El mismo problema, diferentes recetas: En el gobierno de Toledo, una medida para lograr la inclusión a la formalidad laboral fue la dación de la Ley de MYPES, en el de Alan García fue el Plan Reto. En la campaña, el Presidente Humala ofreció reforzar la fiscalización laboral a través de la contratación de nuevos inspectores. Ha transcurrido un año desde que el actual régimen comenzó su gestión, y hoy por hoy, el propio Ministerio de Trabajo señala que tiene un déficit de 1, 600 inspectores. En suma, han sido y son varios los intentos válidos pero insuficientes para enfrentar un problema que nos aqueja desde siempre: La informalidad laboral.
Informalidad significa que el trabajador carece de una protección social, previsional y laboral, es decir, no cuenta con servicios de salud, no tiene expectativa de acceso a una pensión de jubilación, y que sólo percibe una remuneración mensual sin ningún beneficio colateral. En suma, la informalidad es incompatible con la inclusión social. Lo cierto es que, actualmente, sólo 1 de cada 5 trabajadores está incluido en planillas.
La receta sugerida es que se contraten más inspectores, bien remunerados, y que la futura Ley General del Trabajo no genere más sobrecosto laboral.
Convivir con la informalidad es un problema, en consecuencia, por estrategia, toda política laboral debe estar encaminada a reducir el nivel de informalidad. Todo un reto para el gobierno.
Por Boris Sebastiani, abogado de Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya. Abogados-Trujillo. bsebastiani@munizlaw.com
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