El proyecto de Presupuesto Público de 2018 presentado por el gobierno ante el Congreso de la República, tiene como móvil central un fuerte aumento del gasto público, financiado con mayor endeudamiento y mayores impuestos. Para evitar un forado fiscal, el gobierno está apostando a que los ingresos tributarios aumenten 6.7%, lo que no evitaría que el déficit fiscal proyectado suba a 3,5% del PBI, desde 3% en 2017.
El presupuesto plantea expandir la inversión pública en 17.5% y el gasto corriente (remuneraciones y compra de bienes y servicios) en 5%. En buena hora que la inversión pública suba, y de hecho ya empezó a dinamizarse, creciendo 3,7% en junio y 10,9% en julio, por impulso de una mayor ejecución en las regiones afectadas por el Niño Costero (22% en junio y 31,3% en julio), tras un severo retroceso (-19%) entre enero y mayo. Pero alertas: a esta nueva velocidad, la calidad de la inversión pública y la corrupción vinculada a ella pueden recrudecer. Ojo señor Contralor. Y ojo también con el festín del gasto corriente improductivo, que seguirá subiendo en ascensor, siguiendo la ruta trazada por Humala-Heredia, que no se condice con la urgencia de resucitar la productividad y la eficiencia.
Si bien el gobierno confía en que, a partir de 2019, el déficit fiscal se irá reduciendo gradualmente hasta llegar a 1% del PBI en 2021, lo cierto es que ese tránsito se torna cada vez menos probable porque, de un lado, no hay un sustento sólido para que los ingresos tributarios den un brinco en un contexto de elevado apalancamiento de las empresas y, de otro lado, debido a que el Estado ha acumulado grandes obligaciones contingentes que no están contabilizadas en el gasto presupuestado. Por lo cual, la senda 2018-2021 presenta un sesgo riesgoso de aumento del endeudamiento público, que llevaría a sobrepasar el límite de 30% del PBI trazado en el proyecto presupuestal presentado ante el Congreso.
Ciertamente, el entorno económico para 2018 será mejor al de 2017, pudiendo crecer el PBI tranquilamente al 4% postulado por el presupuesto, por impulso del gasto de la reconstrucción y los juegos panamericanos, y la mejora de los precios de los minerales. Sin embargo, ese crecimiento será estéril y no tendrá sostenibilidad si el gobierno no se aplica en emprender reformas estructurales que contribuyan a elevar la confianza empresarial, fundamental para que haya más inversión privada.
Sólo dinamizando la inversión privada (80% de la inversión total) y la productividad se podrá crecer sostenidamente. Empecemos por destrabar e impulsar los proyectos de inversión mineros que están a punto. El arranque de la producción de los proyectos Tambomayo e Invicta ya son pan comido para el segundo semestre de 2017. Sin embargo, hay que impulsar Quellaveco (US$ 4,880’), Michiquillay (US$ 1,950’), Mina Justa (US$ 1,300’), Corani (US$ 700’) y la segunda ampliación de Toromocho (US$ 1.300 millones). Y hay que desatorar Conga (US$ 4,800’), Río Blanco (US$ 2,500’), Tía María (US$ 1,400’) y Pampa de Pongo (US$ 2,000’).
Un crecimiento coyuntural sustentado en inversión pública, por si sólo no podrá contagiar a la inversión privada y la productividad, ni podrá sostenerse en el tiempo. Se requiere realizar una innovación estratégica de la visión de desarrollo a mediano y largo plazo, con innovado liderazgo político para convencer a todos de que existe un rumbo cierto, para así evitar que el hipo reactivador termine exacerbando los desequilibrios macroeconómicos y los conflictos sociales.
