En las dos últimas décadas el proceso de globalización ha generado profundos cambios en los sistemas educativos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, junto a un crecimiento económico sustentado en la economía del conocimiento, vienen demandando profesionales en campos más específicos, exigiendo a las universidades e institutos de educación superior a enfocarse en nuevas ramas del conocimiento y en la constante innovación y actualización de sus sistemas de enseñanza.
Dentro de este marco, la educación superior técnica es clave para elevar la productividad de las empresas y acortar la brecha con las empresas de países desarrollados. Sin embargo, en el Perú la oferta educativa técnica superior ha aumentado de manera exponencial sólo en magnitud, más no en calidad y pertinencia. Su principal carencia es el manifiesto divorcio entre los contenidos que se imparte y las competencias laborales demandadas, debido a su clamorosa desarticulación con la empresa privada, a lo que se suma su deficiente gestión, tecnología, equipamiento y materiales educativos.
Más allá de este problema de deficiencia de calidad y pertinencia de la oferta de educación técnica, existe un problema de demanda, porque el interés en recibir educación técnica por parte los postulantes a los institutos superiores es de carácter residual y no refleja la fuerte demanda laboral por parte de las empresas. Es de carácter residual porque se nutre de los postulantes fallidos a la universidad, resignados a recibir una educación percibida como de menor calidad. Menos de un tercio de los estudiantes de quinto año de secundaria pretenden seguir estudios de formación técnica; el resto se proyecta a una universidad.
Se trata de una demanda no exigente, que no busca calidad y especialización porque lo que pretende simplemente es un cartón. La aspiración mayoritaria hacia la universidad obedece a una percepción de obtener mayor estatus con el título universitario que con el de un instituto superior.
Esta problemática se agrava en los institutos superiores públicos, sujetos a un modelo de gestión rígido, plagado de regulaciones administrativas y académicas dictadas desde el Ministerio de Educación, que devienen en una tensa relación entre los directivos de los institutos y las direcciones departamentales de educación. Esta falta de autonomía merma las atribuciones de dichos directivos, agudizando la desmotivación que de por si generan las bajas remuneraciones que perciben. En este ambiente de desmotivación, no llama la atención que los directivos de los institutos públicos mantengan escasos vínculos con las empresas, las cuales tienden a relacionarse más con los institutos privados o con institutos públicos sujetos a administración privada, como es el caso del SENATI, CENFOTUR y SENCICO, debido a que éstos muestran mayor capacidad para plantear proyectos innovadores. Se trata de ‘islas de excelencia’ en un mar de precariedad de la educación técnica superior.
Para romper con este círculo vicioso se requiere de una fuerte voluntad política reflejada en una política de Estado de educación superior clara y firme. En lugar de aprobar a tontas y a locas una ley universitaria no consensuada con la comunidad universitaria, el Congreso de la República debería liderar un proceso de diálogo amplio y abierto orientado a concebir una reforma integral de la educación superior, que incluya a la educación técnica. Sólo un diálogo así, nutrido del aporte de expertos, podría sacar al Perú del ominoso lugar que ocupa en la cola de la calidad educativa superior a escala mundial.
