El diseño de una política pesquera debe hacerse por consenso, a la luz de lo que la historia reciente nos ha enseñado.
La industria y el Produce se enfrascaron en una guerra insensata derivada del DS 005, en el cual solamente se perdió tiempo en detrimento del crecimiento y la ordenación pesquera.
En los últimos meses la industria pesquera evitó seguir en la guerra mediática y optó por defender sus propuestas y reclamos a través de elementos técnicos.
De tal forma que la SNP concluyó en un conversatorio en el cual la consultora Macroconsult presentó un informe que combate técnicamente al DS 005, con éxito. Los argumentos esgrimidos no han sido refutados por una autoridad de pesquería que ni se presentó al conversatorio ni rebate las conclusiones del informe.
Siempre he sostenido en mis artículos y editoriales que no se puede administrar ni regular lo que no se conoce. En el caso de la pesca no se conocía el número de pescadores artesanales. Ahora ya se conoce pero no he visto documento técnico alguno que muestre cual es la capacidad de esfuerzo pesquero total que puede desarrollar la flota artesanal e industrial. ¿Cuántas toneladas de cada especie pueden extraer en su máximo esfuerzo? ¿Cuánta anchoveta como forraje necesita el resto de especies de la cadena trófica para mantener un stock saludable?
Tampoco conozco documento alguno que muestre cual es el volumen de las biomasas de todas las especies del dominio maritimo peruano, cuál es su estado de salud y cuál es el límite máximo de captura permisible para mantener saludable el ecosistema.
Todos hablamos hace tiempo del enfoque ecosistémico; pero no hay documentos científicos que sirvan como base técnica para una regulación efectiva en dicho sentido. Lo racional sería conocer cuantas toneladas de anchoveta existen; cuantas toneladas de cada una de las otras especies existen; y cuantas Tm de anchoveta requieren como alimento para mantener sus biomasas saludables. De esa información se deriva la cuota anual de captura de cada especie, la cual debería ser repartida entre la flota existente. Si hay un exceso de flota para la cuota permisible, deberá reducirse. Esto implica la existencia de información científica que no existe a la fecha, así como un plan de reducción del esfuerzo pesquero, si fuese el caso, porque no es posible extraer más recursos de los que la ciencia indica que se debe extraer. El ineludible problema social que esto podría acarrear obliga a una negociación entre las partes.
Por lo tanto una sola expresión del último informe de Macroconsult resume la razón de los reclamos de la industria pesquera y pone el dedo en la llaga:
“No hay evidencia de efectos negativos de la pesca de anchoveta sobre otras especies, ni afectación a la pesca artesanal. Sin embargo, esta última habría mostrado un crecimiento significativo de su esfuerzo pesquero”
Este simple enunciado es determinante. Produce no ha replicado. La Administración no ha hecho su tarea, las organizaciones civiles tampoco. El enfoque ecosistémico permanece como tema académico sin evidencia real que pueda refutar a lo dicho por la industria a través de Macroconsult.
Por más correcta que sea la tesis ecosistémica, ¿cómo puede Produce defender técnicamente y con pruebas el enfoque ecosistémico? Los escasos recursos económicos para la investigación de todas las especies del dominio marítimo del Perú no lo permiten; pero si así es ¿porqué no se recaudan mayores ingresos o se privilegia el mar peruano por sobre la investigación antártica?
Un segundo enunciado que pone sobre el tapete la otra debilidad de los argumentos del Estado es el siguiente:
“La exclusividad de franja para embarcaciones de menor escala habría incrementado el sub reporte de desembarque de anchoveta, poniendo en riesgo el recurso”
La industria está imponiendo sus criterios con habilidad, calidad y tecnicismo, que superan con mucho a la capacidad del Estado para normar, regular y responder. Para que una norma no pueda ser rebatida ni objeto de conflicto requiere de un sustento científico impecable y además de un consenso. Hacer lo contrario nos ha llevado a un imperdonable entrampamiento que ha perjudicado al sector.
A la larga será derogado el DS 005 y las cosas volverán a su estatus anterior.
Esta confrontaciones terminarían si logra implementarse la recomendación del CEPLAN. Pero dicha comisión debe incluir no solamente al Estado y a los administrados de la pesquería sino a un representante de la ciudadanía peruana, que es en última instancia la propietaria del recurso.
