El Perú vive momentos extremos de luto y dolor, tiempos de tragedia que pudieron evitarse si la mayoría congresal compuesta por prontuariados, requisitoriados e inválidos cívicos, hubiese depuesto sus mezquinos intereses para poner por delante la salvación de la patria, ante la peor crisis pandémica y económica de nuestra historia.
Se suponía que fueron electos para salvarnos de la corrupción y la crisis política y para acometer las reformas ansiadas por décadas por la ciudadanía peruana. Sin embargo, traicionaron el voto del pueblo al hacer pedazos lo poco que se había avanzado en ellas, y al convertir el recinto parlamentario en un mercadillo del vicio y del tráfico de influencias.
No contentos con ello, quisieron subvertir la división de poderes, uno de los fundamentos de toda democracia. Es así que capturaron el Poder Ejecutivo, aprovechándose de la deuda pendiente con la justicia del ex presidente Martín Vizcarra, que bien sabían no podía ser una motivación para declarar su vacancia, dado que el único procedimiento previsto en la Constitución para destituir al Presidente de la República es el Juicio Político (Artículos 99 y 100), por lo cual el término “permanente incapacidad moral” (Artículo 113) no puede interpretarse como “permanente inmoralidad” sino como “permanente incapacidad mental.”
Más allá de maquillajes tinterillezcos, lo que hizo esa mayoría torpe fue dar un golpe de Estado. Y no sólo eso, dieron un “Golpe a la Nación” al entregar las riendas del Poder Ejecutivo a un incompetente político como Manuel Merino, quien en los pocos días en que deslució la franja presidencial instauró un régimen represivo y sanguinario, con el claro propósito de atornillarse dictatorialmente en el poder y manosear el proceso electoral en marcha.
Sin embargo, este Perú de luto no es un país arrodillado. Y es así como, desde lo más profundo de la crisis, emergió nuestra juventud con sus banderas de defensa pacífica de nuestra democracia, haciendo que la gran mayoría de peruanos se uniera a su lucha, sin color político ni ideológico, guiada por un afán reivindicativo de la moral en el ejercicio de la política.
A falta de legitimidad legal, política y social, Merino quiso mostrar desde un inicio que su fuente de poder provenía del respaldo de las fuerzas armadas y policiales. Sin embargo, su régimen se desmoronó como un castillo de naipes, en un santiamén, sin siquiera poder mantener un gabinete de ministros al menos por una semana. En su caída no escatimó en usar la violencia, el asesinato y el amedrentamiento como mecanismo de disuasión de las marchas de protesta de la población, a pesar de lo cual terminaron siendo las más apoteósicas y ejemplares de la historia del Perú.
Entre el Congreso y el Tribunal Constitucional deberá definirse lo antes posible quién será el presidente interino que lleve las riendas del país hasta el 28 de julio de 2021. En el Congreso la elección debe hacerse entre los 19 congresistas que no participaron en el complot golpista, siendo deseable que además posea prestigio profesional y esté libre de prontuarios y requisitorias. No obstante, el Tribunal Constitucional bien podría pronunciarse en un sentido que devuelva a Vizcarra al sillón de Pizarro.
Cualquiera sea el resultado y, a pesar de que el derrocamiento de Merino ha permitido bajar la tensión en las calles, lo cierto es que el país sigue en vilo, pues la desconfianza y hartazgo respecto al actual Congreso ha llegado a tal punto que la calle está exigiendo “que se vayan todos”, lo que en buen romance significaría que el propio Congreso se declare en receso hasta el 27 de julio de 2021, o que el Jurado Nacional de Elecciones decida el adelanto de las elecciones de manera que el Gobierno y Congreso venideros se instalen desde febrero o marzo.
Mientras tanto, el gobierno interino debería dedicarse exclusivamente a administrar la lucha contra la pandemia, ordenar las finanzas públicas evitando una farra fiscal electorera, y respetar el normal desarrollo del proceso electoral en marcha.
En paralelo, sería muy conveniente refundar el Acuerdo Nacional, convirtiéndolo en un organismo autónomo manejado desde la sociedad civil, que sea el eje de la construcción de consensos, incorporando a las juventudes organizadas como protagonistas en la construcción y vigilancia de las políticas públicas, especialmente durante la transición democrática.
Es crucial que no queden impunes las muertes y desapariciones de nuestros jóvenes a causa de la represión violenta del régimen Merino. La historia hoy la están escribiendo los jóvenes con su ejemplo de lucha moral y ética, libres de los complejos del pasado y de los grandes intereses acostumbrados a hacer de nuestra patria su botín.
