La cuña fiscal, conocida como “tax wedge” en inglés, se define como el porcentaje que los impuestos, las contribuciones sociales y otras cargas sobre los salarios pagados por el empleado y el empleador representan del salario total percibido por el trabajador. Es un hecho que en los países en desarrollo, a mayor cuña fiscal existe una mayor informalidad. La persistencia o incremento de la informalidad es una de las principales causas del estancamiento del crecimiento de economías con ingresos medios (“Middle Income Trap” en inglés).
La elevada informalidad en el Perú es resultado de fallas de mercado motivadas por errores del Estado en la definición de la política laboral. Los llamados sobrecostos laborales que incluyen gastos en pensiones, seguro de salud, indemnización por despido, CTS, vacaciones, y otros beneficios, en el Perú sobrepasan el 50% del salario promedio. A esto se suma el costo de la rigidez laboral y otros aspectos legales que propician la informalidad.
El sector laboral que no percibe los beneficios asociados con estos sobrecostos laborales recibe el nombre de sector informal. El costo de oportunidad que se genera entre pagar o no los sobrecostos laborales, la cuña fiscal, es la principal fuente de la informalidad del país.
Un estudio publicado en 2013 por el Banco Interamericano de Desarrollo, elaborado por Bosch, Melguizo y Pagés, sobre política laboral en Latinoamérica, revela que el Perú es el país en la región que tiene los más altos sobrecostos laborales como porcentaje del sueldo promedio. Esta alarmante situación explica en gran medida la existencia del alto nivel de informalidad en el país, uno de los mayores de la región.
El reciente informe del INEI titulado “Producción y Empleo Informal en el Perú”, registra que el empleo informal como porcentaje del empleo total ha pasado de representar el 79.9% en el 2007 a 74.3% en el 2012 (ver tabla adjunta). A pesar del significativo crecimiento económico registrado en este periodo, el porcentaje de empleo informal se mantiene en niveles muy altos. Es muy probable que con el estancamiento en el crecimiento económico registrado en los últimos tres años, el porcentaje de empleo informal haya interrumpido su tendencia decreciente y más bien haya vuelto a crecer.
Ante esta situación dramática, la pregunta que el ciudadano común se hace es: ¿Hay algo que el Estado puede hacer para revertir esta situación? La respuesta es que si la hay. El Estado, a través de la legislación laboral y su correcta aplicación por el Poder Judicial, puede reducir la cuña fiscal y por lo tanto reducir la informalidad.
Santiago Levy, actualmente vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en un reciente libro “Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality and Economic Growth in Mexico” (Brookings Institution Press, 2008) ha planteado una novedosa idea para reducir la cuña fiscal, para de esta manera reducir la informalidad, fomentar la productividad y acelerar el crecimiento. Las propuestas de Levy vienen siendo adaptadas a la realidad de cada país de la región e implementadas con resultados alentadores.
En marzo del 2014 el gobierno de Jamaica, bajo los auspicios del BID y el FMI, aprobó legislación que anula todas las leyes de incentivos tributarios sectoriales vigentes y las reemplaza por una ley única de incentivos que reduce los costos de la seguridad social de las empresas mediante el otorgamiento de un reembolso tributario acreditable contra la regularización del impuesto a la renta. El objetivo de este incentivo tributario universal (sin distinción de sector económico) es reducir la cuña fiscal y de esta manera incentivar la formalización de la economía. Las evaluaciones preliminares de estas medidas realizadas por el FMI a mediados de 2015 revelan una formalización significativa del mercado laboral en Jamaica. Similares esquemas vienen siendo estudiados por los gobiernos de Colombia y México.
El gobierno del Perú debería estudiar estos esquemas y aplicar un esquema de reducción del costo laboral a través de un incentivo tributario equivalente al aporte previsional de las empresas acreditable a la regularización del impuesto a la renta, con el objetivo de reducir la cuña fiscal y de esta manera reducir significativamente la informalidad. La ventaja del sistema es que el incentivo se otorga contra resultados obtenidos, en este caso el pago de las aportaciones previsionales de una empresa durante todo el año. La empresa genera primero el empleo formal y a fin del año recibe el reembolso de sus aportaciones por medio de un crédito tributario. Los beneficios del esquema son múltiples, no solo reducir la informalidad sino, además, incrementar la productividad de la economía vía menor costo laboral y por ende aumentar la competitividad del Perú a nivel internacional.
El Estado peruano en lugar de tomar acciones para reducir la informalidad viene creando condiciones para aumentarla. En los últimos años la legislación laboral y su interpretación y aplicación por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, han aumentado el costo asociado a los despidos e introduciendo medidas que incrementan la rigidez laboral, contribuyendo a aumentar la cuña fiscal y por ende propiciar la informalidad.
La experiencia de Jamaica demuestra que el costo fiscal del esquema descrito se financia con el aumento de la recaudación proveniente de la formalización de la economía. Los sistemas previsionales tanto público (ONP) como privado (AFP) se repotencian con la formalización de la economía. La mayor competitividad lograda con la reducción del costo laboral incentiva la inversión y dinamiza la economía. El mayor nivel de ahorro resultante del crecimiento del sistema previsional incrementa la inversión privada en forma sustentada.
En resumen, la eliminación de la cuña fiscal con este esquema potencia el modelo económico generando una ola de confianza que contribuye a superar el estancamiento de las inversiones del sector privado. La ventaja del sistema es que el incentivo se otorga contra resultados obtenidos. La empresa primero genera el empleo formal y a fin del año recibe un crédito fiscal que le permite compensar total o parcialmente sus sobrecostos laborales, mediante un menor pago de impuesto a la renta. No solamente el empleo se formaliza sino también la renta que este genera y, por ende, la obligación tributaria. El esquema se autofinancia porque el incentivo se paga con ingresos tributarios del Estado que de otro modo no existirían.
En el caso del Perú, para asegurar el éxito de este esquema se deberá resolver también la rigidez laboral generada no solamente por la legislación laboral, sino más aún por su interpretación y aplicación por parte del Poder Judicial.
