La costumbre no siempre hace una norma. No es legal atentar contra la vida para conseguir un puesto de trabajo, ni tampoco lo es para negociar con un empleador del sector de construcción civil, la violencia es, sin duda, ajena a la protección que otorgan los derechos laborales.
De acuerdo al servicio de inteligencia de la PNP, cuando una empresa se instala para construir una obra se acerca un seudo sindicato que plantea contratar determinado porcentaje del personal necesario entre sus agremiados, incluyendo a los dirigentes como obreros fantasmas. En ese número de obreros se incluye el personal de seguridad, lo que les permite andar armados en las obras, en algunos casos se dice que obligan a contratar a ex presidiarios como supuestos actos resocializadores, pero estos nunca trabajan.
Pareciera que durante muchos años los empleadores del régimen de construcción civil, se hubieran acostumbrado a pagar estos cupos, y que los ciudadanos también nos hubiéramos vuelto indiferentes a este problema que lo vemos como ajeno y privativo de las personas que se dedican a esta actividad.
Sin embargo, si vemos las cifras, podemos ver que este problema es más grande de lo que se piensa, pues en nuestro país existe más de medio millón de trabajadores de construcción civil, ocupando de ese modo el séptimo lugar de ocupabilidad, de este modo, el problema de la violencia en este sector, no solo es antiguo, sino masivo en un sector que ha originado medio centenar de muertes en el último bienio.
Los cupos no son legales, todo lo contrario. Sin embargo, esta práctica se mantendrá o aumentará mientras no exista un alto nivel de protección ciudadana en este sector.
Por Boris Sebastiani, abogado de Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya.
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