El Perú anda sin cabeza, y ya ni siquiera luce sombrero para ilusionar. Apenas una gorra clandestina para hacer la “chanchita”, con aportes caritativos de empresas constructoras truchas. No nos falta nuestro propio “Watergate” palaciego, ni tampoco un Congreso de la República “vacador” tan incompetente que ni puede sustentar bien su recurso de vacancia y, encima, se da el lujo de aprobar por amplia mayoría un Presupuesto Público de 2022 muy mal sustentado por el gobierno al que pretende jaquear.
La mediocridad redonda a la orden del día, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y abajo, el pobre pueblo peruano rezando porque el Presupuesto para 2022 les ayude por fin a encontrar chamba, a que sus hijos puedan volver al colegio después de dos años en ascuas, o a que no los asalten ni maten las bandas delincuenciales hoy amas y señoras de la patria; que hasta se dan el lujo de copar el oscuro entorno del mismísimo presidente de la república.
Tristemente hay que empezar por reconocer que el presupuesto pergeñado por Francke y Cía y santificado por este Congreso vociferante, ni siquiera nos prepara para evitar una tercera ola del coronavirus. Porque subestima el gasto necesario para el sector salud, con el fin de reorientar esos recursos al reparto burdo de plata contante y sonante con ventilador.
Con qué cara exige vacancia presidencial un Congreso que no fiscaliza la ejecución presupuestal del año 2021 que ya se va. A su vista y paciencia Pedro castillo autorizó S/ 1,000 millones para el pago de una “deuda social” del Estado con todo el personal del sector educación, arranchando saldos presupuestales que podrían haber servido para acelerar la refacción de las escuelas públicas, 60% de los cuales no cuentan siquiera con servicios higiénicos. Esta medida se suma a la transferencia de S/ 200 millones realizada en agosto pasado y a otros S/ 300 millones para el pago de supuestas deudas del Estado con otros sectores.
En el contexto de este reino de la repartija, ¿cómo es posible que el Congreso vacador, el que se supone debe dar el ejemplo, haya hecho mutis ante la ampliación del presupuesto público de 2021 en S/ 5,800 millones a través de dos decretos de urgencia (028-2021 y 100-2021), autorizados por el Ministerio de Economía (MEF) sin cumplir con los requisitos de urgencia. En principio, toda ampliación presupuestal debe ser autorizada por el Congreso; salvo situaciones de verdadera urgencia como la vivida al inicio de la cuarentena absoluta en 2020 o el fenómeno El Niño Costero en 2017.
A nivel de Presupuesto Inicial Modificado (PIM), nunca antes el Ejecutivo tuvo tantos recursos en sus manos como los que se asignó en 2020 y 2021 (S/ 184 297 millones y S/ 183 030 millones respectivamente, en soles constantes de 2021), con variaciones de 13,1% y 12,5% respecto a 2019. A nivel de Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) el Congreso ha aprobado un gasto de S/ 194 790 millones (en soles constantes de 2021), que equivale a una expansión de 6,4% respecto a 2021. Sin embargo, cada año el PIM eleva el PIA en aproximadamente 22,6%, lo que significa que el gobierno se alista a realizar un festín preelectoral con un techo de gasto récord histórico que bordearía los S/ 240 mil millones.
Para justificar esas cifras presupuestales el MEF ha recurrido a supuestos sumamente optimistas en sus proyecciones de precios de materias primas y de crecimiento de las economías desarrolladas. Además, asume un marcado dinamismo de la demanda interna sustentado en una supuesta evolución positiva de la confianza empresarial, que se refleja en proyecciones de la inversión privada fantasiosas.
En realidad, lo más probable es que la inversión privada se mantenga estancada, representando ella el 80% del total de la inversión, significa un retroceso en el producto potencial, lo que pondrá un límite al dinamismo de la economía a mediano plazo.
Es cierto que este año la recaudación tributaria ha sido positiva, aunque se trata de ingresos no sostenibles en el tiempo, dado que responden a un “boom” de precios efímero de materias primas, pagos extraordinarios y aplazamientos de tributos otorgados en 2020. Mientras que, por el lado del gasto, el gobierno confronta contingencias que podrían eventualmente elevar el déficit fiscal en lugar de reducirlo.
De no mediar reformas orientadas a recuperar la eficiencia del aparato del Estado, elevar la productividad y acelerar la inversión, el Perú está entrando a un callejón oscuro de populismo macroeconómico que acarreará recesión con creciente endeudamiento público. Por ahora ese rumbo viene encubierto en un aparente tecnicismo, sustentado en metas fiscales que permanentemente serán violadas a través de decretos de urgencia, a vista y paciencia de un Congreso que no hace su chamba fiscalizadora y reformadora. Así como el gobierno se rodea de ineptos y no escucha a los expertos, lo mismo pasa con este Congreso incapaz de liderar un amplio debate nacional respecto a las reformas que el país necesita, incluidas las enmiendas a la Constitución.
Cada quién está en lo suyo, defendiendo su propio bolsillo o intereses clientelistas. Mientras el pueblo peruano camina a su suerte, esperando el día en que pueda eliminar de un plumazo el déficit moral de su clase política.
