Proveer infraestructura es uno de los principales roles del Estado para que el país pueda desarrollarse en forma competitiva y que la población tenga una mejor calidad de vida. Tenemos una deficiente gestión en este aspecto, y ni siquiera el Estado puede determinar la brecha existente para sustentar la actividad económica actual y el sector privado ha tenido que calcular dichas necesidades.
La corrupción en los tres niveles de gobierno ha sido evidenciada llegando a involucrar a altas autoridades del país, nos obliga a replantear la institucionalidad del país. La frase de Albert Einstein, es una locura hacer la misma cosa una y otra vez esperando diferentes resultados, es aplicable en este caso.
La Comisión de Integridad creada por el actual Gobierno en su Informe Final señala como uno de los ejes para la lucha contra la corrupción, contar con un Plan Nacional de Infraestructura. El Ministerio de Economía y Finanzas ha declarado que se iba a encargar de su elaboración. Al respecto, si la reconstrucción del Niño Costero representaría una inversión de 6 mil millones de dólares y para su ejecución se anuncia que se va a elaborar el Plan correspondiente; sin embargo para superar la brecha de infraestructura por 160 mil millones no se conoce Plan alguno.
Dicho ello, significa que estamos en el camino para hacer algo diferente para tener resultados que desde hace décadas estamos esperando. El caso de las inversiones en infraestructura requiere de un gran cambio institucional para resolver el problema estructural que tiene la gestión pública, la misma que ha permitido la corrupción que hoy se conoce.
Crear el Ministerio de Infraestructura como existe en otros países, es una necesidad imperiosa para cuidar mejor el uso de los recursos públicos a través de una organización con funcionarios y personal competentes y probos, donde la asignación de responsabilidades sean claros para que la separación de responsabilidades que demanda el control preventivo se aplique eficazmente y las decisiones que se tomen tengan el sustento sólido en donde participan diferentes órganos.
El Decreto Supremo N° 003-2013-PCM que aprueba la política de modernización del Estado al 2021, publicado hace más de cuatro años, señala que se deberá cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos, que orientará la gestión pública al servicio del ciudadano.
Los principales procesos que se identifican para ejecutar las inversiones en infraestructura son: i) planificación, ii) identificación de proyectos, iii) priorización de proyectos y iv) decisión de inversión pública o asociación pública privada.
En el caso de inversión pública los procesos son: i) determinación del presupuesto del proyecto, iii) elaboración de expediente técnico, iv) ejecución de las obras, v) procesos de contratación y vi) administración del proyecto.
Los procesos para la modalidad de asociaciones públicas privadas serían: i) definición del modelo económico del proyecto, ii) proceso de promoción de la inversión privada, iii) participación del organismo regulador iv) participación del Ministerio de Economía y Finanzas para verificar el compromiso del uso de los recursos públicos, v) proceso de licitación del proyecto, vi) suscripción de contrato y vii) ejecución del contrato.
El Ministerio de Infraestructura debe elaborar el Plan Nacional de Infraestructura para cubrir la brecha existente y apoyar el desarrollo del país. Este proceso debería estar a cargo de una Dirección que asuma las funciones de planificar y además la de verificar los costos de los proyectos determinados por otra Dirección a fin de que haya control concurrente. Actualmente las inversiones en infraestructura se ejecutan en función a la presión de grupos, sin tener la visión de futuro que nos da la prospectiva.
Un ejemplo de la necesidad de tener un nuevo enfoque para la gestión de la infraestructura es el caso del proyecto de Chincheros. Todos hablan de la concesión del aeropuerto y nadie sobre el acceso a ella y el plan de desarrollo de la ciudad relacionado al nuevo terminal aéreo a fin de tener un buen ordenamiento territorial. Por tanto el aeropuerto debería ser considerado como un componente de un proyecto integral.
Por lo expuesto considero que es necesario contar con un Ministerio de infraestructura organizado con el enfoque de procesos, con controles que reduzcan los riesgos de corrupción y una administración profesional que es necesario formarla para un mejor uso racional de los recursos del Estado.