En un cambio significativo en la política de vivienda, los municipios peruanos ahora tienen la capacidad de negarse a autorizar la construcción de viviendas de interés social. Este cambio podría tener un impacto significativo en la disponibilidad de viviendas asequibles en el país.

La nueva normativa permite a los municipios evaluar si las propuestas de construcción de viviendas de interés social son compatibles con sus planes de desarrollo urbano. Esto podría dar lugar a un mayor control local sobre el desarrollo, pero también podría limitar la cantidad de viviendas asequibles disponibles.

A pesar de las preocupaciones sobre el potencial de esta política para limitar la construcción de viviendas asequibles, los defensores argumentan que permitirá a los municipios asegurar que el desarrollo se realice de una manera que beneficie a las comunidades locales.