Durante mucho tiempo el país ha asistido como espectador a una confrontación de intereses en el sector pesquero. Por un lado la industria con todos sus operadores políticos en defensa de la continuidad del status que favorece sus intereses económicos.
Por el otro lado, una variedad de instituciones y organizaciones que defienden de manera desarticulada y a veces confusa, aspectos como la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Probablemente también se encuentra oculta la defensa de algunos intereses económicos. ¿Para qué y para quién se esgrime la defensa de la sostenibilidad?
Para cuidar la anchoveta, lo que significa que de una u otra forma el defendido final es la industria pesquera, no el ciudadano consumidor. Porque más anchoveta significa más harina, y también más alimento para otros peces; pero ¿a qué sector del mercado va dirigida esa mayor oferta de peces alimentados con anchoveta? Al sector que puede pagar precios como 70 soles por kilo de lenguado, o 9 soles por kilo de bonito, o 6 soles por una lata de atún. No va al sector popular, a la mayoría nacional que necesita mejor nutrición.
Ambos defensores de ideas e intereses, terminan apuntalando un mismo recurso: la anchoveta, que termina siendo exportada, bien sea como harina, conserva, anchoado o como fuera.
Nadie ha efectuado ni efectúa defensa alguna del ciudadano peruano común y corriente, del consumidor final, quien es realmente el objetivo final de la industria y de la pesca, o por lo menos debería serlo. Sea peruano o extranjero, es el objetivo final. Porque si no hubiese quien consuma, no existiría la industria. No importa si el consumo es a través de un cerdo alimentado en base a harina de pescado, una cápsula de omega 3 o una lata de conserva. Sin consumidor no hay negocio.
Pero ocurre que el ciudadano peruano es el legítimo propietario de los recursos pesqueros que los pescadores e industriales extraen y procesan pagando cifras inequitativas por ese derecho. Ocurre, en una inversión de valores y una distorsión de la realidad, que el ciudadano, pese a su derecho a la propiedad del recurso, es tratado como si no existiese en la cadena de valor o que su existencia misma fuese la menos importante.
La industria, los operadores políticos y los demás actores de la confrontación pesquera, manipulan el escenario con total olvido del ciudadano como consumidor. Nadie argumenta la posición del ciudadano como víctima de los impactos ambientales que causa la actividad pesquera. Nadie defiende el derecho a que sea incluido en la participación, no solo de la renta, sino en la distribución de productos a precio accesible a todos los niveles de ingresos de la población.
Esto ocurre con la cómplice pasividad de un Estado presionado por el crecimiento del PBI. Mantener su crecimiento es la consigna a cualquier costo, por lo que puede apreciarse en cuanto a la participación de la pesca. La segunda temporada de la pesca de anchoveta del 2015 pareciera ser una tabla de salvación para la cifra que se ha estimado, al decir de varios analistas. Está claro entonces que resulta inútil la confrontación argumentando criterios de sostenibilidad, biológicos o sociales. Esos argumentos no tienen un peso específico capaz de imponerse contra el cumplimiento de la meta de crecimiento del PBI.
La atención siempre se focaliza en la industria y en aspectos macroeconómicos. No se centra en la población, a tal punto que no existen programas sociales en la pesquería peruana. No es que un programa social sea la solución a la necesidad de mayor proteína; pero el hecho es que no existen ni como paliativo temporal, así como tampoco existen incentivos para atender el mercado interno tal como sí existen para la exportación.
La ciudadanía, hoy pasiva, deberá reaccionar ante ese estatus injusto originado por una limitada visión pesquera que, en poco o nada ha tenido en cuenta el derecho de la gente a un pescado de precio accesible. Hemos llegado a un momento en el cual la mayor parte de la oferta de pescado en el mercado nacional solamente es accesible para una mínima fracción de la población debido a sus altos precios, poco volumen y limitadas redes de distribución a nivel del interior del país.
Es hora de que la ciudadanía peruana despierte y defienda sus derechos en la pesca reclamando contra un estatus injusto de contaminación, inequitativa participación en la renta pesquera, escasez de recursos para la alimentación nacional y precios fuera del alcance de las mayorías.
No hay organización visible que piense en el ciudadano y actúe en su favor. Las organizaciones que defienden a la anchoveta están condenadas al fracaso por cuanto sus argumentos jamás desplazarán a los que apuntan al crecimiento del PBI, con los cuales se identifica la industria.
Así que es inútil que pierdan el tiempo en una pelea que no van a ganar. Esta siempre ha sido una guerra asimétrica de baja intensidad con un claro ganador, la industria pesquera.
El reto para la ciudadanía peruana es organizarse para defender sus intereses, así como hay organizaciones que defienden los suyos. Nuevos argumentos y mayor cantidad de personas serán los elementos que pueden marcar la diferencia entre el estatus actual y un nuevo modelo de gestión.
El estatus actual es una pesquería convertida en un negocio rentable para muy pocos y alimento para una minoría que puede pagar por un pescado que cuesta más que el pollo. La pesquería actual no genera impactos positivos importantes en los consumidores de menores recursos económicos, o sea la mayoría del país. Estas mayorías necesitan, no solo programas sociales, sino un modelo de gestión nuevo que mejore la atención al mercado nacional, creando las condiciones adecuadas para mejorar la oferta de productos pesqueros.
Más allá de eso, la pesca es un tema de discusión atractivo y fascinante para muchos que la ven solo por televisión, o la leen en algunos diarios cuando eventualmente ocupa titulares. De vez en cuando, distrae la atención de una ciudadanía a la cual le importa poco lo que ocurra en la pesca. Sector del cual solo sabe que cada vez es más difícil comer pescado porque hay poco y además es caro. También sabe que somos los primeros productores y exportadores de harina de pescado en el mundo, así como el país que desembarca los volúmenes de pesca más grandes del planeta. Y eso nos hace sentirnos orgullosos, somos grandes, aunque cada vez comamos menos pescado porque hay poco en los mercados y bastante alejado de los bolsillos de las mayorías.
El Perú bien puede estar representado por un niño pobre, hambriento y famélico nadando en un mar de abundante proteína que fluye hacia los mercados internacionales. No hay una corriente importante de ese mar que fluya hacia el interior del país. Todo fluye hacia afuera mayormente. Porque finalmente ¿quién cree en los programas sociales y a quién le importan las necesidades de las mayorías nacionales? Las comunidades campesinas e indígenas y los centros poblados rurales están muy lejos, no se ven, no son ciudadanos. Lo que importa es exportar más para que el PBI siga creciendo. ¿En beneficio de quién? Eso es cosa que no se sabe. Solo puedo asegurar que muy pocos pueden comer pescados y mariscos.
