El Covid-19 ha puesto al desnudo muchas falencias del Perú, que pudieron solaparse con los sólidos fundamentos macroeconómicos (equilibrio fiscal y elevadas reservas internacionales) exhibidos a lo largo de tres décadas y por el formidable crecimiento económico de más de 6% anual logrado entre 2002 y 2013.
Entre las muchas falencias, quizás la mayor de todas -porque de ella se derivan las demás- es la inoperancia de un Estado burocrático, ineficiente y corrupto, cuya estructura ha permanecido intocable gobierno tras gobierno.
Si bien es cierto que el fracaso de la guerra anti Covid-19 en parte es responsabilidad de los anteriores gobiernos que no hicieron nada por mejorar el sistema de salud, también hay que reconocer que le dejaron a Vizcarra las arcas fiscales repletas, lo que le ha permitido dedicar más recursos a la lucha anti Covid-19 que la mayoría de países del mundo.
Sin embargo, esa inoperancia se refleja en la falta de claridad y efectividad de la política sanitaria y económica anti Covid-19 y en la ausencia de criterios claros para diseñar el plan de normalización económica.
Hasta ahora apenas 13,253 empresas recibieron autorización para operar en la primera fase de la normalización económica; menos del 7% respecto al número de empresas que paralizaron sus actividades.
La mayoría de empresas agonizan sin poder restablecer sus labores debido a una tramitología lenta y sujeta a elevada discrecionalidad. Burócratas sin conciencia de lo que implica una parálisis económica absoluta para las empresas, se toman todo el tiempo del mundo para otorgar los permisos y autorizaciones.
Los criterios de focalización están demorando en definirse para muchas actividades que se suponía tenían que empezar a operar desde la primera fase del proceso.
En las últimas semanas han sobrado las muestras de incapacidad de gestión del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales. La burocratización, la corrupción, el clientelismo, el rentismo, la sobrepoblación de asesores, los favores políticos, entre otros, son males endémicos que siguen latentes.
A la aceleración de las curvas de contagio y de letalidad del Covid-19 le están siguiendo las curvas en aceleración del desempleo y empresas en insolvencia. Solo queda mirar hacia el 2021 con esperanza de que la población, por fin, sepa elegir un nuevo gobierno y un nuevo congreso.
Más importante que votar a favor o en contra de la derecha o la izquierda, será votar a favor de la transparencia y las ganas genuinas de transformar el Estado, haciéndolo más eficiente y eficaz.
Solo el nuevo gobierno podrá emprender una reforma profunda que corte de raíz este mal endémico. Deberá empezar instituyendo una carrera pública meritocrática, acompañada por una reforma profunda del proceso de descentralización, aumentando la gobernabilidad con la conformación de gobiernos macro regionales y mancomunidades de gobiernos locales, y fusionando entidades públicas que duplican funciones y sintetizando procesos a través del uso de tecnología.
Mientras desde la orilla de izquierda criolla la culpa de todo es de un supuesto modelo neoliberal que habría estado vigente desde principios de los 90’s, desde la derecha criolla la culpa sería del intervencionismo estatal que inhibe las inversiones faraónicas que por muchos años han sido promovidas bajo la mesa por grupos económicos monopolistas.
Lo cierto es que lo que se necesita cambiar es un ‘modelo neo mercantilista’ impuesto por una clase dirigente populista, caudillista, clientelista y corrupta en alianza con grupos monopolistas corruptos y mafias dedicadas a actividades ilícitas, como el narcotráfico, la tala ilegal, el contrabando, la subvaluación de importaciones, etc.
A pesar de que dicha alianza ha sido golpeada por el escándalo Lava Jato, sigue siendo dominante en tanto mantiene su poder a través de la captura de entidades públicas, más allá de quien asuma el timón de cada ministerio. Mientras más bisoño mejor; más fácil de manejar.
Es una alianza que margina a los de abajo para poder burocratizar el Estado y aprovecharlo como botín, poniéndolo al servicio de sus objetivos monopolistas, rentistas y caudillistas, aun en situación de un estado de emergencia nacional. Negocios son negocios.
No extrañe que durante los años de auge económico el gasto público corriente haya crecido más que el PBI, engordando la burocracia clientelista estatal, en proporción inversa a la calidad de sus servicios al ciudadano. Este estatus quo alienta la informalidad y alimenta una burocracia improductiva que ahuyenta las inversiones.
El derecho a la vida pasa por el derecho de las mayorías a emprender y generarse un sustento digno, lo que supone ponerle un límite al burocratismo y a la monopolización económica. La mayor marginación se da ahí donde no hay mercados y hay demasiado Estado burocrático y corrupto.
