El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República un proyecto para aprobar la nueva Ley de Contrataciones del Estado, argumentando que la actual está «desfasada y desactualizada». La propuesta busca unificar y mejorar la gestión de adquisiciones estatales realizadas a través del régimen de contratación pública, basándose en los resultados obtenidos por los funcionarios del Sistema Nacional de Adquisiciones.
El proyecto de ley propone establecer un régimen de contratación pública unificado, que incluiría regímenes especiales de contratación vigentes. Además, busca incorporar en las contrataciones del Estado los principios de colaboración, innovación y valor por dinero, con el objetivo de maximizar el valor obtenido en cada contratación, enfocándose en eficiencia, eficacia y economía. También pretende integrar la gestión de riesgos en los procesos de contratación y promover la integridad en las compras públicas.
El proyecto de ley también pretende fortalecer el papel del OSCE, permitiéndole aplicar medidas correctivas, validar procesos en curso o suspenderlos. El motivo para esta nueva ley es la baja competencia en los procedimientos de selección de licitaciones y la ineficaz atención a las necesidades del Estado.