Uno de los factores importantes que contribuyen a la competitividad del país, es la infraestructura de transporte y la gestión de la logística de los productos. A pesar de ello, los problemas estructurales del sector no se están afrontando, creándose una barrera infranqueable para que la problemática del transporte sea gestionada en forma eficaz y eficientemente.
Parece que el concepto de competitividad ha pasado a un segundo plano para los gobernantes, empresarios y la ciudadanía en general, cuando debemos incrementar la productividad para competir a nivel internacional, con un clima que promueva la inversión para que la economía crezca para desarrollarnos como país; contando con una infraestructura de transporte que contribuya a reducir la pobreza. Hoy, sólo estamos pensamos en resolver los problemas coyunturales, no estamos mirando el largo plazo, ni evaluando las acciones estratégicas necesarias que el país necesita y; seguimos bajando en el ranking de competitividad.
La importancia del transporte para el desarrollo y la integración del país nadie lo discute. Todos esperamos que haya infraestructura multimodal, es decir carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y otros medios, que faciliten el traslado de los bienes de los centros de producción a los mercados e integren a los pueblos rurales y; que el tráfico en las ciudades sea fluido y ordenado para tener una mejor calidad de vida en las zonas urbanas.
Sin embargo tenemos costos logísticos elevados, brecha de infraestructura importante, caos en el tráfico de las ciudades que atentan contra la competitividad del país y la calidad de vida de la población. No existe una verdadera planificación que permita contar con un Banco de Proyectos, no se cuenta con los recursos humanos competentes y; el sector es uno con menos profesionalismo y mayor informalidad.
Considero que dicha situación se genera porque tenemos un grave problema de institucionalidad, no se le da la importancia a la planificación, la administración se encuentra atomizada en diferentes entidades cuyas competencias se superponen y; tenemos un sistema de inversiones que es burocrática en el cual prevalece los intereses particulares sobre la demanda de las necesidades que el desarrollo del país requiere.
Por ejemplo, la propia Ley del Poder Ejecutivo no le permite al Ministerio de Transportes y Comunicaciones contar con una Oficina de Planificación, que elabore un Plan Multimodal de largo plazo e identifique los proyectos que deben ejecutarse por etapas, obligando a que sólo haya la Oficina de Planificación y Presupuesto de este Ministerio dependiente de la Secretaría General, que se encarga sólo de los aspectos administrativos internos de la Institución y no del desarrollo del Sector. En esta forma, dicha Oficina se encarga de incorporar al presupuesto, los proyectos que se han decidido incorporar, sin tener un Plan con visión de futuro.
La falta de planificación multimodal ha originado que las vías férreas hayan involucionado, el cabotaje no ha evolucionado, los puertos y los aeropuertos no tienen un desarrollo armónico para satisfacer la demanda del transporte. De esta manera los proyectos se van ejecutando por las presiones de la población o de un sector económico o de otros intereses. A veces la infraestructura tiene que colapsar para que se origine la protesta de la población para que se tome la decisión de la ejecución de un proyecto de ampliación.
Además la institucionalidad actual permite que no haya recursos humanos idóneos, al tener un sistema de remuneraciones desordenado que no atrae ni mantiene a profesionales capacitados y probos para el Sector, una gestión que cuestiona una buena actuación por intereses particulares o políticos, en la que participan los órganos de control y del sistema de administración de justicia, ahuyentando de esta manera a los profesionales capaces y probos, manteniendo a los menos capacitados mientras que la corrupción se va incrementando por la impunidad.
Tener los conceptos bien claros es otro tema muy importante para un buen diseño institucional. Por ejemplo, todos entendemos que una Autoridad no puede operar porque se crea la situación de juez y parte a la vez; pero tenemos ejemplos en el sector que la Autoridad ejerce la actividad que regula, lo cual es incongruente; sin embargo, así está establecido en las propias disposiciones legales vigentes.
Otro problema institucional es la asignación de competencias a las diferentes entidades y niveles de gobierno. Todos tenemos el concepto que un territorio debe ser administrado en forma integral al igual que un sistema y no puede gestionarse observando una parte del territorio o de un sistema, sin analizar los impactos de las acciones en todo el territorio o en el sistema. Sin embargo se toma decisiones en esta forma con un mayor costo a largo plazo.
Por ello, es necesario hacer una reforma institucional en donde, el enfoque de procesos debe ser el principio que nos debe regir en su diseño para soportar una gestión de calidad, al definirse claramente las funciones y responsabilidades de una Autoridad para los procesos para: i) planificar, ii) regular (dictar normas), iii) autorizar, iv) fiscalizar v) ejecutar los proyectos y vi) mantener adecuadamente la infraestructura, dejando que otros entes se encarguen de las actividades reguladas, los mismos que deben ser independientes de la Autoridad.
De esta manera la nueva institucionalidad permitirá conocer los verdaderos perfiles de los cargos de las diferentes dependencias, lo cual facilitará la designación de recursos humanos que deben ajustarse a las necesidades de la organización. Además debe darse estabilidad para el desarrollo de este personal y eliminarse las acciones que ahuyentan la captación y permanencia de profesionales probos.
Dicha institucionalidad debe ser apoyada por la utilización de medios informáticos a fin de reducir la corrupción y mejorar los controles, para que la sociedad – que tiene una cultura de no cumplimiento de obligaciones – se encauce a una de respeto a las normas y a los derechos del prójimo.
Soy consciente que este esfuerzo de re diseño e implementación de la nueva institucionalidad toma su tiempo, pero estoy convencido que es el camino correcto para resolver los problemas estructurales del transporte, porque continuar actuando en la forma como lo estamos haciendo, seguiremos esperando las soluciones de la problemática del transporte.
Muchos dirán que es muy difícil ejecutarlo, porque los gobiernos están más interesados en hacer obras para inaugurarlas durante su gestión, creando una imagen de progreso que sólo es temporal y no le dan la prioridad a la solución a los problemas de fondo del sector.
Los problemas que hoy sufrimos en el transporte en la capital es un claro ejemplo de los resultados de la forma de gestión de las diferentes administraciones públicas y de los empresarios del sector. Infracciones de tránsito con multas que no se pagan, paraderos para buses en las carreteras, vías expresas con embotellamientos, empresas de transporte público afiladoras, incumplimiento de normas de pesos y medidas, entre otros aspectos, son problemas que afrontamos porque no planificamos con visión de futuro, tenemos una gestión débil y no tenemos los conceptos claros.
El planteamiento no implica paralizar proyectos, mientras se diseña e implementa la nueva institucionalidad. Hay que continuar tomando decisiones aunque ello implique un mayor costo, pero paralelamente hay que ir resolviendo los problemas estructurales.
