El sector pesquero peruano es complejo por la diversidad de intereses existentes en la explotación de recursos naturales renovables como son los hidrobiológicos, así como por la propia naturaleza y entorno en el cual viven los mismos.
La organización de los administrados está visiblemente dispersada en demasiados gremios de pescadores artesanales poco articulados, con peticiones dispersas y no integradas, frente a una eficiente organización gremial de la industria pesquera, que además dispone de eficientes operadores políticos. Esta dispersión coloca a la autoridad de pesquería en una situación poco sencilla de manejar con eficiencia debido al tiempo que significa atender y escuchar a tantas personas, agremiadas o no.
Esta difícil situación se ve agravada cuando el funcionario carece de experiencia y conocimiento sobre la problemática sectorial. Empeora cuando además de ello no tiene conocimiento de cómo funciona el sector público, o conoce de pesca pero no del aparato estatal.
Si a esta ecuación se le agrega la ausencia de planes de largo plazo para la pesquería, estamos frente a un serio problema que tiene que enfrentarse debidamente.
Las administraciones de ayer hicieron cosas buenas y malas sin medir los impactos en el largo plazo ni la sostenibilidad de sus medidas. Cometieron errores y tuvieron aciertos. Las de hoy tienen su propia agenda y descuidan continuar lo bueno y corregir lo malo de ayer. Y olvidan que mañana el nuevo funcionario hará lo mismo y la rueda seguirá girando mientras los temas de fondo permanecen igual.
La coyuntura fuerza al funcionario a diseñar planes de impacto inmediato porque ese es el razonamiento del político que busca legitimación mediante medidas espectaculares y mediáticas. Pero sin experiencia en el sector público a veces se olvida que las ideas, sean de quien sean, no se implementan así no más como en el sector privado.
El sector público funciona bajo un sistema que básicamente obliga al funcionario a hacer lo que mandan las leyes y normas vigentes, la ley de presupuesto y los planes estratégicos sectoriales multianuales. Aún si se quiere incumplir estos planes, el aparato funciona en base a decretos supremos y resoluciones supremas, ministeriales y directorales que el Poder Ejecutivo elabora para ejecutar las políticas públicas o implementar las ideas del gobernante. Las leyes son materia del Poder Legislativo; pero aún ellas requieren de reglamentos que se aprueban por decreto supremo y son más largas de formular.
Por tanto no se puede implementar una agenda con la rapidez que se cree que puede hacerse, si no es dentro del marco legal que lo permita. Y para eso se necesita abogados. No necesariamente tienen que directores generales, ni de línea, ni autoridades políticas, pero son necesarios para elaborar resoluciones y decretos, únicos documentos de gestión que tienen fuerza vinculante. Cada director debiera tener experiencia en el sector público y en el sector pesquero y contar con el asesoramiento de abogados, también con experiencia y conocimiento pesquero, de preferencia.
Lo ideal es que la autoridad y funcionarios tengan ideas sobre el sector y una agenda desarrollada en un plan de gobierno que haya sido trabajada con asesoría legal para elaborar oportunamente y con eficacia los documentos que la hagan viable. De esta manera se implementará la agenda con rapidez.
El tema se hace problemático y se presenta grave, cuando recién empezado el gobierno se empieza a elaborar una agenda bajo presión de tiempo, sin la experiencia ni el conocimiento debidos de la problemática y necesidades sectoriales. Se puede copiar ideas o escuchar propuestas; pero ejecutarlas es otra cosa. No medir sus impactos en el tiempo y/o no consensuarlas con los administrados, también es otra cosa.
Como muestra tenemos los ya legendarios Decretos Supremos 005 y 011, que consumieron y siguen consumiendo demasiado tiempo y atención de funcionarios y administrados en perjuicio de atender temas de fondo. La fusión del CEP Paita con el FONDEPES y la desaparición del Instituto Tecnológico Pesquero es otra muestra. Dos errores cometidos ayer sin que se evalúe su corrección hoy; porque al estar enfocados en una agenda de impacto inmediato no hay tiempo para revisar el ayer ni pensar en el mañana.
Necesitamos una política pesquera de largo plazo que sea una Política de Estado consensuada con las fuerzas políticas, los administrados y la sociedad, de tal forma que se asegure su continuidad en beneficio del bien común, del público, del ciudadano, quien es finalmente el objetivo principal de toda política pública.
Esta necesidad ha constituido y constituye una propuesta permanente que he hecho a través de esta plataforma y todas aquellas en las cuales he participado, con la clara convicción de que el futuro de una pesquería peruana sostenible, solo se asegurará mediante una Política de Estado de largo plazo que sea respetada por todos.
Marcos Kisner Bueno
