La economía peruana se ha desacelerado en el tercer trimestre, creciendo apenas 2,4% tras el 5,4% del segundo trimestre y el 3,1% del primero, ante el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos y la guerra comercial desatada entre este país y China, que afectaron los precios de los metales, impulsaron la depreciación del sol frente al dólar y el retroceso de la inversión en exploración minera en torno al 20%.
A ello se suma el impacto de la crisis política y judicial sobre la confianza de los inversionistas, que en septiembre cayó a su punto más bajo desde marzo, tras haberse mantenido en un nivel relativamente alto, pese a las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo motivadas por el referéndum y el escándalo de los denominados ‘audios de la vergüenza’, que revelaron el entramado de una telaraña mafiosa en el Poder Judicial, desplegada por la ‘banda de los cuellos blancos’, liderada por el ex juez supremo César Hinostroza.
¿Por qué recién en septiembre cae la confianza del inversionista? Porque hasta agosto el empresariado interpretaba que estábamos ante una crisis que podía resolverse con un referéndum convertido en válvula de desfogue ante la pérdida de legitimidad social de la clase política instalada en el Congreso. También interpretaba que la crisis judicial tendría como desenlace, si bien no necesariamente una profunda reforma ni una limpieza absoluta del poder judicial, por lo menos una refacción que mejoraría el ambiente judicial para las inversiones.
Sin embargo, en septiembre la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso desencadenó literalmente una guerra política abierta, con amenazas de censura del gabinete y de cierre del Congreso, de ida y de venida, teniendo como principal manzana de la discordia la permanencia de Pedro Chávarry como fiscal de la nación, pese a sus evidentes vínculos con la banda de los cuellos blancos y el cuestionable proceso de su nombramiento.
Se estima que en octubre la confianza del inversionista caiga aún más, ante el proceso de descomposición por el que atraviesa Fuerza Popular, que implicará un realineamiento de fuerzas al interior del Congreso, que aún no termina de decantarse mientras el juez Concepción Carhuancho no dictamine acerca de la presión preventiva demandada por el fiscal Domingo Pérez, por el supuesto delito de lavado de activos atribuible a su cúpula dirigente.
Hacia fines de año el escenario político pinta incierto. Sin embargo, puede vislumbrarse dos posibles escenarios. Uno en el que Keiko Fujimori se libraría de la prisión preventiva dictada en su contra, en consideración de que los argumentos que sustentan el peligro de fuga no cuentan con la solidez necesaria. Y otro en el que sí procedería la presión preventiva, en virtud del peligro de obstrucción del proceso, a la luz de las intimidaciones, amenazas y operativos de desprestigio contra el fiscal Domingo Pérez, evidenciados por los chats ‘La Botica’ y las redes sociales.
En el primero de ambos escenarios, Keiko (posiblemente bajo arresto domiciliario) tendría la posibilidad de realizar un control de daños y realinear sus huestes debilitadas. Sin embargo, su no encarcelamiento no la convertirían en una triunfadora, o en todo caso sería un triunfo pírrico, en tanto quedará en la retina de todos, una concurrencia de evidencias y manifestaciones de testigos que han aumentado tremendamente la probabilidad de que al final del proceso sea declarada culpable.
Por ende, en este escenario lo más probable es que se fortalezcan las facciones que ya han surgido en estos días de crisis dentro de Fuerza Popular, y Keiko pierda la hegemonía vertical de la que hizo gala llegando a extremos inimaginables, como fue puesto en evidencia por los chats ‘La Botica’. Salaverry y los Avengers se fortalecerían, en contrapartida de la pérdida de poder de los alfiles de la cúpula manejada por Keiko (Hertz, Figari y Silva Checa), representada en el Congreso por Bartra, Letona, Torres, Galarreta y Alcorta.
En este contexto, podría surgir un consenso para el retiro de Chávarry de la fiscalía de la nación, así como para no insistir en los términos anti técnicos contenidos en la denominada ‘Ley Fujimori’, que fue aprobada al caballazo por el Congreso y luego observada por el Ejecutivo. Gracias a esa norma, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Julio Salazar Monroe, sentenciados por crímenes de lesa humanidad, podrían salir en libertad.
En el segundo escenario, con Keiko en la cárcel, ésta se vería favorecida por la fuerza de la victimización, lo que paradójicamente le daría más grados de libertad para obstruir la justicia y jugar a la escopeta de los dos cañones; lanzando iniciativas de reencuentro con Vizcarra, por un lado, mientras por lo bajo se siguen tejiendo estratagemas para debilitarlo y socavar a los fiscales y jueces que pretenden cumplir su función.
En cualquiera de ambos escenarios, el panorama político será cada vez más complejo, por cuanto es un hecho que los supuestos delitos de lavado de dinero proveniente de Odebrecht y otras empresas brasileñas, no son una mácula exclusiva de Fuerza Popular, sino que congrega a otros partidos políticos que por ahora siguen pasando piola, incluido el mismo PPK que, como ya se sabe recibió sumas millonarias de esas empresas mientras fue ministro. Para recobrar una buena imagen de justicia peruana, es menester emparejar el piso para todos, lo antes posible.
Si el piso de la justicia se pone más parejo, ello contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad, con un equilibrio de poderes donde el poder judicial empiece a ser respetado como poder autónomo, lo que favorecería la democratización interna de los partidos políticos y el surgimiento de nuevos liderazgos.
Mientras en Lima el Ejecutivo y el Congreso se trenzaban a sablazo limpio, en el interior del país el panorama político cambió radicalmente con las elecciones últimas. Tan saltante como que el Keikismo y el aprismo hayan sido pulverizados del mapa político, ha sido la victoria de una izquierda radical en Junín, Moquegua y Puno: Vladimir Cerrón en Junín, Zenón Cuevas en Moquegua y Walter Aduviri en Puno. Vizcarra tendrá que hilar muy fino con estos nuevos gobernadores para evitar la parálisis de la inversión socialmente responsable en minería, hidrocarburos, industria y turismo, requerida en esas tres regiones y otras más del centro y sur del Perú.
En contraste, el resultado electoral da pie para ser más optimistas en cuanto al futuro de la inversión socialmente responsable en Cajamarca, dado el fracaso de las agrupaciones políticas anti-mineras lideradas por Gregorio Santos, Marco Arana y Jorge Rimarachín. A nivel de gobernador, habrá una segunda vuelta entre Walter Benavides, candidato por Alianza para el Progreso (23,4%) y Mesías Guevara por Acción Popular (21,3%); ambos a favor de una inversión minera con responsabilidad social.
Una nube que empaña el futuro cercano de la economía es la dación de la Ley de Negociación Colectiva para el Sector Público. Una ley a todas luces populista, impulsada por Fuerza Popular en las antípodas de la tradición económica fujimorista, que le quita al Ministerio de Economía la potestad de aprobar los convenios colectivos, para salvaguardar el equilibrio fiscal. Además, al no establecer un vínculo entre los incrementos salariales y el aumento de la productividad de los servidores públicos, se genera una propensión a afectar el equilibrio fiscal, lo que se ahonda debido a que la norma promueve la superposición de una negociación colectiva centralizada a las negociaciones que se realizan entidad por entidad, lo que contribuye a la politización del derecho de huelga.
Para colmo, el Congreso también derogó el decreto legislativo 1442, que ordenaba la gestión de los recursos humanos en el sector público, introduciendo un sistema de planilla y un catálogo únicos de conceptos de ingresos. Y también derogó el decreto legislativo 1450, que perfeccionaba la ley del régimen del servicio civil (SERVIR).
La vigencia de una negociación colectiva centralizada, junto a un régimen que hace caso omiso a una línea de carrera pública meritocrática, va en contra corriente de la reforma del Estado que requiere el país.
Ya es tiempo de que, tanto el Congreso como el Ejecutivo, se pongan a trabajar en serio en estos temas de fondo. Se necesita no sólo un referéndum, sino sobre todo profundizar la reforma del Estado, la lucha contra la informalidad y el contrabando y no ceder al populismo. En paralelo, hay que destrabar cuanto antes proyectos de inversión importantes, para hacer que la economía retome dinamismo.
Para que no arda Troya en manos de incendiarios radicales de izquierda y derecha, el mejor antídoto es el desarrollo sostenible. No hay tiempo que perder.
