La amenaza del lobby y el poder fáctico es real.
Información para entender mejor el lobby y el poder fáctico.
Las embarcaciones de bandera extranjera
Las multas pesqueras.
En el contexto de lo que muestran las transcripciones de algunos artículos que se presentan en este artículo, la indiferencia del Estado para con la pesquería, en especial la artesanal, ¿se deberá acaso a la existencia de algún poder fáctico o lobby que maneja el sector desde las sombras, orientando las acciones necesarias para sus propios intereses en desmedro de otros? ¿O hay alguna otra razón? Es un tema para reflexionar.
La sociedad peruana tiene que conocer y entender cómo es que funciona el Estado y cómo se elaboran las leyes y normas que deciden el futuro de la Nación. Debemos estar atentos y vigilantes a que esa metodología inmoral de formulación de normas no se instale en el país como una forma más de corrupción. Solo así podrá organizarse y luchar por el establecimiento de un sistema que defienda al país del ataque e intromisión de los poderes fácticos y de los lobbies que influyen para que país funcione solamente para satisfacer sus propios intereses en desmedro de los intereses nacionales y de las mayorías.
Los poderes fácticos son sectores de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, que ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión o influencia. El poder fáctico no coincide necesariamente con el aparato formal del Estado pero puede influir en las estructuras legales y regulatorias, por intermedio de su autoridad informal o su capacidad de presión. El poder fáctico no está legitimado ni siempre busca la legitimidad para ejercerse, pero ejerce de facto (de hecho) el poder aunque no lo haga de iure (legalmente) ya que su mera existencia le hace ser determinante.
El lobby en esencia no es malo ni es delito, dado que toda empresa buscará siempre la protección de sus intereses y la consecución de sus objetivos. El problema es que hay un funcionario amoral y el lobista lo sabe. Por ende, lo corrompe para conseguir sus fines e intereses. Lo que se requiere es que el funcionario que es sujeto de influencia sea una persona decente, comprometida con el país, intelectualmente honesta, de una moralidad y ética intachables, moralmente obligado a actuar en forma justa y debida, pese a la presión o tentación proveniente de sobornos. El funcionario debe tener el criterio para determinar si sus recomendaciones o sugerencias son lícitas o no, si benefician a alguien en especial y si hay algo a cambio o no, derivado de la aprobación de la norma requerida. Debe tener el valor de decir “no” cuando piensa que es “no”. Pero cuando dicen “si” mientras piensan que “no” o dicen sí por la carrera, comodidad, por la ganancia, por el temor a perder su empleo, mientras su conciencia dice que no, o calla, entonces el lobby se convierte en un acto de corrupción avalado por el funcionario público. Más aún si deriva en sobornos.
La administración pública ha sido prostituida y corrompida por políticos mediocres e inmorales, a un nivel jamás antes visto, o por lo menos conocido, en la historia republicana. El poder del lobby o del poder fáctico sería mínimo, en la medida que el funcionario público fuese la persona correcta. Lamentablemente la realidad nos muestra que eso no está ocurriendo, sino que tiende a agravarse, como leerse en los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/01/la-administracion-de-la-pesca-en-el-peru.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/03/la-institucionalidad-y-la-pesqueria-en.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/01/peru-un-pais-sin-politica-pesquera.html
LA AMENAZA ES REAL
La administración de la pesquería, así como la generación de normas y reglamentos, deben estar basadas en una política que priorice el bienestar de las mayorías, que visualice el futuro del sector y que tenga objetivos de corto, mediano y largo plazo. No se puede permitir que el futuro esté en manos de personajes sin visión ni interés por los más, ni de los mezquinos intereses económicos de lobistas quienes representan a los menos.
¿Puede el futuro pesquero del Perú estar en las manos de funcionarios temporales sin mayor legitimidad que una resolución que los designa? ¿Sin visión de país, carentes de la experiencia necesaria y de decencia intelectual, amorales y sin agenda de largo plazo, sino tan solo los intereses gestionados por lobistas y/o poderes fácticos sin escrúpulos, que en la práctica se convierten en los verdaderos hacedores de las normas?
Los políticos en general son recursos renovables y no extinguibles.
Todos los lineamientos de política que pudieran ser diseñados debieran obedecer a principios y valores y quien no los tenga será incapaz de ordenar y gestionar un sistema distinto al vigente que prioriza el objetivo del «éxito en la vida» medido por la cantidad de bienes materiales acumulados y no por la calidad humana individual y el bienestar comunitario.
Nos hemos convertido en un “Estado empírico” copado por miles de intereses particulares a los que poco o nada les importa el interés nacional.
Esto viene ocurriendo desde siempre posiblemente, incluidos probables sobornos. Pero ¿es lo debido? La costumbre no convierte lo inmoral en moral ni lo indebido en debido ¿Cuánto más se va a permitir que así ocurra?
http://revistapesca.blogspot.com/2022/12/la-designacion-de-nuevas-autoridades-en.html
Como se expone en las siguientes transcripciones, se debe prestar especial atención al lobismo y a la actuación de los poderes fácticos en la pesquería peruana, a fin de proteger la sostenibilidad de nuestros recursos pesqueros. Este análisis de la recopilación de información, nos debe inducir a investigar que mucho de la normativa vigente podría tener su origen en la presión de lobbies o de poderes fácticos.
INFORMACION PARA ENTENDER MEJOR EL LOBBY Y EL PODER FACTICO
“El objetivo del lobbying es la gestión de intereses, muchas veces asociado a formas de captura del Estado. El lobbying busca afectar las políticas públicas y legislaciones, proveyendo a los hacedores de políticas información específica sobre preferencias o posiciones políticas de los distintos grupos de interés (…). El objetivo del lobbying es, por lo tanto, influenciar al legislador o funcionario público con capacidad de decisión. Para ello el lobbying incluye una serie de prácticas tanto directas como indirectas: reportar resultados de investigaciones y encuestas; organizar grupos de investigación en diversos proyectos, asistir como expertos a diferentes audiencias informativas, de los distintos cuerpos de gobierno. Y suministrar reportes técnicos e investigaciones de los tomadores de decisiones. (Anastasiadis, 2006: 11)”
El término corrupción puede tener diferentes significados para diferentes personas. En lugar de utilizar el término general ‘corrupción’, deberían identificarse explícitamente los tipos específicos que se quieren abordar, como el soborno, la malversación o la colusión.
“Soborno: Esto implica una ventaja (p. ej. un pago o un obsequio) que se transmite a alguien en una posición de autoridad o influencia a cambio de un servicio o favor ilícito. El soborno existe a un nivel ‘pequeño’ – una pequeña cantidad de dinero pagada a un inspector de puerto ‘para que haga la vista gorda’. También puede implicar sumas considerables -millones de dólares pagados como ‘soborno’ para ganar un acuerdo de pesca o de inversión del gobierno.
Estas ventajas otorgadas a (o extorsionadas por) una autoridad pública pueden tener varias formas y tamaños: regalos, viáticos extravagantes para asistir a reuniones, ofertas de viajes gratis al extranjero, becas, puestos de trabajo o lobby político5 – no simplemente el viejo cliché de un sobre marrón lleno de dinero. Identificar los beneficios no monetarios como sobornos es extremadamente difícil, y puede transcurrir un tiempo considerable entre el momento en que alguien recibe el regalo y hace el favor: el ‘quid pro quo’.
¿Qué pasa con la pesca marina? Muy pocos casos de corrupción en el sector han aparecido en los titulares en los últimos años, y los gestores públicos, las ONG y los académicos han prestado escasa atención al asunto. Sin embargo, una mirada rápida sugiere que existe un alto riesgo de que la corrupción se encuentre presente en el sector:
Algunas de las naciones pesqueras más poderosas del mundo -como China, Rusia, Corea del Sur, Japón y los miembros de la Unión Europea- se encuentran en una ‘lucha’ cada vez más intensa por los recursos pesqueros. Estos Estados ‘miran’ cada vez más las aguas territoriales de los países pobres, lo que genera preocupación sobre hasta qué punto garantizan que sus empresas pescan de forma sostenible y ética.
La corrupción es incuestionablemente un problema crítico para muchos sectores. Sin embargo, la corrupción en la pesca recibe una atención sorprendentemente limitada en los debates internacionales sobre reformas pesqueras. La transparencia se considera muchas veces como una forma importante de prevenir y detectar la corrupción, al poner en evidencia las actividades, decisiones y gastos del gobierno, y al aumentar los niveles de responsabilidad. Sin embargo, el poder de la transparencia para combatir la corrupción rara vez radica en revelar casos específicos de corrupción. En cambio, el impacto de la transparencia podría ser más indirecto, al ayudar a cambiar los debates políticos hacia la obtención de una mayor rendición de cuentas del sector público”.
Fuente: https://www.fiti.global/wp-content/uploads/2021/03/FiTI_tBrief05_Corruption_ES.pdf
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Es usual que, los datos sobre la pesca no reflejan su importancia para los medios de vida y la seguridad alimentaria, ni las preocupaciones sociales y ambientales del sector artesanal. La pesca suele valorarse en términos de su contribución al PBI nacional, y los datos que se recogen son principalmente sobre las capturas y la mano de obra.
La falta de información gubernamental se ha identificado como una enorme barrera para la gestión pesquera responsable. En particular, la información sobre el sector pesquero artesanal suele ser incoherente, obsoleta y de mala calidad. El flujo de información de la pesca artesanal hacia las autoridades es mucho menos abundante que el del sector industrial. Los esfuerzos para documentar las actividades del sector artesanal pueden ser enormemente difíciles. En cambio, en el sector industrial es mucho más fácil medir y recopilar información, a pesar de los problemas de subdeclaración o de no informar sobre las actividades. Por ello, la información gubernamental sobre la pesca industrial suele ser más completa.
Fuente
https://www.fiti.global/wp-content/uploads/2021/10/FiTI_tBrief06_SSF_ES.pdf
“En el caso de un gestor de intereses que actúa en representación formal o informal de un tercero, este es contratado por el interesado en influenciar en política pública, actúa como un intermediario en la relación entre el interesado y el funcionario público, y recibe una remuneración o compensación por ese servicio. Algunos ejemplos son los siguientes:
-Abogados independientes o estudios de abogados: En ciertos casos, cuando la entidad que desea influenciar una política pública es una corporación de gran escala, su bufete legal puede desempeñar el rol de gestor de intereses en representación de la empresa.
De hecho, el límite entre representación legal de un cliente y la representación de sus intereses ante el Estado puede ser difícil de identificar, y la fijación de dicho límite es materia de un activo debate global y local. Por ejemplo, un bufete legal puede representar a una gran corporación en el análisis legal de una medida arancelaria que impacta en sus operaciones, y –a la vez– monitorear y desarrollar relaciones con los congresistas miembros de una comisión en la que se recomendará una política que afectará a la empresa con el objetivo de influenciarlos.
-Consultores o firmas de consultoría independientes: La figura del consultor o boutique de consultoría altamente especializado es, asimismo, recurrente. Se trata de profesionales o grupos de profesionales que ostentan un conocimiento o acceso especial a un grupo específico de funcionarios públicos o a una entidad pública específica. Tal sería el caso, por ejemplo, de un consultor independiente especializado en asesorar a promotoras inmobiliarias que desean invertir en un distrito específico, y que tiene un conocimiento en profundidad del funcionamiento de las normas de desarrollo urbano de ese distrito, o una relación estrecha con los funcionarios de dicha área o entidad.
-Agencias de relaciones públicas: Algunas agencias de relaciones públicas –cuyo enfoque tradicional es asesorar a empresas en su estrategia de comunicación general y, en especial, en su relacionamiento con medios de comunicación–, también, desempeñan un rol como gestoras de intereses.
Cabe comentar, en ese sentido, que algunas de las firmas multinacionales de relaciones públicas forman parte de grupos que, a su vez, cuentan con empresas formales de lobby; es decir, existe a nivel global una relación estrecha entre ambas actividades. Se debe agregar que el método de «mapa de relacionamiento» o «mapeo de stakeholders» es una herramienta central de ambos oficios, el del relacionista público y el del gestor de intereses.
-Gestores de intereses profesionales: Aunque su número es reducido, existen actualmente empresas profesionales de gestión de intereses o gestores independientes que se rigen por la Ley 28024, y que prestan sus servicios a empresas privadas. Estos gestores se definen por haberse inscrito en el registro de gestores de intereses de la Sunarp (según manda la Ley 28024) y por cumplir con sus pautas de reporte sobre sus actividades.
-Asociaciones civiles sin fines de lucro: La asociación civil sin fines de lucro es un vehículo o entidad sumamente flexible y maleable, que puede fungir en ciertos casos como gestor de sus propios intereses. También, puede actuar como intermediario de los intereses de un tercero, en ocasiones, de manera abierta o pública, y, en ocasiones de manera, oculta o indirecta. Este posible rol de las asociaciones civiles sin fines de lucro como gestor oculto o indirecto de intereses de terceros será discutido en la siguiente sección sobre mecanismos de lobby.
Los medios de comunicación se constituyen como un caso especial, en la medida que no necesariamente ejercen su labor periodística con neutralidad, sino que, con frecuencia, pueden adoptar posiciones o agendas parcializadas en asuntos que impliquen una gestión de intereses. Cuando esta parcialización se realiza de manera abierta, como cuando –por ejemplo– el medio asume una clara afiliación política o ideológica, o le pertenece abiertamente a una empresa o gremio, puede ser considerado como un actor secundario. Sin embargo, un medio de comunicación puede ocultar una posición parcializada bajo una postura de neutralidad periodística, manipulando la manera como reporta un determinado tema de tal manera que lo influencia sin comprometer su aparente neutralidad.
«El corrupto no se reúne en la oficina del ministro para plantearle una coima. Quien cree que la corrupción funciona así simplemente no entiende cómo funciona la corrupción».
«resulta útil para el análisis sobre el poder y la comunicación identificar y vincular esos tipos de gobernabilidad, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con un quehacer mediático, que se puede estudiar desde la agenda de noticias, encuadres (framing), o estilos de llevar a la práctica la política en el contexto de los medios.
Lo que se encuentra es que hay un tipo de política que por lo general busca acumular poder, alejándose de una política con vocación por lo público, orientada hacia el bien común, el servicio público, la equidad social. Se va configurando una tendencia en la que el deterioro de la política, limita las posibilidades de reformas orientadas al desarrollo humano y al cumplimiento de los derechos humanos.
Esas distorsiones de los poderes fácticos en la forma de hacer política, en la gobernanza, en el manejo de los medios y las comunicaciones tienen efectos en la agenda mediática, en los imaginarios, análisis y lectura de la realidad que ofrecen los medios a la opinión pública. En este tipo de contextos, se presenta un escenario de gestión del poder en el que el mercado de capitales y el comercio condicionan el tipo de gobernabilidad y las prácticas políticas para acumular poderes con una vocación por lo privado en detrimento de lo público.»
En mayo 2012, la revista IDEELE publicó un artículo cuyo contenido sigue vigente y del cual algunos extractos son los siguientes:
“El desconocimiento del sector pesquero es abrumador, y la gran prensa se ocupa de no enterar a una sociedad que vive de espaldas al mar, indiferente a la problemática pesquera, de cuya solución depende en gran medida la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Los recursos pesqueros son valores que no pertenecen a quien los explota sino a su dueño, que en el caso de los recursos marinos somos todos los ciudadanos y no un oligopolio privilegiado. De la correcta gestión de tales recursos depende el futuro del ecosistema marino y la adecuada nutrición de millones de peruanos.
En este lamentable contexto, el papel del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) resulta clave por ser la institución que dice cómo, cuándo y cuánto pescar. Si no se respeta la opinión científica del Imarpe por privilegiar intereses particulares, entonces seguiremos el derrotero de la depredación, el abuso y la impunidad. Tras una dilatada gestión de 15 años, corrieron los vientos del cambio en el Imarpe y el Viceministerio de Pesquería. Aparentemente. Digo esto porque el ‘gatopardismo’ de quienes manejan el statu quo de la pesquería peruana admiraría al propio Lampedusa. Mientras no se realice una auditoría científica a los estudios realizados por el Imarpe y a toda la gestión durante los últimos 15 años, solo se cambiará algo para que todo siga igual, como noveló el solitario Lampedusa.
En la actualidad resulta innegable la merma de las poblaciones de peces e invertebrados, sobre todo los recursos costeros. No es exagerado afirmar que la sardina ha sido extinguida comercialmente, que la población de merluza es residual y ha sido revejida por la sobreexplotación e irresponsabilidad del propio Estado. ¿Dónde estaba la palabra del Imarpe entonces? ¿Quiénes eran los responsables de los estudios de merluza y sardina? ¿Quiénes dijeron que había 500 mil toneladas de merluza y luego se retractaron? ¿Quiénes otorgaban las cuotas de pesca? ¿Qué dicen ahora esos gatopardos travestidos de científicos o de funcionarios encanecidos en el Ministerio?
La SNP, un gremio que se ufana de pesca responsable y ordenamiento pesquero, ¿cómo será su comportamiento frente a la riqueza marina cuya pesquería es controlada por certificadoras pagadas por ellos mismos?”
“Durante la pandemia, en 2020, se desembarcaron más de 5 millones de toneladas de pescado, en su mayoría anchoveta, en los puertos del mar peruano, casi un millón de toneladas más que en 2019. Sin embargo, el monto de dinero por derechos de pesca que cobró el Estado peruano a las compañías pesqueras por cada tonelada de pescado extraída del mar peruano cayó en 2020, a pesar de que se esperaba que despuntara porque el porcentaje de este cobro aumentó el año anterior tras 10 años de permanecer congelado gracias a un lobby empresarial.”
Uno de los mensajes más repetidos por la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, es que el sector pesquero no necesita “ni subsidios, ni regalos; solo estabilidad y confianza”. Aljovín, quien ha ocupado el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, de Energía y Minas y de Relaciones Exteriores —los dos primeros en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el último en el de Martín Vizcarra—, olvida que existen episodios reveladores que demuestran que las compañías más poderosas del gremio que lidera, han buscado lo contrario.
Un capítulo ilustrativo se remonta a 2007 cuando un grupo de empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería contrató a Apoyo Consultoría para elaborar una propuesta técnica que sirvió de base para la fabricación del decreto legislativo 1084, que reguló las cuotas de pesca y permitió congelar por una década el valor del derecho de pesca.
Fuente: https://convoca.pe/agenda-propia/millones-en-juego-para-una-pesca-sostenible-en-peru
LAS EMBARCACIONES DE BANDERA EXTRANJERA
¿Se deberá la aparente buena voluntad de la autoridad de pesquería por conceder la ampliación del plazo del DS 016-2020-PRODUCE a la existencia de algún poder fáctico que maneja el sector desde las sombras, orientando las acciones necesarias para sus propios intereses?
¿O hay alguna otra razón? En todo caso, es un tema para reflexionar en la medida que la presencia de flotas pesqueras extranjeras en la milla 201, constituye un grave peligro para nuestros recursos pesqueros y para la economía nacional, en especial de la pesca artesanal.
La penetración de las flotas pesqueras extranjeras, en especial la de China, que además ya se instaló en el país en forma de industrias y está construyendo un puerto en Chancay, ha sido resultado de gestiones y trabajos de lobby… ¿o no?
Brindar la oportunidad de acceder a servicios portuarios a la flota pesquera extranjera, es facilitar sus operaciones de pesca, las que claramente perjudican los intereses peruanos. En consecuencia, lo que se tiene que hacer es precisamente lo contrario, o sea dificultar sus operaciones en una clara defensa de nuestros intereses.
La medida de implementar una baliza satelital compatible con la de PRODUCE, es buena, aunque demoró más de un año en promulgarse; pero sigue siendo un instrumento tímido, tanto como las razones para su demora en promulgarse. Muchos funcionarios se opusieron y la demoraron. Lo ideal sería negar el acceso total a puertos peruanos a toda esa flota.
La penetración china no ocurre solo en la pesca. Las empresas del denominado ‘Club del Dragón’, contrataron con el Estado del 2018 al 2022 por un monto cercano a los S/ 10 mil millones, a través del MTC. Se realizaron 99 contratos:
2018 PPK: 6 seis contratos (Martín Vizcarra de Ministro del MTC); 2019 Vizcarra: 39 contratos; 2020 Vizcarra: 18 contratos; 2021 Sagasti y Castillo: 26 contratos; 2022 P. Castillo: 3 contratos.
“El grupo Enel anunció que llegó a un acuerdo con Southern Power Grid International (CSGI) para concretar la venta de sus operaciones de distribución en el Perú. Luego de conocerse la suscripción del contrato, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) emitió un comunicado expresando su preocupación por lo que sería una » situación que representaría una concentración en la distribución de la energía eléctrica en Lima».
El gremio recordó que en el 2020 Luz del Sur fue vendida al grupo China Three Gorges Corporation, propiedad del Estado chino, y precisó que la empresa que acaba de adquirir las operaciones de Enel también es de propiedad del Estado chino.
Por ello, indican que, de aprobarse esta venta, esto llevaría a una concentración del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República Popular China.
«No se trata de la generación de un “monopolio” en manos privadas, sino de la “creación de un monopolio” en la propiedad de la distribución de energía eléctrica en manos de una potencia extranjera», advierte la SNI.
La SNI agrega que esta situación podría exponer a los consumidores a pagar precios excesivos por la energía eléctrica, como consecuencia de la ausencia de competencia”.
Es curioso que la diplomacia norteamericana no diga ni haga nada en relación a la penetración china en Perú, lo que supone cierto control e influencia sobre el Pacífico Sud Oriental, en un escenario en el cual la mayor parte de los países de la región son de izquierda y los Estados Unidos van perdiendo presencia e influencia.
Mayor información puede leerse en los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/04/el-lobby-de-embarcaciones-de-bandera.html
http://revistapesca.blogspot.com/2022/03/el-mega-puerto-que-china-construye-en.html
https://alertaeconomica.com/las-inversiones-chinas-y-el-mega-proyecto-del-puerto-de-chancay/
https://www.reuters.com/article/peru-china-eeuu-idLTAKCN26G32G
http://revistapesca.blogspot.com/2021/05/la-presencia-china-en-los-mares-del.html
http://revistapesca.blogspot.com/2020/08/finalmente-se-promulgo-la-norma-que.html
“El servicio más importante utilizado por los barcos extranjeros en puertos peruanos es el de mantenimiento de la parte del casco que se mantiene hundida. “Eso debe hacerse una vez cada dos años, dos años y medio como mucho, porque ya ese casco comienza a tener riesgo de desgaste y las compañías de seguro no dan cobertura si uno no hace el mantenimiento”, explica Miranda.
“Si yo voy a entrar a puerto peruano (a instalar el sistema satelital) y voy a utilizar ese pretexto para ir metiendo barcos y sacarlos, ya después no necesito volver a entrar y en dos años más veremos con qué autoridades conseguimos cambiar otra vez la norma”, agrega el representante. En la práctica “hacer esto sería abrir una ventana con la cual lo que se estaría haciendo es realmente derogar el decreto supremo y el control”, asegura.
https://es.mongabay.com/2023/04/flota-china-esquiva-monitoreo-satelital-de-autoridades-peruanas/
“Todos los años, una enorme flota compuesta por unos 300 barcos de bandera china pesca frente a los mares de América del Sur. Repite un recorrido que va desde el Atlántico Sur, frente a Argentina, hasta las cercanías de Galápagos, en el Pacífico, pasando por Chile y Perú. En sus trayectorias, algunas embarcaciones han sido sorprendidas pescando ilegalmente e incluso algunas han sido acusadas de violaciones a los derechos humanos. Por estas razones, además de las enormes cantidades de recursos pesqueros que son capturados por estos barcos y que muchas veces no son reportados, las operaciones de la flota china en la región son motivo de preocupación para científicos, especialistas en conservación marina e incluso autoridades”.
Las agencias marítimas son los representantes de los buques pesqueros extranjeros en el país.
La agencia, una figura que existe en todo el mundo, realiza funciones vinculadas al ingreso, permanencia, aprovisionamiento y salida del buque en el puerto, desde compra de alimentos a gestiones con la tripulación. “Las agencias hacen todo el trabajo administrativo que requiere la operación de los barcos en el puerto. Traen los traductores, compran los comestibles y coordinan la logística”, explica Milko Schvartzman, especialista en conservación marina de Argentina.
Además, la agencia es el representante legal del propietario o armador del buque en el país extranjero, siendo legalmente responsable frente a cualquier reclamo relacionado con la actividad del buque en puerto y en las aguas nacionales. Así, “si el armador del buque ha cometido una infracción, como por ejemplo haber incurrido en pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), el agente marítimo debería estar en conocimiento de eso al ser el representante, lo que le da un cierto grado de complicidad”, sostuvo Eduardo Pucci, especialista en derecho marítimo en Argentina.
“Durante las últimas dos décadas, China ha construido la flotilla de pesca de aguas profundas más grande del mundo, con casi 3000 embarcaciones. Tras haber mermado de forma dramática el suministro en sus propias aguas costeras, China ahora pesca en cualquier océano del mundo y a una escala que eclipsa a flotillas enteras de algunos países en sus propias aguas.
El impacto se siente cada vez más, desde el océano Índico y el Pacífico sur hasta las costas de África y Sudamérica: una manifestación del poderío económico global de China en alta mar.
Esta labor de China ha desatado protestas diplomáticas y legales. La flotilla también ha estado vinculada con actividades ilegales, entre ellas la invasión de aguas territoriales de otros países, la permisividad de abusos laborales y la captura de especies amenazadas.
El impacto en ciertas especies en las costas de Sudamérica, como los calamares, es difícil de medir con exactitud. En algunas regiones, como el Pacífico sur, los acuerdos internacionales les exigen a los países informar sobre su trayectoria, aunque se cree que realizar reportes incompletos es una práctica común. En el Atlántico sur, no hay un acuerdo de ese tipo.
“El desafío es persuadir a China de que también tiene una necesidad de garantizar la sustentabilidad de los recursos del mar a largo plazo”, comentó Duncan Currie, abogado en derecho ambiental internacional que también tiene una necesidad de garantizar la sustentabilidad de los recursos del mar a largo plazo”, comentó Duncan Currie, abogado en derecho ambiental internacional que asesora a la Coalición de Conservación de Aguas Profundas. “No estarán ahí para siempre”.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/interactive/2022/10/13/espanol/pesca-china-sudamerica.html
En América del Sur, sin embargo, “la lucha no es fácil”, incluso con la colaboración de los países de la región. “China claramente pretende explotar las aguas internacionales y muchas especies ya están sufriendo las consecuencias”, añade el artículo. “Confrontar la voracidad china por recursos marinos requiere un compromiso regional que no puede esperar”.
¿LOBBY SOBRE LAS MULTAS?
Durante la gestión del exministro Prado, en 2022, “recomendado al cargo” por los denominados congresista “niños”, se promulgó una norma que reduce las multas impuestas en el sector pesquero. Ya antes en otro gobierno se ha hecho lo mismo. Esto ¿obedeció a una política en beneficio del sector, o fue un lobby para favorecer a determinados armadores que resultaron beneficiados con esta norma?
A través del Decreto Supremo Nº 007-2022-Produce, publicado en el diario El Peruano, se establece que la escala de reducción alcanza hasta el 90% en sanciones de hasta 50 UIT; 70% para las de hasta 200 UIT; y de 50% para las mayores de 200 UIT.
El titular de Produce, Jorge Prado Palomino, explicó que este régimen excepcional de reducción de multas se da con la finalidad de reducir los impactos económicos generados por la propagación del COVID-19, la cual ha afectado a toda la cadena productiva del sector pesquero.
La única norma destacable y de fondo del gobierno, fue el DS N°007-2022-Produce que se suponía que era para favorecer a los pescadores artesanales.
Ni ninguna otra fue dada basada en un plan de gobierno y/o en una visión de la pesca peruana. La verdad es que nunca hubo análisis para la promulgación de la norma, ni nada por el estilo. Fue sencillamente el resultado de una negociación para satisfacer a uno o varios y por lo cual seguramente se gestaron muchas más negociaciones.
El manejo del sector solo fue realizado para satisfacer agendas personales de determinados personajes. Todo el trabajo de diseño de un plan de gobierno y de desarrollo de una agenda para el sector, quedó invalidado y trunco debido a que el sector se empezó a manejar tan solo para satisfacer determinados intereses y se designó funcionarios poco conocidos del sector.
En 2017, el entonces Ministro de la Producción redujo las multas para la pesca ilegal a través de un nuevo reglamento.
En 2022 se aplica una medida similar, lo que indicaría que lo actuado por el Ministro en 2017 no fue efectivo, o no fueron ciertas las consideraciones que lo llevaron a dictar esas medidas
Más detalles en los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/lo-mas-destacado-en-la-normatividad.html
http://revistapesca.blogspot.com/2022/05/multas-y-sanciones-en-el-sector.html
https://es.mongabay.com/2020/06/oceanos-millonarios-descuentos-para-pesqueras-sancionadas-peru/
“El gobierno, que no se cansa de decir que representa “al pueblo”, ha decidido perdonar las multas de las grandes empresas pesqueras. El último viernes 27 el Ministerio de Producción emitió un decreto supremo que permite que las pesqueras infractoras puedan reducir sus sanciones hasta en un 90%. Con la reciente norma, firmada por propio el presidente Pedro Castillo y el ministro Jorge Luis Prado, las millonarias multas de las pesqueras quedarán perdonadas”.
https://elfoco.pe/2022/05/reportajes/festin-pesquero/
Entonces… ¿estamos frente a un lobby? ¿O no lo es?
El lobista necesita de muchos contactos. A mayores relaciones y a mayor nivel e importancia de las mismas, mayor eficaz es su accionar. Tener amigos y conexiones importantes, entre las cuales se deben encontrar los poderes fácticos, es vital para ser un lobista exitoso.
CLIENTES, NEGOCIOS Y AMIGOS
“La exministra dirige desde la Sociedad Nacional de Pesquería hasta la consultora empresarial Azerta. También es directora de Interbank e integrante de la Cámara Americana en el Perú. Durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, Aljovín ha visitado en 34 oportunidades a ministros y ha tenido reuniones con congresistas de casi todas las bancadas.
Publicado el 05/04/2023
Cayetana Aljovín es una mujer con muchos intereses en juego. En lo que va del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, una serie de decretos y normas promulgadas por el Ejecutivo le han sonreído a su círculo empresarial más cercano.
Aljovín dirige Azerta, una firma chilena con sucursal en el Perú, que se dedica a la asesoría empresarial, el manejo de crisis y cuyo lema es: “Abordamos los desafíos libres de prejuicios”. Entre su cartera de clientes figuran empresas como: Coca Cola, Roche, Termochilca, Intercorp, Mall Plaza, Comunal e In Retal Pharma.
Desde el 2019 Aljovín también es la presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), gremio que reúne a las 64 pesqueras más grandes. Y, desde el 2018, es directora de Interbank e Intercorp Financial Services, la rama de inversiones y servicios financieros del holding de Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico del Perú y con negocios que van desde cadenas de comida rápida hasta farmacias y centros comerciales.
Cayetana Aljovín, además, actualmente es vicepresidenta de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Americana en el Perú (AmCham) y del Consejo Privado Anticorrupción (CPA); integrante de la Asociación Civil Basc Perú, que entrega certificados ISO; directora de la empresa Techno Fast; integrante del Comité de Pesca y Acuindustria de la CONFIEP; y pareja sentimental del gerente general de Saga Falabella, Juan Fernando Correa.
11 de julio del 2022: la entonces ministra Dina Boluarte y la empresaria Cayetana Aljovín entregando pescado en Villa María del Triunfo. Boluarte y Aljovín han tenido, al menos, ocho actividades juntas. (FOTO: MIDIS)
Cuando Dina Boluarte era ministra del MIDIS, Aljovín comenzó a entablar una relación cercana con ella. Fuentes del entorno de presidenta de la República señalan que Aljovín es una de las voces empresariales que más escucha. En el sistema de visitas y reportes fotográficos de eventos hay registro de, al menos, ocho actividades donde Aljovín y Boluarte han estado juntas.
El 20 de enero del 2022, Boluarte y Aljovín se reunieron en el MIDIS por hora y media. Una semana después las dos estuvieron en Chancay repartiendo víveres a los pescadores afectados por el derrame de petróleo provocado por Repsol. En junio del 2022 hubo otra reunión en el MIDIS entre ambas. En julio y septiembre del 2022, Aljovín y Boluarte entregaron pescado en Villa María del Triunfo y Carabayllo.
En octubre de ese mismo año Boluarte invitó a Aljovín a ser panelista en el X Semana de la Inclusión Social. El 6 de enero de este 2023, Boluarte recibió a Aljovín en Palacio para conversar de la problemática del sector pesquero. Y, el último 9 de marzo, la presidente de la SNP fue a la sede del Gobierno como integrante del Consejo Empresarial Perú-Chile.
Informantes del entorno de la presidenta Boluarte cuentan que la mandataria y Aljovín no solo hablan de temas empresariales, sino también de asuntos políticos. Aljovín tiene larga experiencia en ese campo. Entre el 2016 y 2017, fue ministra del MIDIS, como Boluarte. La presidenta de la SNP también ha sido ministra de Energía y Minas, canciller, viceministra de Comunicaciones, durante los gobiernos de Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Aljovín además ha sido directora de la firma de relaciones públicas Llorente & Cuenca, y conductora de RPP y “Panorama”.
Correos electrónicos revelados por el portal “Lima Gris” donde se menciona a Azerta, la consultora de Cayetana Aljovín, dentro de un lobby con congresistas de la Asociación Peruana de Energías Renovables.
La distancia que la gran mayoría de empresarios tuvo con el gobierno de Pedro Castillo, no fue compartida por Cayetana Aljovín. Y es que, además de tener encuentros con Boluarte, mientras Castillo estaba en Palacio de Gobierno, Aljovín visitó 42 veces alguna oficina del Ejecutivo. De esa lista, 29 ocasiones fueron para reunirse con ministros y dos con Pedro Castillo.
El ministro que más visitó Aljovín en la era Castillo fue Jorge Prado Palomino, titular de Producción, quien recibió 17 veces a la empresaria en el año que ocupó el puesto, entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022. Dentro de la jurisdicción de Ministerio de Producción está el sector pesquería.
El gobierno de Dina Boluarte acaba de cumplir 100 días de mandato y Aljovín, además de visitar a la presidenta en Palacio, ya ha estado por las oficinas del premier Alberto Otárola; la ministra de Ambiente, Albina Ruiz; los exministros de Trabajo, Eduardo García, y Producción, Sandra Belaunde; y la viceministra de Pesca, Desilú León.
Cayetana Aljovín también tiene buenas migas con el Congreso, y no hace discriminación de bancadas. Entre los parlamentarios que Aljovín ha visitado están: Flor Pablo (Partido Morado), María del Carmen Alva (Acción Popular), Diego Bazán (Somos Perú), Carlos Anderson (no agrupado) y Hernando Guerra García (Fuerza Popular).
“Con la misma transparencia con la que me he reunido con diversos ministros, he solicitado reuniones con congresistas de diversas bancadas en representación de la SNP para abordar temas relacionados a la problemática del sector pesquero industrial al cual represento”, respondió Cayetana Aljovín cuando EL FOCO le preguntó por sus visitas a parlamentarios.
Reporte de las visitas durante el mes de marzo de Cayetana Aljovín al ministro de Producción Raúl Pérez Reyes. Las reuniones coinciden con resoluciones emitidas por el gobierno en favor de las grandes empresas.
La próxima semana en el Congreso habrá una votación trascendental para el sector pesquería: un dictamen que prioriza la pesca tradicional sobre la industrial dentro de las cinco millas. El último 29 de marzo la iniciativa legislativa fue aprobada en primera votación ajustadamente: 53 votos a favor y 50 en contra. Está pendiente la segunda y definitoria votación. Mientras llega ese día, la campaña para que el proyecto de ley sea rechazado ha comenzado, y Cayetana Aljovín está públicamente a la cabeza.
El viernes 31 de marzo en la columna de opinión que tiene en el diario “Correo” Aljovín dijo que la iniciativa beneficia a Chile porque “tomará ventaja de este hecho e impulsará una industria anchovetera con los recursos que nosotros estamos dejando en nuestro mar”. La columna se tituló: Nadie sabe para quién trabaja, ¿o sí?
Las relaciones de Aljovín y del sector pesquero con el Ejecutivo han sido más fructíferas. El 28 de noviembre del año pasado comenzó la temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro con una cuota aprobada de 2.8 millones de toneladas. Todo iba viento en popa hasta que en los primeros días de enero diversos sindicatos de pescadores avisaron al Ministerio de Producción que había alta presencia de juveniles exigiendo cerrar la campaña.
El Gobierno, sin embargo, ignoró las alertas. Incluso, como reveló el portal “Ojo Público”, el propio ministerio había emitido 97 comunicados disponiendo cierres preventivos en 143 zonas por la presencia de juveniles.
El cierre de la campaña de anchoveta se dio el 4 de febrero, casi un mes después de las primeras voces de alerta. Ese retraso permitió a los pesqueros captar 1.9 millones de toneladas de anchoveta de los 2.8 millones que autorizó el gobierno el año pasado. Como todo es una ecuación: a más pesca de anchovetas, más millones de soles para los grandes pesqueros.
Dos de las últimas columnas de Cayetana Aljovín en el diario “Correo”. En la de la izquierda habla, con alegría, sobre la campaña de pesca de anchoveta que el Gobierno cerró con retraso. En la de la derecha se opone al proyecto de ley que beneficia a la pesca artesanal y dice que aprobar esa norma es beneficiar a Chile.
En algunas ocasiones las autorizaciones y resoluciones de cuotas de pesca han coincidido con visitas de Cayetana Aljovín a ministerios. El 22 de noviembre del año pasado, cuando se autorizó la cuota de pesca de la zona norte-centro, Aljovín estuvo con dos ministros: de Economía, Kurt Burneo, y de Producción, Jorge Luis Palomino, según registros oficiales.
El último 21 de marzo Aljovín visitó al actual ministro de Producción Raúl Pérez Reyes, y ese mismo día salió una resolución donde se informó que de manera “excepcional” no se contabilizaría las cuotas de captura para las embarcaciones durante la temporada que se cerró y por lo tanto no iban a recibir amonestaciones.
Azerta, la consultora que dirige Aljovín, también ha dejado huella en el Congreso. El 14 de febrero y 6 de marzo último el portal “Lima Gris” reveló correos electrónicos que la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SRP) enviaba a congresistas proponiendo proyectos de ley que los benefician. En los mensajes que se filtró se leía el nombre “Azerta” como una de las empresas que asesoraban a la SRP.
En los correos también se mencionó los nombres de algunos congresistas. Uno de los mensajes decía: “Azerta – Agencia de Marketing -PR – Apoyo legislativo. último contacto en diciembre con Patricia Hurtado, que logró que el PdL (proyecto de ley) se derive solo a Comisión de Energía y Minas y sobre estrategia para conseguir mayoría en pleno: presentar proyecto similar a Fuerza Popular – Nano Guerra García o Acción Popular, congresista (Luis Ángel) Aragón”.
Juan Fernando Correa, gerente general del Grupo Falabella en el Perú y pareja de Cayetana Aljovín. Derecha: resolución dada por el gobierno de Dina Boluarte beneficiando a los importadores de ropa china, donde una de las más importantes es Falabella. (FOTO: Linkedin)
El ingeniero industrial Juan Fernando Correa es gerente general del Grupo Falabella en el Perú, y es pareja de Cayetana Aljovín. La gestión de Correa ha tenido un éxito en el gobierno de Dina Boluarte: que se anule la aplicación de salvaguardias a la ropa china. Esa resolución apareció publicada en “El Peruano” el 1 de marzo, y ese mismo Cayetana Aljovín visitó el despacho del ministro de Producción, Raúl Pérez Reyes, uno de los firmantes.
La anulación de las salvaguardias beneficia a los grandes importadores de ropa china entre ellos Saga Falabella, y perjudica a la industria textil nacional y a Gamarra. Solo en el 2022, Falabella hizo 57 importaciones desde china por un monto de 229 millones de dólares, el grueso fue de ropa e indumentarias.
“Mi relación con la señora Boluarte es la de una presidenta de gremio —en mi caso la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) — con una funcionaria del Estad de un sector que tiene temas o problemáticas en común”, dijo Cayetana Aljovín a EL FOCO sobre su relación con la presidenta de la República.
Aljovín señaló que sus visitas al exministro de Producción Jorge Luis Prado Palomino fueron siempre como presidenta de la SNP y para hablar de “desde asuntos regulatorios, internacionales, laborales y de colaboración público-privado”. Aljovín admite que la Asociación Peruana de Energías Renovables fue clienta de Azerta, pero no lo es desde hace 6 meses. Dice que Roche y Mall Plaza también han dejado de ser clientes de Azerta, pero que Coca Cola todavía se mantiene en su cartera. Sobre su relación sentimental con el gerente general de Falabella, Aljovín respondió: “no hablo de mi vida privada”.
https://elfoco.pe/2023/04/reportajes/los-clientes-negocios-y-amigos-de-cayetana-aljovin/
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