El Estado tiene la responsabilidad de minimizar los impactos negativos sociales y ambientales que genera la pesquería, lo que lo obliga a intervenir mediante capacitación y educación, el dictado de normas sanitarias y medio ambientales; y la fiscalización de su cumplimiento. No puede sancionar si primero no regula y enseña.
Los actores de la cadena productiva de la pesca artesanal, además y en especial, requieren de medios financieros que les permitan implementar las innovaciones tecnológicas que requieren. Para cumplir estas exigencias, deben constituir empresas formales que sean sujetos de crédito. La formalización no puede estar referida solamente a la regularización del permiso de pesca, sino que debe incluir el aspecto tributario también para convertirse en sujetos crédito. Deben formalizarse ante la autoridad tributaria.
La seguridad alimentaria del país es una responsabilidad de gobierno, por lo cual tiene que crear las condiciones básicas para la promoción del consumo y la atención del mercado nacional en las mejores condiciones calidad e inocuidad, en especial a los sectores más necesitados de proteína. Siendo que la alimentación de las poblaciones vulnerables puede no ser un negocio rentable para el sector privado ni su obligación tampoco, procede el diseño de programas sociales que atiendan esta necesidad utilizando los recursos hidrobiológicos de mayor abundancia, los cuales son provistos en su mayor parte por la pesca artesanal.
La renta de los actores de la cadena, basada en la extracción de un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos, debe generar una equitativa participación del Estado en la rentabilidad del negocio, de forma tal que le permita financiar la capacitación, la fiscalización y las acciones de investigación y desarrollo, así como de promoción y alimentación de las poblaciones más vulnerables.
Intervenciones en la mejora de la competitividad de las cadenas productivas de pescadores artesanales, sugiere que la pesquería artesanal tiene deseos de modernizarse; pero que carece de la capacidad técnica y financiera para hacerlo. Requiere de apoyo; pero ello implica formalización y participación con el Estado a través de los impuestos que correspondiesen y a través de derechos de pesca.
Se requiere de un curso de acción que obliga a la intervención del Estado en modalidades que no se abordan debidamente todavía.
