Por Marcos Kisner, experto en políticas pesqueras y blogger del Alerta Económica
En enero del 2015 se anunció la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del proyecto que crea la Superintendencia Nacional Pesquera (Sunapes). El Ministerio de la Producción espera comenzar a implementarla durante el primer semestre de 2015, según aseguró el viceministro de Pesquería, Juan Carlos Requejo.En el caso de la Superintendencia de Fiscalización, la iniciativa del proyecto de ley nació en el congresista Freddy Sarmiento y no en el Ejecutivo, pese a que estando consignado en el PESEM la iniciativa debió partir de Produce.
Debe recordarse que el proyecto de ley 1683 que proponía la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Pesquera ingresó el 8 de noviembre del 2012 y fue derivado a la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, la cual dispuso su archivamiento en el Congreso de la República con Decreto de Archivamiento Nº 003-CDRGLMGE-2031-2014/CR de fecha 15 de octubre del 2013. Este demoró casi un año en la Comisión para terminar archivado.
La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, en relación al proyecto de ley 1683, el 16 de diciembre del 2013 emitió un dictamen favorable remitiendo un texto sustitutorio después de que el 9 de diciembre 2013 el congresista Sarmiento, autor del proyecto, lo sustentó. No se sabe más del tema desde ese momento. Debe mencionarse que el MEF emitió una opinión desfavorable.
Recién Produce toma el tema el 28 de abril del 2014 planteando ante el Congreso de la República la creación de una Superintendencia Nacional de Pesca con el objetivo de mejorar la lucha contra la ilegalidad en el sector pesquero. Nueve meses después el Ejecutivo reasume la propuesta de este proyecto como se menciona al inicio de esta nota. Pero la iniciativa primera fue lanzada ante la Comisión de Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República. Dos años dando vueltas alrededor de un asunto tan importante.
En el otro caso el Congreso aprobó mediante la Ley N° 30063 la creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, el cual ya existía incluso como pliego presupuestal desde diciembre del 2014, al haberse culminado la transferencia de funciones y de partidas de acuerdo al DS º 339-2014-EF del 3 de diciembre del 2014. Este proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo el 11 de enero del 2013 y aprobado el 10 de Julio del 2013. Seis meses duró el trámite de aprobación, aunque demoró 17 meses la implementación de la norma entre la publicación de la ley y la transferencia de partidas presupuestales, demora censurable por cierto.
Ambas entidades se encuentran propuestas en el PESEM del 2011, Objetivo Estratégico 6, Política 11, estrategia 35, en el caso de la Superintendencia de Fiscalización, que no ha sido debidamente conducida para llegar a cumplirse. Y en el objetivo estratégico 36, política 12 sobre el Sanipes que si ha llegado a buen término.
Si a un año y medio del término del gobierno no se ha podido implementar el Plan Estratégico Sectorial Multianual, ¿qué significa el intento de esta Superintendencia que podría ir más allá de la fiscalización y control después de dos fallidos intentos? Más aún en el contexto del debate de una nueva ley general de pesca en el 2015 como también se ha anunciado.
Quiere decir que en este año y medio que queda hasta el término del mandato de este Gobierno, vamos a tener, quizá, una nueva Superintendencia que aparentemente no solamente tendrá funciones de fiscalización y control como proponía el Proyecto de Ley 1683, sino algunas más. Y además, probablemente, también una nueva ley de pesca cuya preparación y propuesta tiene, hasta ahora, un origen desconocido. Podría ser, por lo tanto, que el nuevo gobierno que asuma en 2016 se encuentre con una nueva ley de pesca recién aprobada y quizá también con una Superintendencia.
La inoportunidad y extemporaneidad de estas acciones demuestran escasa voluntad política y descoordinación dentro del Estado, no solo para introducir reformas en el sector, sino para mejorar su administración y regulación en beneficio del futuro de la pesquería. No existe seriedad política para enfrentar problemas y temas como es el caso de la pesca ni visión de futuro y de país. Nadamos en un mar de improvisaciones y descoordinaciones que dañan al Perú y hablan muy mal del Estado, decepcionando una vez más al ciudadano.
