Al igual que en todo el mundo, el reto de la educación superior en el Perú no es otro que producir una educación superior de calidad y relevancia con acceso equitativo. Es evidente que no puede haber acceso equitativo si la educación superior que se brinda no es de calidad ni es relevante a la luz de las necesidades del país. Para lograr ese equilibrio, la tendencia dominante en el mundo de hoy es el desplazamiento del centro de gravedad de los mecanismos de coordinación de la educación superior desde la esfera del Estado y del poder corporativo hacia la esfera del mercado y la competencia .
Sin embargo, aquí se ha venido legislando a contra corriente de las tendencias manifiestas en los países más avanzados, así como de las recomendaciones de los organismos multilaterales a países en desarrollo , en un bamboleo entre la creación a diestra y siniestra de universidades públicas por decreto para promover el acceso equitativo sin calidad y relevancia, y un supuesto combate de la baja calidad de la universidad peruana prohibiendo la creación de nuevas universidades. Algo así como tratar de reducir la pobreza expatriando a los pobres o tratar de bajar la tasa de desempleo aniquilando a los desempleados. La radicalidad de esta medida, ciertamente pone un pare a la creación de universidades públicas sin presupuesto ni profesorado idóneo (que nunca debieron crearse), pero también arrasa con el principio de la libre iniciativa privada y priva al Perú de la posibilidad de atraer universidades de clase mundial, aprovechando los efectos convergentes de la globalización y la revolución de la información y las comunicaciones.
Para colmo de males, se está por aprobar una Ley Universitaria que crea una superintendencia adscrita al Ministerio de Educación en reemplazo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), con poderes omnímodos para supervisar la calidad universitaria, fiscalizar el uso de recursos, autorizar la apertura de nuevas universidades, nombrar a sus autoridades y miembros de su cátedra. Un organismo dependiente administrativamente de esta superintendencia a su vez se encargaría de la acreditación de la calidad de las universidades. Se trata de un modelo intervencionista, burocratizante y proclive a la politización de sus decisiones, que pretende que los programas de estudios se vuelvan buenos por el control estatal, cuando lo que los hace buenos es la permanente innovación e investigación.
Frente a este modelo rígido existe la opción de un modelo flexible, adaptado a las necesidades específicas que derivan de una creciente división del trabajo y del desarrollo de nichos de actividad económica intensivos en tecnológica que demandan competencias multidisciplinarias. Muchas de estas son actividades de servicios. En el Siglo XXI estamos ante una economía terciaria, dominada por servicios que cada vez son más tercerizados. Por ello, el nuevo modelo de educación superior debe orientarse a la construcción de sociedades del conocimiento, que articulen esfuerzos de investigación y docencia no sólo de universidades convencionales, sino también de centros técnicos, universidades empresariales, centros de educación a distancia o virtuales, institutos de investigación de elite, consultoras, etc. En el mundo desarrollado todas estas instituciones compiten en formación de pregrado y postgrado con los programas universitarios estándares.
Dentro de este marco, si bien la acreditación debe ser obligatoria, debe estar tercerizada en entidades calificadas de prestigio internacional, mientras que la autorización de la creación de nuevas universidades debe estar a cargo de una entidad autónoma, que funcione bajo reglas de estricta transparencia, evitando replicar la actuación de la CONAFU, burocratizada y poco transparente. El actual sistema de evaluación de los proyectos de nuevas universidades debe reformarse, para que en lugar de sustentarse en requisitos burocráticos formalistas y exigencias de infraestructura física mayúsculas, se ciña a comprobar la disponibilidad de directivos y profesores de alto nivel, de metodologías de enseñanza sustentadas en investigación intensiva y programas que atiendan demandas educativas desatendidas; esta evaluación debe ser pública y transparente, para evitar conductas rentistas. Se debe fortalecer el rol del INABEC asignándole más recursos para otorgar becas y créditos blandos para financiar a todo estudiante con méritos suficientes que desee perfeccionarse. En paralelo, debe promoverse la diversificación y racionalización de fuentes de financiamiento.
La investigación debe ser obligatoria, para acortar la distancia entre dar conocimientos y ejercitar a los alumnos en el dominio de procesos para alcanzar y crear conocimiento. En la era de la aldea global los investigadores y profesores no tienen que ser necesariamente peruanos o vivir dentro del Perú. Pueden ser de cualquier país donde haya excelencia en alguna materia requerida por el Perú para su desarrollo. Las redes virtuales de investigación y aprendizaje hoy en día tienen un rol crucial en la educación superior. Hay clases en vivo con alumnos de diversos países, etc. etc.
Los títulos no deben emitirse a nombre de la nación y también debe desterrarse la colegiación obligatoria impuesta por colegios profesionales rentistas. En los países desarrollados no necesita ninguno. Abolir estas arcaicas instituciones contribuiría a una sana competencia formativa entre universidades convencionales y consultoras o centros de investigación que muchas veces tienen mucho más que enseñar que las propias universidades. De hecho, según el Banco Mundial, la educación terciaria del futuro se dará más en escuelas vinculadas a estos centros que en las universidades.
