En las últimas entregas hemos venido analizando una propuesta para incrementar la productividad agropecuaria a través de un manejo adecuado del agua. Con base en experiencias conocidas, la propuesta plantea que utilizando en forma eficiente las técnicas de “sembrado de agua” y riego tecnificado, el país puede aumentar significativamente su actividad forestal y duplicar su área bajo riego.
La premisa básica de la propuesta es que esta trasformación productiva sea realizada directamente por el sector privado y que el Estado se concentre en crear las condiciones para hacerla posible. Una intervención directa del Gobierno en esta actividad no solo demandaría ingentes recursos, necesarios para otras actividades, sino que sería una fuente de corrupción como la que venimos experimentando con los grandes proyectos de inversión pública. En esta entrega analizamos alternativas para el financiamiento del sembrado de agua, la forestación, los reservorios y el riego tecnificado que minimicen la intervención directa del Gobierno en estas actividades.
Según el IV Censo Nacional Agropecuario del 2012, existen 2 millones 213 mil unidades agropecuarias distribuidas a lo largo de las Costa, Sierra y Selva del país (Ver cuadro anexo). Si asumimos una cobertura del 100 % de todas las unidades agropecuarias en un plazo de 10 años, que sería la duración del programa, implicaría la colocación de 221 mil préstamos por año. Este volumen de operaciones por año solo es posible hacerlo con una fuerte participación del sistema financiero privado.
La naturaleza de los proyectos de inversión requiere tres tipos de operaciones: (i) Sembrado de agua y forestación; (ii) reservorios y tuberías de distribución; y (iii) riego tecnificado. Cada tipo de operación tiene diferentes plazos de maduración. El sembrado de agua y la forestación tiene plazos de maduración de 20 años. Los reservorios y tuberías de distribución 10 años, mientras que los de riego tecnificado 5 años. Se requieren diferentes esquemas de financiamiento para cada categoría, además es necesario tomar en cuenta que las características de estos proyectos tendrán que ser adecuados según la región (Costa, Sierra y Selva) en que estén ubicados. Lo más recomendable seria la estructuración de estos tres tipos de proyectos en forma integral para cada cuenca del país. El enfoque de cuenca permitiría un uso más eficiente del recurso hídrico y reduciría los costos de los tres tipos de operaciones.
El financiamiento de las actividades de sembrado de agua, forestación, reservorios y tuberías de distribución de agua podrían recaer en entidades privadas como compañías mineras de la zona o las AFP. Los proyectos de riego tecnificado podrían hacerse a través de financiamiento bancario con un programa similar al Fondo MiVivienda. Para ello se requiere adecuar la legislación para motivar a mineras, AFP y bancos, así como a las comunidades y cooperativas campesinas, a participar en este tipo de proyectos garantizando el régimen de propiedad que permita la recuperación de la inversión en el mediano y largo plazo.
En el caso del sembrado de agua y la forestación, los proyectos de inversión están volcados a las zonas altoandinas que son las zonas de actuación de las mineras. La propiedad de estas zonas es mayormente de las comunidades indígenas y los proyectos de forestación son de largo plazo. La mano de obra requerida para el sembrado de agua y el cuidado de los bosques hasta su maduración provendría de las comunidades que verían a la forestación como su seguro de jubilación. Las AFP y la ONP también podrían participar ya que los plazos de maduración de estos proyectos calzan con la naturaleza de los fondos de jubilación. Se requiere adecuar la legislación para garantizar el retorno y la seguridad de la inversión de las mineras y las AFP por un lado y la participación de las comunidades en los beneficios por el otro. Este régimen de asociación comunidad-privado-público debería ser incorporado en la legislación para dar seguridad jurídica a estos emprendimientos y así atraer la inversión a las actividades forestales. Se podría estructurar un Fondo MiBosque similar a MiVivienda para estructurar este tipo de operaciones. Las actividades forestales de la Selva y la Costa, siendo de periodos de maduración más cortos, podrían ser incorporadas al esquema MiBosque para darle mayor viabilidad económica.
Los proyectos de inversión de reservorios y tuberías de distribución de agua, que mayormente se ubicarían en las zonas intermedias de las cuencas, podrían ser llevados a cabo por las asociaciones de regantes de cada cuenca. Los regantes de las zonas bajas de la cuenca son los principales beneficiarios de estos proyectos, por lo tanto son los indicados para llevarlos a cabo. La creación de un Fondo MiReservorio estructurado a través de la banca privada con una partida inicial del Gobierno permitiría la implementación de este tipo de operaciones a lo largo de todas las cuencas del país.
Finalmente, los proyectos de riego tecnificado, que en cantidad serían los más numerosos, serian proyectos que en promedio oscilarían alrededor de los US$ 20,000 (4 Has. x 5,000) y requieren de la creación de un Fondo MiChacra estructurado en forma similar a MiVivienda con la participación de todo el sistema financiero. Se estima que el fondo requiera realizar 200,000 operaciones por año (el fondo MiVivienda realiza actualmente 50,000). Este número de operaciones requerido por año, permitiría lograr una cobertura de 100 % de las unidades agropecuarias del país en un periodo de 10 años. Se estima que el Fondo MiChacra requeriría de un capital inicial de US$ 5,000 millones para el inicio de sus operaciones.
Jorge Peschiera, uno de los creadores del Fondo MiVivienda, sostiene que la clave del éxito de MiVivienda, creado en 1998, radica en que fue diseñado para minimizar la intervención del Estado y por lo tanto las posibilidades de corrupción están limitadas. Por otro lado, Peschiera señala que en el caso de MiVivienda, la aprobación de la nueva ley de condominios (junta de propietarios) y el “Bono de buen Pagador”, entre otras, aprobadas al inicio del programa fueron factores claves para el éxito de MiVivenda. Los fondos propuestos en los párrafos anteriores, MiBosque y especialmente MiChacra, deberían recoger la experiencia lograda por el Fondo MiVivienda para identificar la legislación necesaria para garantizar su viabilidad. Esta legislación debe ser aprobada antes del inicio de sus operaciones.
Una legislación apropiada es clave para el éxito de estas operaciones. En el caso del sector forestal y agropecuario, se requiere una legislación que logre el equilibrio entre la seguridad jurídica de largo plazo requerida para estos proyectos de inversión y el reparto de sus beneficios entre las comunidades, trabajadores del campo y los inversionistas. Solo así se logrará atraer la ingente inversión del sector privado requerida para obtener el incremento de la productividad del sector agropecuario. Un buen diseño y operación de los programas propuestos dinamizará la actividad agropecuaria como motor de la economía, para lograr un ritmo de crecimiento anual sostenido de 7 %, con poca dependencia de eventos externos.
