Todos hablan de las ventajas de las APP, pero muy pocos de sus desventajas. Hacer más con menos dinero puede crear una ilusión presupuestaria y generar un stock de compromisos financieros que, más temprano o más tarde, estresarán las finanzas públicas. Si bien las APP reducen las necesidades financieras a corto plazo, pero crean obligaciones a medio y largo plazo. Un entorno cada vez más cambiante exigirá en el futuro que el Estado cuente con mayores recursos públicos. Para ese entonces, una parte importante de los recursos públicos estarán comprometidos.
La principal desventaja de los procesos de APP es que el Estado Peruano siempre ha tenido mucha menos información que el sector privado (proponente de la APP), de ahí que los procesos de negociación son excesivamente largos y el Estado en una oposición de desventaja enorme. La estandarización de contratos es una buena medida que ha planteado el MEF para superar el eterno problema de las renegociaciones contractuales. Es muy cierto que ningún contrato podría prever lo que sucederá en el futuro, pero de lo que se trata cuando se toma la valiente decisión de estandarizar sus contratos de APP, es hacerlo sólo con las cláusulas de aquello que el Estado Peruano considera que, por política de promoción de la inversión privada, “no son negociables”. En esto radica la diferencia entre estandarizar los términos y condiciones de una APP y congelar un contrato en el tiempo, lo cual de principio todos sabemos que no es posible. Ha llegado el momento, como ya ha ocurrido en otros países, que el Estado Peruano se ponga “los pantalones largos” y defina con contundencia lo que es “negociable y no negociable en una APP”.
