La corrupción en el Perú se ha vuelto el estado normal de las cosas. La población la acepta como inevitable. Los defensores del gobierno de Castillo incluso la justifican, no desde un ángulo ético ni moral, sino con argumentos reivindicativos: dejad que “los de abajo” (así sean prontuariados e incapaces) copen el Estado y roben, porque la derecha ya robó mucho. Este argumento implica compartir una cultura de corrupción con la élite política corrupta de turno; implica un distanciamiento de valores fundamentales como la verdad y el respeto, convertidos en práctica cotidiana y cimiento de una sociedad cívica sustentada en la confianza.
No es de extrañar que los beneficiarios del régimen corrupto de Castillo lo defiendan con argumentos tales como “la corrupción de Castillo es chauchilla” comparada con la de Fujimori, Toledo, García, Humala o Vizcarra. Curiosamente Toledo usaba ese mismo argumento para dar a entender de que la suya era una corrupción de poca monta.[1]
Si bien Fujimori y Toledo como Castillo hicieron fortuna personal y familiar aprovechándose del poder, éste lo hizo mucho más rápido; llegó con una organización criminal ya armada y preparada para el zarpazo. Apenas pisó el gobierno asignó irregularmente contratos millonarios con corporaciones chinas y peruanas consorciadas con empresas de papel creadas por sus sobrinos y amigos más íntimos.
Ni Fujimori ni Toledo estuvieron expuestos a tan enorme cantidad de evidencias contundentes, como las que la Fiscalía de la Nación ha exhibido contra Castillo y su red criminal. Con mucho menos evidencias el Congreso obligó a renunciar a PPK antes de que fuera vacado. Y así fue también con Vizcarra, quien terminó siendo vacado.
La corrupción en la era Castillo se ha extendido a la mayoría de los ministerios y organismos públicos, vulnerando los derechos de muchos peruanos, sobre todo los más pobres. Todas las semanas las evidencias de corrupción se multiplican. La fiscalía también ha reunido evidencias contundentes que prueban que el partido Perú Libre que candidateó a Castillo a la presidencia es una organización criminal, dedicada al lavado de dinero, que ha generado un abultado enriquecimiento ilícito a favor de su cabecilla Vladimir Cerrón y su familia.
A pesar de ello, la capacidad de indignación de la población peruana ha disminuido respecto a la que había en los albores del Siglo XXI. El Perú reaccionó con tremenda indignación en el año 2000 ante el emblemático video Kouri-Montesinos y otros videos que revelaron la compra con sobornos de 18 congresistas tránsfugas y todo un entramado mafioso digitado desde Palacio de Gobierno y el SIN. Ante el desasosiego moral de la población peruana, Alberto Fujimori fugó al extranjero y fue vacado por el Congreso sin esperar a que fuera sentenciado por corrupción, lavado de activos y tráfico de armas. Eso vino después, y terminó encarcelado junto a un largo número de cómplices civiles y militares.
Tras este duro episodio para la nación peruana, todo parecía presagiar el advenimiento de una nueva era de restitución de la integridad en las instituciones del Estado y los partidos políticos. Se hicieron reformas legales y se firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, esa visión esperanzadora del futuro duró muy poco. Se desvaneció con la llegada de Alejandro Toledo al poder, elegido con votos de izquierda y anti fujimoristas, tras la “Marcha de los 4 suyos”, donde con su vincha de “indio legítimo” se proclamó como el “nuevo Pachacutec”; vivo representante del “Perú profundo”.
“No más pobres en un país rico ¡carajo!” era una de las consignas de Toledo, la misma que esgrimió Pedro Castillo durante su campaña electoral de 2021, que lo llevó a la presidencia en segunda vuelta. La historia se repetía como calcada, perfeccionada y aumentada. Castillo fusionó los métodos de Fujimori con los de Toledo. Compró congresistas con sobornos, como lo hizo Fujimori. Al igual que Toledo, en lugar de ocuparse del gobierno, se ha dedicado exclusivamente a manejar los tejidos de su red de corrupción e impunidad y a realizar proselitismo por todo el país, financiado con recursos del erario público.
Es así que hoy en día el Perú es el país con el nivel más alto de percepción de corrupción en América Latina: el 88% de los peruanos opina que más de la mitad o todos los políticos son corruptos, más de 20 puntos por encima del promedio de la región, según el Barómetro de las Américas[2].
Lo más doloroso de este cuadro es el nivel de cinismo con el que se sostiene impune la actual corrupción. El tratar de confundir con “golpismo” lo que es una verdadera defensa de la democracia. La desfachatez de un presidente que supuestamente encarna a la nación, pero se mofa de ella al negarse a responder preguntas y a abrir sus comunicaciones para contribuir a esclarecer los casos de corrupción en los que está involucrado. A la población que lo sigue no le importa este mutismo. Sin embargo, el que calla otorga y pierde toda la legitimidad social y política del cargo que ostenta.
Quedan en el gabinete algunos esbirros que hablan por él, con podredumbre de espíritu y discursos vacuos, con soporte de “prensa alternativa” de enjuagues verbales para enajenar la verdad, dominar, adormilar y manipular la opinión pública.
Esta izquierda decadente no se diferencia en nada de la derecha mercantilista. Una utiliza el argumento populista para justificar toda obra ‘reclamada por el pueblo’ que aterrice en contratos fraudulentos en contra de los intereses del Estado, mientras que la otra utiliza el liberalismo económico como mascarón de proa para favorecer a grupos económicos específicos. La mano izquierda y la mano derecha supuestamente libran batallas dentro de este juego opositor para entretener y confundir a las tribunas, cuando en el fondo ambas esconden la otra mano invisible: la mano mercantilista. La que arregla bajo la mesa, la que firma adenda tras adenda para inflar costos, la que cobra el soborno y los distribuye entre sus compinches.
La única forma de desaparecer este andamiaje de la corrupción es con una profunda reforma del sistema político y el adelanto de elecciones. ¡Que se vayan todos!
[1] Sin embargo, cuando se hace el recuento la lista resulta excesivamente larga: cartas falsas al Vaticano, caso Bavaria, caso Blue Bay, fábrica de firmas, compras de petróleo con sobre precio, malversación de fondos de PetroPerú, contrato fantasma de Elianne Karp (primera dama) con el Banco Wiese, licencia de funcionamiento de empresa de telecomunicaciones, venta de puestos públicos, nepotismo, venta de leyes para excarcelar delincuentes con nombre y apellido, contratos amañados con Enapu, malversación de fondos del Conapa, carretera interocéanica concesionada sin pasar por sistema de inversiones, “Tren Macho” entregado a dedo a grupo español con sobre precio, etc., etc.
[2] Barómetro de Las Américas, 2021. USAID-Vanderbilt Yniversity-LAPOP
