En su discurso de investidura ante el Congreso, el premier César Villanueva enunció un plan económico poco ambicioso y sin mayores reformas, aunque sustentado en ejes bastante claros orientados a apoyar la reactivación de las economías regionales. Se trazó como meta conservadora, que el PBI pase de crecer 2,5% en 2017 a 5% en 2021, con una reducción de la pobreza de 21,7% en 2017 a 18% en 2021.
Ello en consonancia con una reducción progresiva del déficit fiscal, que ya bordea el 3% del PBI, para lo cual se impulsará una política de austeridad en gastos considerados superfluos y de aumento de la eficiencia recaudadora de la SUNAT, permitiendo que la presión tributaria se eleve en 2,4 puntos del PBI, llevándola a 15,3 % del PBI en 2021.
De esa manera, se piensa darle más espacio al financiamiento de la inversión pública, que sería la variable eje de la reactivación. Se plantea una expansión cuantitativa y cualitativa de la inversión pública. Tras caer 2,3% en 2017 Villanueva espera que crezca 17,5% en 2018. Mientras que aguarda que la inversión privada se acelere sólo moderadamente, pasando de crecer 0,3% en 2017 a 8% en 2021.
Para favorecer el mayor gasto en inversión pública, el gobierno tratará de sustituir gradualmente las exoneraciones tributarias que actualmente gozan las regiones amazónicas. Así, Villanueva se comprometió a destinar más de S/ 180 mil millones a un plan de inversión pública descentralizada, entre 2018 y 2021. En lo que va del gobierno ya se ha asignado alrededor de S/ 2 mil millones para proyectos que cuentan con expedientes técnicos. A ello se suman S/ 4 mil millones destinados a la reconstrucción, manteniendo en perspectiva hacia 2020 una inversión de S/ 25 mil millones en total. Esos S/ 4 mil millones se gastarán en obras para 19 ríos, 5 quebradas y el drenaje pluvial de 7 ciudades y la recuperación de 45 mil viviendas.
Para ello los proyectos de reconstrucción irán por un ‘fast track’, para contratar directamente tras contar con los estudios de ingeniería, estimando un ahorro de 13 meses en el proceso de ejecución. Además, se celebrará convenios Estado-Estado, se tercerizará en organismos internacionales la contratación y ejecución de los proyectos más complejos, y se aplicará la administración directa descentralizada en gobiernos locales. Cuidado con estas tercerizaciones que en el pasado no han estado exentas de corrupción.
En 2018 se adjudicará más de US$ 1800 millones a: la masificación del gas natural en Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno; la modernización de Electro Nor-Este con impacto en Piura y Tumbes; las líneas de transmisión de La Niña-Piura, Pariñas-Nuevo Tumbes, Tingo María-Aguaytía y Carabayllo; el terminal portuario de Salaverry en La Libertad; y los proyectos de banda ancha en Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín.
Por el lado privado, Villanueva se comprometió a impulsar la construcción de nuevos proyectos mineros por US$ 10 mil millones, entre ellos Quellaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) y la ampliación de Toromocho (Junín), la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el terminal portuario General San Martín, la modernización de la refinería de Talara, el Sistema Integrado de Transporte de Gas en el sur y la Línea 2 del Metro de Lima.
En el plano de la competitividad, Villanueva ofreció retomar las mesas ejecutivas sectoriales, para sectores con alto potencial competitivo, y mejorar la productividad de las pequeñas y micro empresas, aplicando una política de diversificación productiva sustentada en el desarrollo de clusters, iniciativas de innovación tecnológica y la reactivación del programa de compras a las MYPE (S/ 400 millones en 2018).
Anunció como prioridad la modernización de los desembarcaderos de pesca artesanal y el desarrollo de la acuicultura. En agricultura, dijo que se restablecerá el Plan Nacional de Cultivo y Riego, para que fluya información de precios a los gobiernos regionales y las organizaciones de productores, y así evitar la sobreproducción. En ganadería, dijo que se instalará 150 mil hectáreas de pasturas mejoradas hacia 2021.
Anunció la restructuración de Agrobanco, enfocándolo a atender a los pequeños y medianos productores agrícolas, y el logro de US$ 7 mil millones de agroexportaciones en 2018 y US$ 10 mil millones en 2021. Esos números podrían ser incluso mayores, pero para ello se requeriría un plan de desarrollo agrícola y forestal muy vigoroso para la sierra y la selva. Ojo que Agrobanco es actualmente una entidad insolvente.
En cuanto a política laboral ofreció fortalecer al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo para que, desde este espacio, se hagan posibles cambios, teniendo como objetivo incorporar a 500 mil trabajadores inscritos en planillas hasta 2021. También planteó aumentar la fiscalización laboral, llevando la cantidad de inspectores de trabajo de 464 a 924, e implementar un tribunal administrativo de fiscalización laboral para garantizar la seguridad jurídica. También manifestó su pretensión de institucionalizar la revisión periódica de la remuneración mínima vital.
Si el actual gabinete de ministros logra ejecutar este menú económico al cien por cien, se aguarda una recuperación moderada de la economía, impulsada principalmente por la inversión pública. Para que la inversión privada retorne a crecimientos de dos dígitos, que fueron los que permitieron la tremenda expansión de la economía en décadas pasadas y la drástica reducción de la pobreza, se requeriría el anuncio de una profunda reforma del Estado, una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma de la política de desarrollo e inclusión social, que permita canalizar más recursos a un vigoroso plan de desarrollo agrícola y forestal en la sierra y selva. Lamentablemente estas reformas no están en agenda.
