Pocos meses después de asumir la Dirección General de Hidrocarburos en el año 2009, me informaron que ya se acercaba el momento de ampliar el plazo que se venía ampliando periódicamente para que se cumpla la norma que disponía la implementación de los sistemas de recuperación de vapores en las cisternas que transportaban combustibles en todo el país. En verdad la repetida ampliación de plazos lo que estaba provocando era que la norma no se cumpliese. En los últimos 8 años, se habían vencido los plazos 10 veces y en todas las ocasiones los transportistas presionaban y protestaban hasta conseguir una nueva postergación.
Apenas fui informado de esta situación pedí al equipo técnico y normativo de la DGH que se recopile y analice la información de base sobre las razones de sustento de la norma y las consecuencias de su incumplimiento y por otro lado información estadística del parque de cisternas y su equipamiento a nivel nacional.
Los resultados de ese análisis fueron contundentes y sorprendentes:
- El sistema de recuperación de vapores evitaba que durante las maniobras de carga y descarga de combustibles se elimine a la atmósfera vapores de combustibles que por un lado contaminaban el ambiente causando daño a la población y a la biodiversidad y por otro lado causaban pérdidas económicas por el combustible «evaporado”.
- La información estadística recopilada había verificado que en los últimos años se habían incorporado al mercado muchas cisternas modernas que si contaban con los sistemas de recuperación de vapores y cuya capacidad en volumen podía cubrir los requerimientos de transporte en el país.
En adición se decidió mejorar la norma para hacer más razonable su cumplimiento pues si el objetivo era evitar la emisión de vapores contaminantes a la atmósfera, lo importante era que se aplique a los combustibles más «evaporables» como la gasolina y los solventes y no a los combustibles más pesados que emiten mucho menos vapores a temperatura ambiente.
Hecho este trabajo previo y con la información estadística analizada decidí enviar una comunicación a los gremios de transportistas y a todos los que tenían registro en la DGH informándoles que el plazo que estaba corriendo era el definitivo y que con anticipación se les notificaba que no iba a darse ninguna ampliación más y que la norma debía cumplirse por los motivos importantes que la sustentaban.
Cuando el plazo se estaba venciendo llegaron al Ministerio dos gremios de transportistas que amenazaron con una huelga indefinida si no se volvía a ampliar el plazo. Su principal argumento era que no tenían dinero para instalar estos equipos de recuperación de vapores y que si no se atendía su reclamo iban a paralizar el transporte de combustibles en el país con graves consecuencias, mencionando al paso que en Chile una huelga de transportistas semejante había provocado la crisis final en el gobierno de Allende.
Les escuchamos con cortesía y les pedimos que nos escuchen también con cortesía. Mostramos la información que habíamos recopilado, explicamos las consecuencias para la población del incumplimiento de la norma y el argumento definitivo fue que si en 8 años no habían conseguido el dinero para instalar esos equipos y ya el mercado ofrecía una capacidad de transporte que si cumplía, la conclusión evidente era que debían dedicarse a otro negocio porque en éste ya no tenían lugar perjudicando a la población.
Los dirigentes de uno de los gremios (el que tenía mayor número de afiliados y presencia en todo el país) entendió la situación y aceptó la decisión de la autoridad. El otro gremio se despidió vociferando y amenazando con la huelga general.
Al día siguiente en la mañana salí con el Vice Ministro de Energía a hacer una visita de trabajo a la Planta de Almacenamiento y Despacho del Callao. En la Planta vimos una afluencia normal de camiones cisterna para cargar combustible pero nos llamó la atención ver varios camiones haciendo fila en algunos talleres (después supimos que estaban instalando los equipos que exigía la norma) y al regresar a la oficina cuando atravesábamos el Callao vimos que en una plaza había algunos cartelones y pancartas que mencionaban la huelga pero los que allí estaban eran tan pocos que no representan ninguna situación crítica.
Demás está decir que esa vez (en el año 2010) el plazo se cumplió, la norma se aplicó y todos salimos beneficiados, hasta los propios transportistas al respirar un aire más limpio y al reducirse las «mermas» en su actividad.
Esta historia tiene muchas lecciones, creo que una de las principales es que la «informalidad» se asocia con alguna actividad que no cumple las normas y muchas veces se trata en forma benigna o con simpatía. Pero si analizamos en primer lugar la norma y vemos que el sustento es sano porque busca «el bien común» o «protege a la sociedad» y alguien o alguna empresa no cumple esas normas, en verdad está actuando contra la sociedad y nos hace daño a todos y debemos usar el nombre que corresponde a esa situación: ILEGALIDAD y DELITO y en estos casos el único caminos viable es que la Ley se cumpla.
