En su primer mensaje a la nación del 28 de julio de 2016, PPK se comprometió a que en 2021 el 60% de la población ocupada esté formalizada. Sin embargo, en año y medio de gestión la aguja de la formalidad sigue debajo de la mitad de esa meta y -más allá de esfuerzos desarticulados y tímidos de algunas entidades del Estado- no existe un plan integral en curso impulsado que permita vislumbrar que esto cambie en los siguientes años.
En vista de ello, y siendo la informalidad una de las principales fuentes de males tan acuciantes como la desigualdad de ingresos, el subdesarrollo empresarial y la concentración económica, es fundamental impulsar desde la sociedad civil un consenso respecto a una Agenda de Formalización, para que tanto el Congreso como el Ejecutivo la hagan suya y se ejecute.
La informalidad laboral del Perú está entre las más altas del mundo (incluso podría aumentar en un entorno de bajo crecimiento económico e incertidumbre política). Ello obedece a dos principales razones: (a) los elevados costos y riesgos de volverse formal; y (b) la baja productividad de las empresas informales, que no les permite contar con los ingresos necesarios para cubrir sus costos.
De un lado, los elevados costos de volverse formal derivan de: la elevada carga impositiva y laboral que soportan las Pymes, la tramitología engorrosa para ser formal, el carácter policíaco de una SUNAT orientada a sancionar con altas multas cualquier falla involuntaria de carácter contable o declarativa, y la excesiva regulación en cuanto a condiciones de despido y modalidades de contratación. Los elevados riesgos de volverse formal están vinculados a factores de desconfianza de la población en las entidades públicas, derivada de su excesiva discrecionalidad para aplicar la ley, la frondosidad de las normas legales, y el peligro de impunidad ante empresas o trabajadores que delinquen.
Los elevados costos de volverse formal deben ser afrontados frontalmente a través de una reforma tributaria integral que reduzca el impuesto a la renta de las empresas con base en la obtención de un reintegro tributario equivalente al pago de las contribuciones sociales y de salud durante el año fiscal, mientras en contrapartida se eleva el IGV promedio, se elimina los incentivos tributarios sectoriales y las exoneraciones al IGV y al ISC, para poder cubrir la menor recaudación de fuente directa. Ese reintegro se aplica al nuevo empleo generado y a la compra de bienes de capital adquiridos como parte de un programa de inversión de las empresas.[1]
El IGV debe fijarse diferenciando niveles sectorialmente, de manera que las empresas puedan sentir que la carga de impuestos indirectos que paga está genuinamente justificada por el nivel de valor agregado que genera. Las empresas de servicios intensivas en recursos humanos y que mayormente no utilizan insumos, se verían beneficiadas con un IGV menor, contribuyendo a sincerar su competitividad relativa.
De otro lado, la baja productividad de las empresas informales obedece a su carencia de asistencia técnica de calidad, al bajo nivel de educación y capacidad de gestión de sus empresarios, al bajo nivel de tecnificación de los trabajadores, al bajo nivel de acceso a financiamiento formal, a la falta de asociatividad y articulación entre empresas a través de cadenas productivas y clusters.
Por tanto, la Agenda de Formalización debe incluir un Programa Nacional de Formalización de Empresas, a través de la restitución de PROMPYME como organismo especializado en la promoción de la formalización de la micro y pequeña empresa. Dicho programa debe brindar: (i) facilitación gratuita para formalizarse a través de ventanillas únicas; (ii) pago de un mínimo simbólico como impuesto a la renta por un plazo de 4 años; (iii) acceso a crédito promocional; y (iv) acceso a asistencia técnica y asesoría de gestión. Debe crearse un Consejo Nacional de la Formalización conformado por PRODUCE, el MEF, SBS, MICETUR, MINAGRI, MINEM, SUNAT y PROMPYME, para que coordine y monitoree la ejecución del programa.
En lugar de dedicarse a clausurar pequeñas empresas, la SUNAT deberá simplificar los regímenes tributarios y convertirse en el principal promotor del programa de formalización, trabajando en equipo con las municipalidades de todo el país.
En lugar de ampliar programas de pensiones no contributivas, como Pensión 65, que desincentivan la formalización empresarial, el Estado debería aplicar esos fondos a bajar la carga pensionaria sobre los hombros de las Mypes.
De otro lado, debe impulsarse el aumento de la productividad de las mypes informales, con el soporte de: (i) un programa ‘Franquicias Populares’, orientado a desarrollar redes de pequeños negocios con marcas propias, generadores de empleos; (ii) el fortalecimiento y ampliación de la red de centros de innovación tecnológica; (iii) el dictado en todo el Perú de un programa de formación de emprendedores en gestión de negocios competitivos, aplicando herramientas presenciales y de tele – educación; y (iv) el fortalecimiento de los programas de asociatividad y clusterización de empresas.
Es increíble que en el Perú ¾ partes de los trabajadores no sean clientes del sistema financiero. Para revertir esta situación, la SBS deberá promover la competencia y la innovación orientada a elevar el acceso al sistema y la desconcentración bancaria.
[1] Véase Jorge Baca, “La Informalidad Laboral”, Alerta Económica del 05.06.2017. En este artículo se analiza el caso de la reforma tributaria en Jamaica, su impacto económico positivo y su relevancia para el Perú.
