“… claramente, una inflación baja sostenida implica menos incertidumbre sobre el futuro, y primas al riesgo bajo implican mayores precios de las acciones y otros activos productivos. Podemos verlo en la relación inversa exhibida por la relación de precios/ganancias y la cantidad de inflación en el pasado. ¿Pero cómo saber cuándo la exuberancia irracional ha escalado excesivamente los activos productivos, que entonces se convierten en el sujeto de contracciones inesperadas y prolongadas como ha pasado con el Japón en la última década?” Estas palabras fueron pronunciadas por el antiguo presidente de la Reserva Federal de EE.UU. Alan Greenspan en un discurso realizado en el American Enterprise Institute (AEI) durante el boom bursátil de los años 90.
Esta semana el flamante ministro de economía y el presidente del Banco Central anunciaron con bombos y platillos que la recuperación económica viene siendo más rápida que lo esperado y que este año el PBI ya no caerá 12.5% sino solo 11.5% y que el próximo año creceremos 11.5%. Lo que no nos dijeron fue que esta menor caída se debe en gran medida a la revisión hacia arriba de las cifras del PBI de los meses pasados. En estos ajustes, todos hacia arriba excepto el mes de febrero, resalta el ajuste de 2.2 puntos porcentuales en el mes de abril.
Lo que tampoco resaltan las autoridades es que la mal llamada recuperación acelerada del PBI se basa casi exclusivamente en el sector financiero y el sector telecomunicaciones (Ver Cuadro 2). El sector Hoteles y Restaurantes continúa deprimido y difícilmente se va a recuperar en el corto plazo. Los sectores que generan mayor cantidad de empleo, como transporte, comercio y manufactura aún se encuentran muy por debajo de sus niveles pre-pandemia. Esto se refleja en la gran cantidad de desocupados que la mal llamada reactivación no ha conseguido disminuir. La reactivación del sector financiero y telecomunicaciones difícilmente va a generar nuevos puestos de trabajo, por el contrario con el incremento de las transacciones por internet, los bancos vienen reduciendo su número de agencias a lo largo de todo el país.
Lo que las autoridades deberían fijar su atención es en las cifras de desempleo y en los niveles de informalidad. Reducir los niveles de desempleo e informalidad debería ser el objetivo prioritario del gobierno. Lamentablemente los programas Reactiva 1 y 2 no han conseguido impedir el despido masivo de trabajadores formales. Esto se ha traducido en un incremento del empleo informal y en una caída del ingreso promedio del trabajador.
La tasa de desempleo abierto de Lima Metropolitana se ha mantenido durante la forzada cuarentena por encima del 15% y la reactivación del aparato productivo no ha sido suficiente para reducirla hasta el mes de noviembre de este año (Ver Gráfico 1). Se estima que solo en Lima Metropolitana se han perdido 819 mil puestos de trabajo (entre formales e informales) (ver Gráfico 2). La mayor parte de puestos de trabajo perdidos se han dado en el sector formal (-35.6%). Parte de los desocupados en el sector formal han migrado al sector informal que ha registrado un crecimiento de 19.2%.
Como consecuencia de la migración del empleo del sector formal al informal, el ingreso promedio del trabajador en Lima Metropolitana ha registrado una caída de 12.4% en el mes de noviembre comparada con el mismo periodo del año pasado (ver Gráfico 3) y no muestra señales de recuperación, lo que es una clara muestra de que la recuperación económica se ha estancado.
La combinación de las altas tasas de desempleo con la caída del ingreso promedio se traduce en una caída de la masa salarial de 29.6% en el mes de noviembre y que no muestra una clara señal de recuperación. La masa salarial es el principal componente de la demanda agregada de la economía. Esta caída del ingreso ha venido siendo compensada por el gobierno con el otorgamiento de bonos y subsidios y por las medidas populistas del congreso como retiro de las AFP, ONP y CTS. Estas medidas no pueden mantenerse durante el próximo año ya que requerirían un aumento inmanejable del déficit fiscal y la deuda pública. En el momento que el efecto de estas medidas desaparezca, el impacto de la caída de la masa salarial se hará sentir sobre la economía y la producción.
Es difícil pensar que nuevas inversiones privadas o mayores exportaciones puedan compensar estos niveles de retracción del ingreso personal en el corto plazo. Sobre todo si se toma en cuenta que estamos en un año electoral, con peligro de un rebrote del COVID 19 y sin posibilidades de contar con una vacuna en el corto plazo. En este contexto, el optimismo mostrado por las autoridades puede resultar contraproducente.
¿Qué hacer en estas circunstancias? El gobierno debe priorizar la inversión pública en función de la generación de empleo formal y productivo. Los grandes proyectos de inversión por lo general no generan gran cantidad de empleo. Redireccionar la inversión a programas de inversión en pequeños reservorios, canales de irrigación, reforestación, siembra y cosecha de agua como los programas de Sierra Productiva o Sierra Azul permitirían la generación de miles de puestos de trabajo productivo y al mismo tiempo se aumentaría substancialmente la productividad del agro en el corto plazo.
Del mismo modo se podría redireccionar la inversión pública a programas de restauración de viviendas precarias en las grandes zonas urbanas y en servicios de agua y desagüe. Este tipo de programas que se podría financiar con fondos similares a Mivivenda permitirían generar en el corto plazo millones de puestos de trabajo formal productivo y aliviar el problema del desempleo.
