La formalidad debe ser una opción económicamente atractiva para acabar con la venta de oro ilegal.

El dilema político “blanco vs. negro”

El debate sobre la minería informal e ilegal ha quedado atrapado en una dicotomía que entorpece el hallazgo de una salida viable con fundamento técnico y claridad política. REINFO sí versus REINFO no; prórroga versus cierre; zanahoria versus garrote. Son posturas que no contribuyen a una solución de fondo. Como punto de partida, para avizorar una luz al final del túnel, es necesario plantearse una pregunta clave: ¿qué tendría que cambiar para que un productor minero esté dispuesto a entrar en la legalidad y mantenerse en ella, como opción viable ante la tentación de articularse a una organización criminal? 

Una respuesta sensata pasa por una estrategia integral y un modelo de gobernanza que ordene, articule y sistematice las muchas medidas “anti-minería ilegal” que plantearon en sus planes de gobierno los partidos políticos durante la contienda electoral. Para el gobierno de Keiko Fujimori este desafío será una verdadera prueba de fuego. ¿Su promesa de “orden” se limitará a la coerción o dará espacio a una construcción institucional más ambiciosa como solución definitiva? 

Este artículo plantea como solución al problema el diseño e implementación de un modelo de gobernanza sustentado en una arquitectura cuyo núcleo es el binomio Programa Nacional de Transición hacia el Oro Responsable–Mercado Organizado de Oro Trazable. Esta arquitectura implica una reforma integral del régimen que rige actualmente la producción y comercialización del oro, a partir de una comprensión cabal de cómo decide el productor, qué conductas premian realmente las reglas de juego y por qué la cadena informal resuelve necesidades de los mineros que el sistema legal todavía no atiende de forma articulada. 

La economía conductual, la teoría de incentivos y la economía institucional ofrecen un marco conceptual fértil para ese cometido. A la luz de esta triada, la persistencia de la minería informal se explica por una combinación de presión de liquidez, beneficios inciertos, sanciones poco previsibles y una estructura de arreglos informales que financian, procesan y compran el oro. La política pública hasta hoy ha exigido responsabilidad a los mineros, sin construir una alternativa institucional y de mercado que sea capaz de reemplazar este ecosistema amorfo.

¿Hay productores mineros recuperables para la formalidad? Definitivamente sí los hay y son la gran mayoría. El Estado peruano debe abrirles una puerta, no blandengue sino exigente, a la par que le cierra el mercado al oro ilegal. Ello supone desterrar el REINFO como régimen de permanencia, crear un programa contractual de transición y organizar un mercado con gobernanza fiable, donde el oro trazable encuentre compradores, financiamiento y un precio verificable.

1. El problema no acaba en la boca de mina

Partamos por reconocer que la minería ilegal es una cadena económica completa: alguien financia la operación, suministra combustible o explosivos, transporta el mineral, lo procesa, compra el oro y lo incorpora a una ruta comercial capaz de terminar en una refinería o en la exportación. La extracción es el eslabón más visible, pero la rentabilidad se forma a lo largo de todo el circuito.

Sin duda, la interdicción es indispensable en zonas prohibidas y para combatir organizaciones criminales vinculadas a la trata de personas, el lavado de activos y la destrucción ambiental. Sin embargo, destruir maquinaria genera un efecto meramente transitorio, al mantener intactos el capital, las plantas y los compradores. Como la yerba mala, la operación volverá a crecer desplazándose, talando más bosques y reorganizándose para volver a producir.

Por ello, la política debe actuar no sólo sobre el territorio, sino también sobre el mercado. Recuperar una zona sin seguir el dinero deja a salvo a los organizadores. Fiscalizar al productor sin controlar a las plantas procesadoras y a los acopiadores, permite que el oro pierda su identidad durante el procesamiento. Perseguir la extracción sin asignarle mayor responsabilidad del comprador, preserva la demanda que es la que sostiene el negocio.

La política también debe distinguir las conductas entre los agentes participantes en toda la cadena. Bajo la etiqueta de minería informal conviven organizaciones criminales, operadores que incumplen porque hacerlo resulta rentable y pequeños productores con capacidad potencial de adecuación. Tratar a todos como delincuentes desperdicia una oportunidad de transición. Otorgarles a todos la misma protección convierte la formalización en cobertura cómplice.

La segmentación no surge para justificar el incumplimiento sino para aplicar correctamente los instrumentos de política. La organización criminal merece un tratamiento combinado y fino de inteligencia, coerción y pérdida de activos. El operador oportunista merece fiscalización y sanciones que alteren su cálculo. El productor recuperable merece una ruta temporal, condicionada y económicamente viable.

Respuestas Diferenciadas para Tres Tipos de Actor

Tipo de actor	Conducta dominante	Objetivo público	Instrumentos
Criminal	Violencia, lavado, ocupación territorial o zonas prohibidas	Desarticular la red	Interdicción, inteligencia financiera y pérdida de activos
Oportunista	Tiene capacidad para cumplir y elude reglas para reducir costos	Corregir el cálculo	Fiscalización, trazabilidad y sanción efectiva
Recuperable	Actividad real con barreras técnicas, financieras o jurídicas	Transformar la operación	Contrato de transición, asistencia, crédito y mercado

2. Racionalidad económica de la informalidad

El productor no elige entre ilegalidad y legalidad, sino entre una ruta que le brinda resultados inmediatos y conocidos y otra ruta cuyos costos son ciertos, pero cuyos beneficios permanecen inciertos. En buena cuenta elige entre dos modelos de negocio: uno informal, conocido y capaz de resolver de inmediato el ciclo productivo, y otro formal, potencialmente más estable, pero incierto en sus plazos, costos y beneficios.

La red informal suele ofrecer capital, procesamiento, transporte, comprador y pago rápido. La ruta legal, por su parte, exige permisos, inversiones y nuevas obligaciones, pero no garantiza acceso al crédito, continuidad operativa ni demanda para la producción.

El acopiador adelanta dinero y asegura la compra. La planta acepta lotes pequeños y procesa el mineral sin procedimientos complejos. El transportista conoce las rutas y los controles. Estas relaciones suelen ser opacas y pueden imponer precios bajos, intereses implícitos y una fuerte dependencia comercial. Aun así, resuelven el ciclo económico de la operación.

El sistema formal distribuye esas mismas funciones entre empresas y entidades que pocas veces actúan como una cadena coordinada. Un productor puede avanzar en su expediente y continuar sin financiamiento. Puede obtener una autorización y seguir vendiendo al mismo intermediario. Puede asumir mayores costos y conservar la misma debilidad frente al comprador.

El Estado intenta desmontar la red informal sin haber construido todavía una red formal capaz de sustituirla. La formalización administrativa, por sí sola, no crea un negocio viable. La formación del precio resume bien este desequilibrio. Aunque la cotización internacional es pública, el monto que recibe el productor depende del contenido fino reconocido, la recuperación metalúrgica, las impurezas y las deducciones aplicadas. Cuando un mismo actor financia la operación, controla el laboratorio y compra el oro, esas variables dejan de determinarse dentro de una negociación competitiva y transparente.

En numerosos corredores mineros, el precio refleja tanto las características del metal como el poder territorial y comercial del intermediario. La concentración de la compra, la dependencia financiera y la ausencia de una verificación independiente reducen la capacidad del productor para comparar ofertas y discutir las deducciones. En esas condiciones, la legalidad puede terminar agregando obligaciones sin corregir la asimetría comercial que sostiene esa dependencia. Ante esta realidad, el gran desafío es construir una cadena formal que ofrezca financiamiento, procesamiento, mercado y pago oportuno bajo reglas verificables.

Informalidad vs. Formalidad: Factores de Decisión del Productor

3. Tres lentes para entender el problema

Economía conductual

Definitivamente, la conducta del productor está sesgada hacia el presente, dado que los costos de adecuación se pagan hoy, mientras que los beneficios de la formalidad vienen después y dependen de decisiones ajenas. Bajo presión de liquidez, un pago inmediato pesa mucho más que la promesa de estabilidad futura.

La aversión a las pérdidas refuerza este sesgo. Formalizarse puede significar menor producción temporal, mayores inversiones y controles nuevos. El productor percibe pérdidas ciertas frente a ganancias sólo potenciales. El statu quo le da comodidad, dado que la red informal es conocida, mientras que la ruta legal le exige abandonar relaciones probadas por instituciones cuya efectividad es incierta.

Una política conductualmente informada debería adelantar beneficios, reducir fricciones y ordenar el proceso en decisiones manejables. El productor necesita comprobar desde el arranque que, declarar su operación, bancarizarse y aceptar la trazabilidad, le abren acceso cierto a servicios y beneficios reales.

Teoría de incentivos

Las reglas de juego se juzgan por las conductas que producen. Las prórrogas reiteradas del REINFO enseñan a los productores mineros que esperar sin hacer nada de lo debido puede ser rentable, mientras que las sanciones remotas y discrecionales reducen el costo esperado de incumplir. Un proceso formalizador que exige inversiones sin mejorar el acceso al mercado castiga a quien avanza y protege a quien posterga.

Esta realidad frustrante sólo podrá cambiar trabajando simultáneamente en dos direcciones. De un lado, hay que elevar el costo de permanecer fuera del sistema y, del otro, aumentar el valor de ingresar en él. Cada avance verificable debe habilitar un beneficio y cada inconsistencia debe reducirlo. El cumplimiento temprano tiene que generar una ventaja tangible frente al competidor que evade costos ambientales, laborales y tributarios.

Por supuesto que el mayor soporte debe estar atado a una condicionalidad exigente. Un crédito otorgado por la sola inscripción en un registro podría servir para financiar operaciones que continúen vendiendo por canales opacos. La selección y la permanencia deben depender de información productiva, trazabilidad y avances comprobables.

Economía institucional

La informalidad no es ausencia de instituciones, pues funciona con reglas, reputaciones, sanciones y mecanismos de coordinación. Se trata de arreglos precarios, pero que son funcionales. El mismo actor puede financiar, transportar y comprar, logrando un poder de concentración generador de abusos, aun cuando reduce costos de transacción.

La legalidad ofrece mejores garantías en teoría, pero mayores fricciones en la práctica. Derechos inciertos, competencias fragmentadas y trámites superpuestos elevan el costo de cumplir. Una ventanilla única ayuda, pero no sustituye el acompañamiento ni el acceso al crédito, a la planta y al comprador.

El desafío entonces no es formalizar productores mineros sino a la cadena de valor completa. Plantas, laboratorios, transportistas, acopiadores, compradores y bancos tienen que asumir responsabilidades. La trazabilidad funciona como infraestructura institucional cuando convierte información en confianza, reputación y acceso a servicios. La legalidad debe dejar de ser un sacrificio presente a cambio de una incierta promesa futura.

4. Oferta política con buenos materiales, pero sin arquitectura

El plan de gobierno de Fuerza Popular combina control territorial con un régimen diferenciado para la pequeña minería, fondos de garantías, innovación, asistencia del CITE y universidades, interoperabilidad y simplificación. El fondo de garantías puede reducir el riesgo crediticio, pero no define qué avances habilita el préstamo. La asistencia técnica puede recomendar tecnologías, pero sin garantizar los recursos para implementarla. La trazabilidad puede producir datos, pero no explica qué gana el productor al entregar esa información. Lo que está faltando es un sistema de gobernanza que ordene todos estos elementos y orqueste a todos los actores institucionales alrededor de la decisión del productor, en un solo Programa Nacional de Transición hacia el Oro Responsable.

Los mecanismos de control están mejor definidos que la trayectoria de transición de la informalidad a la formalidad. Se conoce quién intervendría rutas, insumos y cadenas criminales, pero se desconoce cómo y por qué un productor pasaría de la informalidad a una empresa con derechos, financiamiento, procesamiento y venta trazable.

El gobierno entrante no necesita desechar sus propuestas sino conectarlas dentro de una conceptualización sistémica. El fondo de garantías, la innovación, la asistencia técnica y la interoperabilidad deben articularse en un solo programa capaz de distinguir quienes son los productores que avanzan de quienes simplemente utilizan la formalización como fachada.

5. El REINFO administra la inercia

En su momento el REINFO permitió identificar a un universo históricamente disperso y crear una relación administrativa con miles de productores. Sus expedientes, ubicaciones y antecedentes son una base útil. Sin embargo, como registro no transforma por sí mismo la economía de los actores que pretende administrar.

El minero registrado puede continuar financiándose con el acopiador, procesar en una planta opaca y vender sin un precio verificable. La condición registral acredita la pertenencia a un proceso, pero no prueba que la producción sea coherente con la capacidad declarada ni que el oro vendido provenga de la operación identificada.

La protección transitoria creó además un incentivo perverso. Si permanecer dentro del registro permite seguir operando y graduarse implica asumir nuevos costos, la provisionalidad resulta siendo una condición más valiosa que la formalidad plena. Encima, las ampliaciones sucesivas fortalecen la expectativa de otra prórroga y debilitan la recompensa de cumplir temprano.

El REINFO también trata situaciones muy diferentes bajo una misma categoría. Una operación pequeña y georreferenciada puede aparecer junto a otra que comercializa volúmenes incompatibles con su capacidad. Ello porque se trata de un registro que apenas identifica personas, sin seguir las operaciones, las plantas, los lotes y, menos aún, los pagos.

Sin embargo, para superar este entrampamiento no implica optar entre cerrar de golpe el REINFO y prolongarlo indefinidamente, sino diseñar una estrategia consistente para migrar su información útil hacia una institucionalidad orquestada cuyo objetivo sea producir la graduación de los productores como salida de un proceso formalizador y a la vez transformador competitivo.

Del Registro a la Transformación Verificable

6. Modelo de gobernanza para el oro responsable del Perú

Al Perú le falta una arquitectura capaz de orquestar con neutralidad a los actores públicos y privados involucrados en la problemática del oro informal e ilegal, orientada a una toma de decisiones sustentada en evidencia y en procesos e instrumentos articulados, con distribución clara de responsabilidades y capacidad de convertir todos estos elementos en una trayectoria coherente para el productor minero.

El nuevo modelo propuesto está pensado para gobernar simultáneamente dos procesos clave: (i) la transición del productor recuperable hacia una operación legal, trazable y comercialmente viable; (ii) la conformación de un mercado formal que remunere el cumplimiento y cierre progresivamente las posibilidades de venta del oro de origen desconocido.

Esta arquitectura tiene como núcleo al binomio: Programa Nacional de Transición hacia el Oro Responsable y Mercado Organizado de Oro Trazable. Dicho programa apunta a conducir la transformación del productor, mientras que el mercado organizado convertiría esa transformación en acceso a compradores, financiamiento, precios transparentes y pagos seguros. Para funcionar debidamente, cada uno depende del otro.

El programa de transición determina quién puede ingresar, en qué condiciones y con qué obligaciones, en tanto que el mercado organizado reconoce económicamente los avances y genera la información necesaria para financiar y supervisar la operación. El programa sin mercado podría producir productores administrativamente formalizados que continúen dependiendo de los mismos intermediarios. El mercado sin programa podría recibir lotes cuya trazabilidad no haya sido suficientemente acreditada. 

Conducción política, diseño técnico y ejecución

La gobernanza debe comenzar con una distribución clara de funciones, empezando por una instancia de conducción política, encabezada desde la Presidencia de la República o la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual fijaría prioridades, resolvería controversias entre sectores y protegería la continuidad de la reforma. La minería ilegal atraviesa transversalmente competencias mineras, ambientales, tributarias, financieras, territoriales y de seguridad que ningún ministerio, unilateralmente o bajo coordinaciones esporádicas, puede gobernar con consistencia plena.

La secretaría técnica traduciría esas prioridades en criterios de admisión, instrumentos, indicadores y protocolos de operación. También integraría la información y prepararía las decisiones que requieran coordinación multisectorial.

La unidad ejecutiva implementaría los acuerdos, administraría la transición, coordinaría los pilotos y respondería por resultados. Su desempeño se mediría por productores graduados, volumen trazable y reducción del mercado ilegal, no por reuniones celebradas o expedientes tramitados.

En esta gobernanza participarían la Presidencia o la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT, el Ministerio del Ambiente, el OEFA, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la SBS, la UIF, los gobiernos regionales, el Ministerio Público y las entidades de justicia. Cada cual mantendría sus competencias, pero actuaría sobre una sola estrategia unificada, una base de información y objetivos comunes.

Arquitectura del Modelo de Gobernanza del Oro Responsable

Cuatro (4) instrumentos para una entrada ordenada al sistema

El acceso al nuevo modelo descansa en cuatro instrumentos:

1. Un REINFO segmentado, acompañado por reglas claras de migración. La inscripción vigente permitiría ingresar a una evaluación, pero no garantizaría la admisión automática. La actividad real, la ubicación, la capacidad productiva, las ventas y las señales financieras permitirían distinguir al productor recuperable del operador oportunista y de la organización criminal.
2. El modelo de contrato de transición, que establecería hitos, plazos, beneficios y obligaciones recíprocas. El productor asumiría compromisos de trazabilidad, bancarización, adecuación y venta por canales autorizados. El sistema asumiría compromisos de asistencia, financiamiento, procesamiento y acceso al mercado.
3. El registro de actores, que abarcaría a productores, plantas, laboratorios, centros de custodia, compradores, bancos, aseguradoras, transportistas y operadores especializados. Formalizar al productor sin ordenar a quienes financian, procesan y compran mantendría intacta buena parte de la cadena opaca.
4. Un paquete normativo que distribuya responsabilidades. La planta respondería por el mineral recibido. El laboratorio, por el ensayo. El transportista, por la cadena de custodia. El comprador, por la debida diligencia. El exportador, por la coherencia de sus adquisiciones.

Administración privada del mercado organizado

El Mercado Organizado requiere de un administrador privado especializado, seleccionado mediante un procedimiento competitivo y sujeto a regulación y supervisión pública. Su tarea será operar la plataforma, organizar las negociaciones, vigilar la conducta de los participantes y asegurar una liquidación eficiente.

Este administrador actuará bajo reglas públicas y no reemplazaría al Estado ni fijaría la política. Tampoco debería comprar oro, controlar los laboratorios o dominar la custodia. La separación de funciones es crucial para proteger la neutralidad del mercado.

Los productores ofrecerán lotes acreditados; las plantas autorizadas registrarán el procesamiento y mantendrán balances metalúrgicos; los laboratorios independientes determinarán el contenido fino; los compradores competirían por los lotes; los bancos y aseguradoras utilizarán los historiales para evaluar riesgos y asignar créditos; y los transportistas preservarán la cadena de custodia. La gobernanza permite asignar a cada uno una función, una responsabilidad y una consecuencia frente al incumplimiento.

Infraestructura habilitante

Tres instrumentos sostendrían el funcionamiento del modelo:

1. El Fondo de Garantía reduce el riesgo de financiar la transición. Su cobertura aumenta o disminuye según el avance del productor, la trazabilidad de las ventas y el cumplimiento del contrato.
2. La Plataforma de Trazabilidad conecta al productor, la operación, la planta, el laboratorio, el lote, el comprador y el pago. La información permite verificar coherencias, detectar alertas y construir reputación financiera.
3. El Observatorio Público transforma los datos del sistema en seguimiento, transparencia y rendición de cuentas. Publica indicadores de productores admitidos, operaciones graduadas, volumen trazable, precios, créditos, mejoras ambientales y espacio comercial perdido por el oro ilegal. Su función es hacer visible el desempeño del modelo y reducir el riesgo de captura política o privada.

7. Del registro al contrato de transición

El Programa Nacional de Transición hacia el Oro Responsable debe ser temporal, contractual y orientado a resultados. Su función es acompañar a los productores con capacidad real de adecuación a una operación legal trazable y comercialmente viable.

El ingreso al programa no debe ser automático. Cada solicitante pasaría por una evaluación de admisibilidad que revise su ubicación, beneficiario final, derechos, capacidad productiva, plantas utilizadas, ventas e indicadores de riesgo. Los solicitantes que operan en zonas prohibidas o que tienen antecedentes delictivos, conductas vinculadas con violencia, trata de personas, falsificación o lavado de activos quedarían fuera.

El productor admitido recibiría un diagnóstico integral que identifique sus brechas respecto a estándares de cumplimiento jurídico, técnico, ambiental, laboral, financiero y comercial. Sobre esa base se suscribiría un contrato con hitos, plazos, inversiones, beneficios y causales de suspensión o exclusión.

Desde el arranque se establecería una relación recíproca, por la cual el productor aceptaría la trazabilidad, la bancarización, el control de insumos y la venta por canales autorizados, mientras el Estado y los operadores del programa asumirían la obligación de entregar asistencia, facilitar trámites, habilitar financiamiento y conectar la producción con plantas y compradores.

Los beneficios crecerían con el avance en cumplimiento. La aceptación de ingreso al sistema habilitaría al productor para recibir dicho diagnóstico, acompañado de asistencia. La trazabilidad inicial abriría acceso a plantas y capital de trabajo. La adecuación progresiva permitiría acceder a garantías, mejores contratos y seguros. La formalidad plena produciría la graduación y el paso al régimen ordinario.

La unidad decisiva sería el lote. Cada venta quedaría asociada con una operación, una planta, un ensayo, un comprador y un pago bancario. La información permitiría detectar volúmenes incoherentes y, a la vez, construir un historial útil para el crédito.

Una Trayectoria de Beneficios Progresivos

Etapa	Condición principal	Beneficio habilitado
Ingreso	Identidad, georreferenciación y diagnóstico	Asistencia y expediente único
Adecuación	Trazabilidad, controles básicos y venta autorizada	Capital de trabajo y acceso a plantas
Consolidación	Mejoras técnicas, ambientales y laborales	Garantías, contratos y seguros
Graduación	Formalidad plena y desempeño sostenido	Crédito ordinario y certificación

8. Un mercado para el oro responsable

El Programa Nacional de Transición necesitará una infraestructura comercial que garantice reglas transparentes, competencia entre compradores y neutralidad en la formación del precio. Sin ella, el productor podría completar los requisitos de formalización y continuar dependiendo del mismo intermediario que financia, analiza y compra su producción bajo condiciones poco transparentes.

La propuesta consiste en crear un Mercado Organizado del Oro Trazable, capaz de evolucionar hacia una Bolsa de Metales Preciosos cuando alcance suficiente volumen, liquidez y confianza. Su función no sería fijar un precio estatal ni establecer un comprador único. Buscaría enfrentar una oferta de lotes verificados con una demanda competitiva. Refinadores, joyeros, exportadores, comercializadores y otros compradores autorizados presentarían ofertas por oro cuyo origen, peso y contenido fino puedan demostrarse.

El precio partiría de la cotización internacional, el tipo de cambio y el contenido fino del lote. A ese valor se descontarían costos verificables de procesamiento, transporte, seguro y refinación. La principal ventaja respecto al circuito actual sería la transparencia: el productor conocería las deducciones, compararía ofertas y recibiría el pago mediante un mecanismo seguro. El oro que alcance estándares ambientales y sociales superiores podría obtener una prima cuando exista demanda efectiva.

La verificación comenzaría antes de la negociación. Centros autorizados acreditarían la identidad del productor, la operación de origen y el peso del lote. Laboratorios independientes certificados determinarían la ley del mineral. Las plantas registrarían balances metalúrgicos y cada transformación conservaría el vínculo con la producción original. La trazabilidad acompañaría al oro desde la operación minera hasta el comprador.

Las subastas electrónicas constituyen un punto de partida viable. Son menos complejas que una bolsa financiera, permiten comprobar la demanda, generan referencias de precios domésticos y ayudan a perfeccionar los mecanismos de trazabilidad. La liquidación tendría que ser rápida, pues un mercado que paga tarde no puede competir con un acopiador que brinda liquidez inmediata.

El historial de lotes, precios, compradores y pagos también reduciría la incertidumbre de bancos y aseguradoras. Los contratos de compra podrían facilitar adelantos y financiamiento de capital de trabajo. La trazabilidad no sería únicamente un instrumento de control sino también un activo económico para el productor, dado que las ventas trazables permitirían demostrar ingresos, construir reputación comercial y respaldar solicitudes de crédito.

El administrador del mercado tendría que vigilar operaciones inusuales, ofertas coordinadas, retiros estratégicos de demanda y relaciones entre compradores. También tendría que evaluar de manera permanente la concentración. Si un comprador adquiere una proporción dominante, el mercado podría establecer límites temporales, exigir mayor revelación o promover la incorporación de nuevos participantes.

Los productores eventualmente podrían coordinar conductas perjudiciales, presentar información falsa o intentar vender producción de terceros. Las asociaciones asumirían responsabilidad por los lotes agregados que ofrezcan. Los laboratorios y centros de acopio tendrían que estar sujetos a auditorías y rotación. La supervisión necesita combinar controles preventivos, análisis de datos y sanciones rápidas, dado que una manipulación no sancionada puede destruir la confianza construida durante años.

El Estado, a través de la Superintendencia del Mercado de Valores, tendría que regular y supervisar este mercado. La neutralidad es crucial para que opere como un sistema de gobernanza confiable, lo que exigiría separar funciones. El operador de la plataforma no debería controlar simultáneamente el laboratorio, la custodia y la compra del oro. La competencia protegería la formación del precio y la supervisión resguardaría la integridad del sistema.

9. La legalidad es letra muerta si no da pie a un ecosistema

El crédito, la asistencia técnica y el acceso al mercado pierden eficacia cuando operan de manera fragmentada. La capacitación que no modifica prácticas ni acompaña la implementación termina en recomendaciones que rara vez llegan a la operación. El préstamo sin trazabilidad puede financiar una actividad que continúa vendiendo por canales opacos. El comprador formal tampoco crea mercado cuando no existe una oferta organizada, verificable y constante.

La transición requiere un ecosistema que ordene una secuencia clara para cada productor. El proceso comenzaría con un diagnóstico de su situación jurídica, técnica, ambiental, financiera y comercial. A partir de las brechas identificadas, se diseñarían un plan de asistencia y un plan de inversión adaptados a la operación. Un fondo de garantías facilitaría el financiamiento y cada desembolso quedaría vinculado a avances verificables.

Esta secuencia debe funcionar como una cadena de valor. La asistencia prepara las decisiones financiables, permitiendo que el acceso al crédito ejecute las mejoras, al tiempo que la inversión eleva la productividad y el cumplimiento. La trazabilidad demuestra el avance de cada estadio. El mercado compra la producción y genera un historial de ventas, el cual reduce el riesgo y habilita mejores condiciones de crédito para la siguiente etapa.

Las propuestas de Fuerza Popular adquirirían coherencia dentro de esta arquitectura. El fondo de garantías reduciría el riesgo financiero. El fondo de innovación apoyaría el uso de tecnologías limpias y sistemas de trazabilidad. Los CITE y las universidades convertirían los diagnósticos en soluciones técnicas aplicables. La plataforma interoperable reuniría información validada sobre producción, ventas y cumplimiento; útil para solicitar crédito, demostrar ingresos y evaluar riesgos.

El apoyo público debe disminuir conforme la operación gana capacidad propia. La garantía estatal acompañaría la transición sin reemplazar permanentemente al mercado. La asistencia subsidiada daría paso a servicios contratados por el productor. La graduación demostraría que la operación se convirtió en una empresa viable, autónoma, trazable y capaz de financiarse bajo condiciones ordinarias.

La asociatividad puede reducir costos cuando permita compartir plantas, laboratorios, transporte, asistencia o gestión comercial. Su valor dependerá de que produzca economías de escala y fortalezca la capacidad de negociación, sin diluir la identidad de cada lote. Las cooperativas también pueden ejercer control entre pares, siempre que cuenten con reglas transparentes y mecanismos que eviten la captura por nuevos intermediarios.

10. Abrir la puerta al productor recuperable y cerrársela al oro ilegal

El enfoque propuesto sustituye la coerción indiscriminada por una intervención punitiva más precisa. La existencia de una vía de transición creíble permite exigir al productor recuperable que abandone los canales opacos y someta su operación a trazabilidad. Quien venda fuera del sistema, falsee el origen del oro o incumpla deliberadamente los compromisos asumidos perdería el acceso al financiamiento, al mercado organizado y a los demás beneficios de la transición.

El cierre comercial debe alcanzar a toda la cadena. Las plantas responderían por el mineral que reciben y por la coherencia de sus balances metalúrgicos; los compradores aplicarían debida diligencia. Los transportistas registrarían el origen y el destino de cada lote; los exportadores demostrarían que sus adquisiciones guardan relación con la capacidad productiva de sus proveedores. Así la responsabilidad dejaría de recaer únicamente sobre quien extrae.

Seguir el dinero puede resultar más eficaz que perseguir la maquinaria. Las diferencias entre capacidad productiva, consumo de insumos, volúmenes vendidos y movimientos financieros permitirían detectar financiadores ocultos, empresas de fachada y operaciones incompatibles con la producción declarada. El bloqueo de cuentas, la incautación de activos y la pérdida de dominio reducirían la capacidad de reconstruir las operaciones después de una interdicción.

La coerción debe concentrarse donde el daño y el riesgo sean mayores. Las operaciones en zonas prohibidas, las redes vinculadas con violencia o lavado de activos, las plantas que mezclan producción y los compradores de oro sin origen verificable requieren atención prioritaria. Las operaciones con historial consistente pueden quedar sujetas a controles periódicos. Las inconsistencias productivas, comerciales o financieras activarían una supervisión reforzada.

Las consecuencias deben ser rápidas y proporcionales. Un retraso subsanable requiere asistencia y un plazo breve. La negligencia reiterada reduce beneficios. El fraude deliberado produce la exclusión. La actividad criminal activa la vía penal. Esta diferenciación protege la legitimidad del sistema y evita que la transición se convierta en una amnistía encubierta.

El productor que cumple también necesita protección frente a la competencia desleal. Si el oro de origen desconocido conserva acceso a los mismos compradores y opera con menores costos, la formalización seguirá siendo una decisión económicamente desfavorable. Cerrar el mercado al oro ilegal no constituye solo una medida de control. Es también el incentivo que permite que la legalidad gane valor.

11. Cien días para cambiar la dirección

El próximo gobierno no podrá desmantelar en cien días una economía ilegal construida durante décadas. En cambio, sí puede cambiar el rumbo, ordenar los instrumentos existentes y demostrar que el país dejará de oscilar entre prórrogas e interdicciones inconexas.

La primera decisión debe ser política. La reorganización de la cadena aurífera requiere conducción directa desde la Presidencia del Consejo de Ministros o la Presidencia de la República, con participación de los sectores responsables de minería, seguridad, ambiente, tributación, inteligencia financiera y gestión territorial.

La gobernanza debe comprender una instancia de conducción política que fijaría prioridades y resolvería controversias entre sectores. Una secretaría técnica diseñaría los instrumentos, integraría la información y propondría decisiones. Una unidad ejecutiva tendría la responsabilidad de implementar los acuerdos, remover bloqueos y responder por resultados. Esta arquitectura debe evitar convertirse en otra mesa de diálogo sin capacidad operativa.

La segunda tarea será segmentar el REINFO. La migración hacia el nuevo programa no puede ser automática. La ubicación real, la actividad productiva, los volúmenes comercializados, las plantas utilizadas y las señales financieras permitirían distinguir a los productores con capacidad de transición, los casos que requieren verificación adicional y las operaciones incompatibles con cualquier proceso de adecuación.

La tercera tarea consistirá en aprobar el contrato de transición y seleccionar corredores piloto. Conviene empezar en pocos territorios donde exista una oferta identificable, plantas con capacidad de adecuación, laboratorios disponibles, gobiernos regionales comprometidos y compradores interesados. El aprendizaje debe preceder a la expansión nacional.

El gobierno también deberá convocar compradores ancla, entidades financieras y operadores técnicos. Ninguna empresa debería recibir exclusividad. La competencia entre compradores y la separación entre financiamiento, ensayo, custodia y compra serán indispensables para proteger la formación del precio y evitar conflictos de interés.

Durante este periodo tendría que ponerse en marcha una plataforma piloto interoperable que vincule al productor con la operación, la planta, el laboratorio, el lote, el comprador y el pago. La primera transacción tendrá un alto valor demostrativo. Deberá realizarse con ensayo independiente, fondos garantizados, trazabilidad completa y liquidación oportuna.

La política necesitará también nuevas métricas. El número de inscritos dejará de ser el principal indicador, para cederle el protagonismo a indicadores de volumen vendido de manera trazable, el número de operaciones que culminan la transición, los créditos recuperados, las mejoras ambientales ejecutadas, los trabajadores incorporados a la formalidad y la reducción del espacio comercial disponible para el oro de origen desconocido.

Lo que debería quedar instalado al día cien

• Una conducción política con mandato presidencial y competencias definidas. 
• Una secretaría técnica responsable del diseño, la información y el seguimiento. 
• Una unidad ejecutiva encargada de implementar las decisiones. 
• Una segmentación inicial del REINFO y reglas transparentes de migración. 
• Un modelo de contrato de transición y corredores piloto seleccionados. 
• Un registro inicial de compradores, bancos, plantas, laboratorios y operadores acreditados. 
• La estructura del fondo de garantías y una plataforma piloto de trazabilidad. 
• Un paquete normativo que distribuya responsabilidades entre productores, plantas, transportistas y compradores. 
• Intervenciones focalizadas sobre financiadores, empresas de fachada y cadenas criminales excluidas de la transición. 
• Un tablero público de indicadores y resultados.

12. La reforma que faltaba

El Programa Nacional de Transición propuesto organiza la ruta del productor, mientras el Mercado Organizado de Oro Trazable convierte el cumplimiento en acceso al financiamiento, a compradores formales y a mejores condiciones comerciales. La fiscalización y la inteligencia financiera están llamados a proteger la integridad del sistema y reducir progresivamente las posibilidades de comercialización del oro ilegal.

La reforma puede comenzar mediante pilotos, sin tener que esperar una institucionalidad perfecta ni construir desde el primer día una bolsa financiera compleja. Necesita reglas claras y creíbles, competencia entre compradores, trazabilidad por lotes, pagos rápidos y beneficios vinculados con avances comprobables.

La minería ilegal retrocederá cuando la legalidad funcione mejor para quien esté dispuesto a cumplir y cuando el oro de origen desconocido encuentre cada vez menos lugares donde financiarse, procesarse y venderse.

Convertir la promesa de orden en una reforma capaz de distinguir actores, reorganizar el mercado y cerrar las rutas comerciales del oro ilegal tendría efectos más duraderos que una estrategia concentrada únicamente en el despliegue coercitivo sobre el territorio. La fuerza seguirá siendo indispensable frente a las organizaciones criminales, pero su eficacia será mucho mayor cuando actúe articulada a instituciones confiables, incentivos bien diseñados, inteligencia económica y financiera, y un mercado formal competitivo.

Referencias normativas

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Perú. Congreso de la República. (2025, 27 de diciembre). Ley Nº32537, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1293, Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, para ampliar la vigencia del proceso de formalización minera integral. Diario Oficial El Peruano. 

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Perú. Ministerio de Energía y Minas. (2017, 1 de junio). Decreto Supremo N.º 018-2017-EM, que establece disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral. 

Bibliografía académica y técnica

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