo y del crecimiento.
La ironía es que todos compartimos la misma naturaleza, solo que algunos colocan el dinero por encima de la calidad de vida de los ciudadanos y de la conservación del ambiente. Como si viviesen en otro planeta o como si el deterioro ambiental no los fuera a alcanzar. Aunque, temporal y eventualmente podrían evadirse de esos impactos liquidando sus negocios, convirtiéndolos en efectivo y migrando a lugares menos impactados. Claro que en esa circunstancia poco o nada les importará lo que dejan destruido, el desempleo y el término “crecimiento económico”.
En ese momento quienes los apoyaron, confiaron y creyeron en ellos no tendrán ni empleo, ni dinero, ni calidad de vida. Ojalá quede todavía un ambiente dignamente habitable, con suficientes peces y agua que pueda ser recuperada.
Pero… ¿Quién asumirá el costo de la descontaminación y limpieza de las bahías? ¿Los habitantes de esas poblaciones costeras? ¿El Estado? Porque la industria no lo hará.
Los industriales pueden defenderse recurriendo a los medios de comunicación, lobistas, operadores políticos y sicosociales. Poseen los recursos técnicos y financieros para hacerlo. Generalmente triunfan. Copan las noticias propalando información y datos en su favor, influyen en la toma de decisiones, colocan y sacan personas en la administración.
Lo trágico es que el trabajador pesquero, en última instancia, defenderá a su empleador por encima de los intereses ambientales porque depende de él para recibir su salario. El ambiente, por tanto, se convierte en algo de menor importancia. No importa respirar aire contaminado mientras se reciba dinero. Dicen que ese mal olor que proviene de las fábricas es el olor del dinero. Por tanto son los jóvenes y los ciudadanos que no dependen de un salario derivado de la pesca los llamados a defender su derecho a un ambiente saludable.
El ciudadano común y corriente, el que no labora en la pesca pero vive en las poblaciones impactadas por la industria, es un ciudadano pasivo, no tiene quién defienda su derecho a una adecuada calidad de vida ambiental.
La única manera de que prevalezca es volviéndose ciudadano activo y creando incidencia política. Precisa de una organización cívica la cual poco a poco estará obligado a conformar si es que desea vivir dignamente en un ambiente libre de contaminación. Es su territorio, es su lugar, es su hogar. El industrial, por lo general, no vive en el lugar que contamina. Solo lo hacen sus empleados, quienes priorizan el dinero que reciben hoy en forma de salarios. ¿Mañana seguirán recibiéndolo? ¿Quién sabe?
No se trata de una confrontación con la industria ni de su erradicación, sino de que se apliquen y se cumplan estándares de calidad ambiental apropiados sin recurrir a la manipulación, ni a la evasión de obligaciones y responsabilidades a fin de reducir costos que solo benefician a la industria y no a la población. El costo de alcanzar adecuados estándares de calidad tiene que ser asumido por la industria que lucra con un recurso natural por el cual paga muy poco al propietario, tanto en derechos de pesca como en impuesto a la renta.
El caso minero tiene una connotación distinta, ya que el impacto contaminante que causa sí ha generado y sigue generando reacciones de la población afectada que sale a protestar en defensa a su derecho a una vida ambientalmente saludable. Extrañamente el caso pesquero genera poca o ninguna reacción de las poblaciones y nula atención de la prensa.
El Estado debe establecer Límites Máximos Permisibles y estándares de calidad adecuados y controlarlos apropiadamente. La Industria debe aplicarlos a sus PAMAS y convivir armoniosamente con el ambiente y los pobladores. Es así de simple, sin manipulaciones ni lobbys.
Como dijo el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si: “El ambiente es un interés en común, que pertenece a todos y con significado para todos”.
Marcos Kisner Bueno
