Un proyecto de ley plantea que las empresas que sobornen a los funcionarios de los gobiernos regionales u otras entidades públicas para ganar licitaciones, sean castigadas de por vida para no realizar ningún contrato con el Estado, indicó el legislador Aldo Bardález. También se solicitó que los dueños y principales directivos de dichas empresas reciban penas efectivas de cárcel y sus nombres aparezcan en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.