Los cambios de Ministro o Viceministro no deberían ser una preocupación ni derivados de un movimiento de lobistas o agentes que se acomodan o reacomodan en un nuevo escenario político. Esto, siempre y cuando existiese una Política de Estado claramente definida y un Plan Estratégico Sectorial Multianual que se respete.
Los cambios en la conducción de los titulares del pliego deberían marcar solamente un cambio de estilo pero no de rumbo. El problema es que cuando estos instrumentos de gestión no existen, cada nueva autoridad puede imponer, y de hecho impone, su propia agenda.
La agenda nacional pesquera tiene que enfocarse principalmente en el aseguramiento de la sostenibilidad de los recursos pesqueros, una adecuada fiscalización y control de las actividades extractivas y productivas, un incentivo a la seguridad alimentaria nacional que no puede competir con los actuales incentivos a la exportación, y una justa participación del país en la renta de la pesquería.
La ausencia de políticas y la pérdida constante de tiempo en una inútil confrontación con la industria pesquera constituye un caldo de cultivo para los lobistas. Esto deviene en innecesario si existiese un procedimiento habitual de reuniones entre la Administración de Pesquería y los administrados que conduzca a la toma de decisiones consensuadas debidamente.
Constitucional y legalmente el Estado puede imponer normas y los administrados están obligados a cumplirlas; pero no es el mejor camino. Las evidencias y la historia muestran que esto genera confrontación, no resuelve problemas y dificulta más los procedimientos de fiscalización y control.
Todos los actores de la pesquería y la ciudadanía debidamente representada, necesitan sentarse a conversar alrededor de los temas de fondo mencionados y negociar los términos en los cuales se darán las normas que permitan alcanzar esos objetivos. El bien común, el interés nacional y la adecuada participación de todos los ciudadanos peruanos, son las bases que deben guiar las negociaciones que permitan el dictado de normas que sean realmente cumplidas.
Probablemente nadie quedará totalmente satisfecho; pero cada quien deberá ceder posiciones e intereses hasta lograr un consenso. Es la única salida lógica posible al entrampamiento que vive actualmente la pesquería peruana, perdida en una batalla en la cual nadie gana, sino que todos pierden, especialmente el propietario del recurso pesquero que somos todos los ciudadanos. La magnitud de la batalla librada en estos últimos dos años solamente ha significado diluir tiempo y dinero en un debate insensato, cuando podrían haber sido mejor empleados en lograr consensos que aterricen en políticas ejecutables y mayor fiscalización e investigación.
La actual situación de escasez del recurso anchoveta pareciera ser un mensaje de la Naturaleza que nos dice que, finalmente, la realidad natural impone su propio paisaje por encima de las pasiones y desencuentros humanos. En la edición de Noviembre de la Revista Pesca, notas sobre la crisis de la anchoveta peruana
