El 11 de enero de este año, PRODUCE emitió un comunicado en el cual decía que la norma sería revisada en atención a los reclamos y observaciones recibidos. Está terminado el día 18 y no hay ninguna respuesta sobre el resultado de la revisión.
Por tanto, la SNI ha emitido un comunicado en el cual destaca los siguientes aspectos más importantes:
«El Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, Alfonso Miranda, declaro que el Ministerio de la Producción es el responsable de la actual crisis de la Industria Conservera.
Reiteró que 5,000 puestos de trabajo en el rubro atunero se encuentran en peligro, así como la inversión de US$60.00 millones realizadas por los industriales atuneros.
El DS. 021-2017-PRODUCE que libera a los barcos extranjeros a dejar el 30% de lo que extraen en el mar de Grau, pone en la peor crisis histórica en la industria conservera de nuestro país, alertó Miranda.
Trabajadores y pescadores anuncian movilizaciones de protesta contra el referido dispositivo en el ámbito nacional.
La industria conservera atraviesa por la peor crisis de su historia por factores atribuibles a decisiones del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y que lo han puesto al borde de su extinción, alertó el Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alfonso Miranda.
“En más de 80 años de industria pesquera no se habían vivido tantos hechos que hoy ponen a la pesca para consumo humano y a la conservería en particular, al borde de la extinción”, manifestó.
Sostuvo que el referido sector ha venido de una situación de desabastecimiento de materia prima en la industria enlatadora, a la crisis de las conservas importadas que ha afectado también a los productos nacionales y al DS 021-2017-PRODUCE que libera a los barcos extranjeros que pescan en el Perú, de la obligación de entregar a plantas peruanas, el 30% de lo que pescan en el mar peruano»
No puede dejarse de lado la necesidad de conocer quién proyectó este dispositivo, con qué argumentos y porqué o para quién, porque finalmente ese es el tema de fondo y lo grave del hecho, viéndolo en un contexto general. Hoy es el atún y la conservería, mañana puede ser la anchoveta o la pesca artesanal, pasado mañana puede ser cualquier otra cosa.
Las normas podrían estar técnicamente bien elaboradas y hasta ser legales; pero más allá de la justificación legal y económica, ¿Es lo debido? La industria pesquera y el país deben ser informados de las razones que han llevado al Ministerio de la Producción a promulgar este Decreto Supremo y porqué se favorece a flotas extranjeras en perjuicio de la industria nacional. Ética y moralidad no necesariamente van de la mano con la legalidad.
Este tipo de normas que modifican las reglas de juego, desconciertan al inversionista y crean incertidumbre, se facilitan por la inexistencia de una visión oficial de la pesquería para el largo plazo y la ausencia de una Política de Estado para la misma.
La presencia de funcionarios sin experiencia ni conocimiento de la pesca, abre un espacio para que otros funcionarios con mayor conocimiento propongan y decidan sobre el sector. Lo peligroso es que no necesariamente actuarían en beneficio del país y de la industria peruana.
O se respeta el ordenamiento jurídico, o quedamos desprotegidos frente al omnipotente poder de cualquier funcionario que cree que puede hacer lo que se quiere. Lobby, intereses, lo que fuese. El hecho es que hemos apreciado cómo es que se vienen manejando algunos aspectos de la política pesquera en el país, que deben ser investigados por las instancias pertinentes a fin de descartar cualquier posibilidad de corrupción.
