El encarcelamiento de Keiko Fujimori ha hecho entrar en pánico a Alan García, quien desde su escondite en la península ibérica ha lanzado una campaña vía Twitter para tratar de persuadir a los peruanos de que el presidente Vizcarra está por dar un golpe de Estado.
Los golpes de Estado suceden de modo repentino y violento, y suelen venir acompañados de medidas arbitrarias adoptadas fuera del marco de la Constitución, la ley y las normas morales. Requiere del uso de la fuerza, por lo cual no pueden llevarse a cabo sin el respaldo de las fuerzas armadas o sin la figura de un Montesinos que pueda maniatarlas institucionalmente manejando a su cúpula.
Ninguno de estos ingredientes está presente en el gobierno de Vizcarra. Muchas cosas se le puede criticar a Vizcarra, pero lo que no puede endilgársele ni por asomo es un afán golpista.
Vizcarra no maneja el poder judicial ni pretende manejarlo, a diferencia del Apra y el fujimorismo que han mantenido una fuerte influencia en él durante mucho tiempo. Aunque últimamente ese control se les ha ido escurriendo al caer gran parte de ‘la banda de los cuellos blancos’, incluido su cabecilla César Hinostroza, hoy detenido en España.
El único miembro de esa cofradía que sigue suelto en plaza es Pedro Chávarry, quien de manera irregular logró capturar la Fiscalía de la Nación, convirtiéndose en actor político que utiliza el cargo que ocupa ilegítimamente para atacar a sus enemigos políticos y a los fiscales jóvenes que vienen ejerciendo su función con plena autonomía.
La advertencia de García bien podría tomarse en sentido inverso, como un afán de revestir de golpe de Estado toda pretensión de limpiar la Fiscalía de la Nación de todos los Chávarrys habidos y por haber.
Es también un llamado a todos los que serían afectados por un eventual cese de Chávarry, para evitar que se derrumbe el Estado secuestrado y maniatado, garante de impunidad. Para hacer causa común a fin de evitar que prosiga la reforma del poder judicial, e impedir que los fiscales y jueces independientes continúen en sus cargos.
Si no les ligó tratar de disfrazar a Chávarry de gran luchador por la justicia y el Superman de la investigación Lava Jato, qué más da ahora recurrir a la desestabilización y crear un estado de zozobra en torno a la continuidad del régimen democrático.
Todo sea por lograr unir todas las fuerzas del mal para defender el status quo. Crear un estado de desasosiego para que, cuando las papas quemen, poder victimizarse como supuestos perseguidos políticos merecedores de asilo.
En sus filas ciertamente estarán Keiko y sus seguidores remanentes, pero también pueden caber Toledo, PPK, Humala-Heredia, Villarán y todos aquellos que puedan tener deudas con la justicia, más los congresistas que no quieren dejar de reelegirse a toda costa. Todos unidos contra Martín Vizcarra, Domingo Pérez y Richard Concepción.
Para confundir a la opinión pública, se ha de decir que se trata de un golpe de Estado fraguado por la ‘mafia caviar’. Para ser caviar ya no se necesita ser de izquierda ni haber estudiado en la PUCP. Basta con estar en contra de la corrupción de izquierda, de derecha o de centro, para que seas un asqueroso ‘caviar’.
De ahí que hoy por hoy la gran mayoría de la población peruana sea ‘caviar’ ante los ojos de Alan García, Velasquez Quesquén, Rosa Bartra, Úrsula Letona, Ollanta Humala, Toledo o PPK.
Que importa si el grito de ‘golpe de Estado’ dañe la imagen del Perú ante el mundo y ahuyente la inversión. Te acuso de ‘golpe de Estado’ para yo dar el contragolpe. Se trata de una extorsión ilegítima: si no me hacen caso destruiré la economía. Una especie de «golpe de Estado tácito», en el que el gobernante se ve obligado a tomar las decisiones que le impone el grupo de presión que juega al golpismo.
Así estamos. En una guerra contra-golpista que gira en torno a la salida o permanencia de un alfil mafioso politizado en el cargo de fiscal de la nación, como último bastión de impunidad.
La renuncia de Chávarry o su defenestración por parte del Congreso es crucial y urgente para que el Perú pueda volver a la calma y se inicie un diálogo constructivo. Su reemplazante debe ser alguien que goce de la mayor credibilidad e independencia de todas las tiendas políticas.
